Tras la polémica generada por la prohibición del Servel de realizar propaganda política a través de redes sociales y medios electrónicos, el servicio debió echar pie atrás. La medida fue transversalmente cuestionada y desde los sectores independientes se puso el hincapié en el hecho de que esto limitaría a los candidatos llamados «alternativos» o «emergentes» para difundir sus campañas de manera gratuita, frente al poder económico que otros tienen para ello.
Junto con ello se cuestionó que se prohibiera la propaganda en medios electrónicos, lo que fue considerado discriminatorio, pues sí se podría efectuar -según el instructivo- en aquellos de papel que, por una parte, tienden a visibilizar solo a un sector de los candidatos y, por otra, están habilitados para recibir ingresos por eso.
En ese escenario, el Consejo Directivo del Servel decidió emitir un comunicado en donde señaló que «se podrán efectuar comunicaciones privadas tales como: correos físicos o electrónicos, llamadas o mensajes telefónicos o las que se realizan por medio de Internet a través de redes sociales, ya que no constituyen ‘manifestaciones públicas’ y, por ende, no son propaganda electoral, según la definición de la actual legislación».
Además, estableció que en los medios electrónicos también se podrá realizar propaganda, al señalar que «la prensa electrónica constituye una forma de prensa escrita, la que se ceñirá a las mismas reglas que regulan a esta última, sin distinción ni discriminación de ningún tipo».
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