Víctimas de la dictadura tras la rebaja de condenas a criminales de lesa humanidad: «Nunca pensamos que iban a llegar a este nivel»

Víctimas y familiares de detenidos desaparecidos denunciaron a Radio Universidad de Chile el profundo dolor causado por la rebaja de condenas del Ministerio de Justicia, que liberó a tres criminales de lesa humanidad. Calificaron la decisión como una injusticia que reabre sus heridas y exigieron que el Congreso apruebe la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.

Víctimas de la dictadura tras la rebaja de condenas a criminales de lesa humanidad: «Nunca pensamos que iban a llegar a este nivel»

Una herida reabierta

Una mezcla entre rabia, pena y la sensación de una herida reabierta es lo que han sentido los familiares y víctimas de la dictadura tras enterarse de que la polémica rebaja de condenas para sentenciados por delitos sexuales también benefició a criminales de lesa humanidad.

A finales de octubre, se reveló que el Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat, otorgó la rebaja y terminó liberando al excarabinero Miguel Arias Navarrete, al exintegrante de la Fuerza Aérea Manuel Cabezas Pérez y al exagente de la CNI César Acuña Luengo, condenado por la desaparición de cinco personas, según consignó Radio Universidad de Chile.

«Nunca pensamos que iban a llegar a este nivel»

Verónica Bravo (65), esposa de una de las víctimas —Manuel Sepúlveda Sánchez, militante del FPMR desaparecido en septiembre de 1987—, relató a Radio Universidad de Chile el impacto de la noticia. «Fue una noticia muy fuerte para nosotros. Sabemos que el fascismo trabaja en estas cosas, pero nunca pensamos que iban a llegar a este nivel, a dejar libre a esta gente que fue genocida, que mató a nuestros familiares, gente perversa. Una vez más nos hacen pasar por un tremendo dolor, para nosotros es un golpe muy grande», explicó. Verónica detalló que su hijo Sebastián se descompensó y terminó hospitalizado tras enterarse de la liberación de Acuña Luengo.

Bravo señaló que los representantes legales de las familias, pertenecientes al estudio del abogado Nelson Caucoto, están buscando maneras de revertir la decisión e incluso se han comunicado con instancias internacionales, sin mayores avances hasta ahora. En octubre, presentaron un recurso de amparo que fue declarado inadmisible por la Corte Suprema. A su juicio, la única manera de mandar un mensaje de empatía con las víctimas es que el Congreso apruebe la acusación constitucional contra el ministro Rabat. «Que sacaran a este hombre del puesto que está ocupando sería entregar algo de justicia», afirmó, según Radio Universidad de Chile.

El relato de las víctimas de tortura

Patricio Rivera (78), ingeniero y doctor en Geofísica que sufrió interrogatorios con descargas eléctricas en la Base Aérea de El Bosque en 1973, recordó a Manuel Cabezas Pérez, quien se jactó de «ganarse» su libertad por buena conducta. «Yo recuerdo la cara de odio de este personaje. Tenía los ojos hinchados, era como si estuviera drogado. Cuando ahora vi la foto de cuando salió libre… No puedo olvidar el rostro de él, o la mirada, y eso que han transcurrido más de 50 años», señaló Rivera. Su abogada, Magdalena Garcés, interpuso una demanda contra el Estado por el daño moral causado por su liberación, apuntando a que el Presidente Kast pidió perdón a las víctimas de abuso sexual pero omitió a los expresos políticos.

Raiza Muñoz (37) y Nodina Muñoz, sobrina y hermana de Julio Muñoz Otarola, uno de los cinco militantes del FPMR desaparecidos en 1987, también expresaron su frustración. «Una pena, de ver nuevamente la injusticia. Pasaron 30 años para que se hiciera justicia con este CNI. Mi madre falleció el 2013 y nosotros recién el 2017 supimos qué pasó con Julio. Ella se fue con esa pena. Lloraba día a día diciendo: ‘La maldad fue tan grande que no me entregaron el cuerpo'», relató Nodina a Radio Universidad de Chile. Raiza, por su parte, cuestionó la crueldad del Estado y se preguntó qué pasará con las familias de las otras víctimas que no tienen las mismas herramientas para luchar.

Un llamado a la justicia

Tanto Nodina como Raiza esperan que Acuña Luengo vuelva a ser encarcelado y llamaron al Gobierno a «saque su ideología y pueda gobernar para todas y todos, en un marco de derechos humanos». Nodina fue enfática en rechazar cualquier beneficio carcelario para los violadores de derechos humanos, recordando que persisten los pactos de silencio. «Nos dicen que somos insensibles, ¿pero ellos pensaron en las madres? ¿Pensaron en las hijas? ¿Pensaron en los hermanos, como nosotros, o los sobrinos? Nos negaron un duelo que nunca hemos podido tener y después dicen que nosotros somos insensibles», lamentó, según Radio Universidad de Chile.

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