El gobierno de Peña Ñieto se ha vuelto a ver involucrado en denuncias por abusos y violaciones de los derechos de las comunidades indígenas del país, que esta vez dictan en relación con las autorizaciones dadas a la corporación Monsanto para la siembra de semillas de soja genéticamente modificadas sin previa consulta a los pueblos originarios.ura Según lo consignado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las comunidades afectadas, repartidas en 6 estados del país, no tuvieron "una consulta libre, previa e informada" debido a "actos y omisiones" de servidores públicos que otorgaron a una empresa el permiso" para la liberación al medio ambiente del cultivo. Las denuncias de la CNDH también apuntan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pescay Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente modificados (CIBIOGEM). De acuerdo a lo reproducido por TeleSur, entre las denuncias realizadas por los efectos nocivos del cultivo, poblaciones del estado de Yucatán dedicadas a la apicultura han acusado la contaminación del polen recogido, lo que podría poner en riesgo sus exportaciones a la Unión Europea (UE).
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