La Contraloría General de la República determinó que la constitución de una “farmacia popular” por parte de un municipio no atenta contra la legislación vigente. El organismo respondió así en un dictamen a raíz de la solicitud presentada por la Municipalidad de Panguipulli.
En el documento se indica que el municipio pidió un “pronunciamiento en relación con la procedencia jurídica de que los municipios expendan medicamentos a la ciudadanía a través de farmacias administradas por ellos, ya sea directamente o en virtud de su participación en corporaciones municipales”.
De esta forma, Contraloría indica que “es procedente que a través de la farmacia del consultorio municipal de la comuna de Panguipulli se vendan medicamentos a los beneficiarios que se encuentran inscritos, en la medida, por cierto, que ello se haga con el propósito de facilitar su acceso a dichos productos farmacéuticos y sin fines comerciales, y ajustándose a la normativa que rige el arancel respectivo y a las demás pautas fijadas por el presente pronunciamiento”.
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