La empresa responsable del proyecto de US$21 millones solicitó declarar inadmisible la ampliación de una querella que pide investigar posibles delitos de prevaricación administrativa, cohecho y soborno vinculados a actuaciones del municipio. En este caso, Dreams interviene para frenar querella contra alcalde de Talca, lo que ha generado debate sobre el rol que juegan las empresas privadas en decisiones de los gobiernos locales. Desde Bioecoterra cuestionan que una compañía privada salga en defensa de decisiones de las mismas autoridades que deben autorizar el funcionamiento del casino.
La controversia por la construcción del nuevo Casino Dreams de Talca, emplazado junto al Humedal Urbano Cajón del Río Claro–Piduco, sumó un nuevo capítulo judicial. Sociedad de Ríos Claros, empresa responsable del proyecto, presentó un recurso ante el Juzgado de Garantía para intentar dejar fuera de la investigación penal los nuevos antecedentes incorporados por la Corporación Bioecoterra contra actuaciones del alcalde Juan Carlos Díaz y funcionarios de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
La intervención de Dreams ocurre en un momento particularmente sensible: la compañía todavía necesita obtener autorizaciones municipales para comenzar a operar, entre ellas la recepción de las obras y las patentes comerciales y de alcoholes, situación que reconoce en su propia presentación judicial.
La ampliación de la querella solicita investigar eventuales delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental, cohecho y soborno, a partir de una serie de decisiones adoptadas durante la tramitación del proyecto.
Un decreto del alcalde notificado trece meses después
Uno de los principales antecedentes incorporados por Bioecoterra apunta directamente al alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz.
Se trata del Decreto Alcaldicio N.º 06230, fechado el 30 de septiembre de 2025, mediante el cual se rechazó iniciar un procedimiento de invalidación del permiso de edificación otorgado al casino.
Sin embargo, la resolución fue notificada a Bioecoterra recién en octubre de 2026, trece meses después de su fecha de emisión.
La organización también cuestiona que la decisión haya sido adoptada por el alcalde y no por la Dirección de Obras Municipales, organismo que otorgó el permiso cuya legalidad se solicitaba revisar.
A ello se suma que la DOM utilizó el decreto para dar por resueltas solicitudes de invalidación antes de que la organización conociera formalmente su contenido.
Estos antecedentes motivaron la solicitud de investigar las circunstancias en que se dictó, tramitó y notificó la resolución, así como las eventuales responsabilidades de las autoridades involucradas.
La exigencia ambiental que pasó a figurar como «no aplica»
Otro de los hechos denunciados se relaciona con el expediente de recepción definitiva del casino.
Según los antecedentes recopilados por Bioecoterra, una exigencia vinculada al cumplimiento de la normativa ambiental pasó a figurar como «SUBSANADO – NO APLICA» en los registros municipales, sin que en la documentación publicada conste una nueva resolución ambiental que explique ese cambio.
La situación adquiere especial relevancia porque el casino fue autorizado a construirse sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre la base de un pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que posteriormente comenzó a ser revisado mediante un procedimiento de invalidación.
El proyecto, que contempla una inversión de US$21 millones, se desarrolla junto a un humedal urbano protegido. Su construcción ha sido cuestionada por organizaciones ambientales debido a posibles impactos sobre las aguas subterráneas y el ecosistema.
¿Por qué Dreams interviene en defensa de decisiones municipales?
La presentación de Sociedad de Ríos Claros abrió una nueva controversia: la participación de una empresa privada para impedir que se incorporen a una causa penal antecedentes que cuestionan decisiones de funcionarios públicos.
Dreams sostiene que los hechos denunciados no constituyen delitos y que Bioecoterra intenta transformar una controversia administrativa en una investigación penal.
Sin embargo, en su escrito no entrega una explicación específica sobre la notificación del decreto trece meses después de su fecha ni sobre las atribuciones del alcalde para resolver una solicitud de invalidación relacionada con un permiso otorgado por la DOM.
Desde Bioecoterra cuestionan especialmente que la empresa intervenga mientras todavía depende de decisiones del mismo municipio para poner en funcionamiento su casino.
«Ahora la empresa, que todavía necesita decisiones de ese mismo municipio para abrir el casino, sale a justificar la actuación del alcalde y a pedir que no se investigue esta secuencia. Es insólito e inaceptable. Lo que corresponde es esclarecer los hechos, no cerrar la investigación cuando la obra está por terminar», sostuvo el abogado de Bioecoterra, Gabriel Muñoz.
La controversia adquiere una dimensión adicional considerando que la ampliación de la querella solicita investigar posibles delitos de cohecho y soborno, figuras penales relacionadas con eventuales beneficios indebidos asociados al ejercicio de funciones públicas. Su existencia, así como la eventual participación de personas determinadas, deberá ser establecida por la investigación.
Dreams también busca dejar sin efecto audiencia que podría afectar la apertura
Además de solicitar que se declare inadmisible la ampliación de la querella, Sociedad de Ríos Claros pidió dejar sin efecto la audiencia fijada para el próximo 10 de diciembre.
En esa instancia se discutirían medidas cautelares solicitadas por Bioecoterra para impedir que el casino comience a operar mientras se esclarecen los hechos denunciados.
Según los antecedentes presentados por la organización, el plazo autorizado para ejecutar las obras vence el 21 de noviembre.
De esta manera, mientras Dreams busca avanzar hacia la apertura de su nuevo recinto, la justicia deberá resolver si los antecedentes relacionados con las actuaciones del alcalde y la Dirección de Obras pueden incorporarse a la investigación penal.
En el centro de la controversia permanece una pregunta planteada por Bioecoterra: por qué una empresa que todavía necesita autorizaciones municipales interviene judicialmente para impedir que se investiguen decisiones de las autoridades encargadas de otorgárselas.
El Ciudadano
