Corte de Apelaciones de Santiago, ratificó esta mañana la sentencia que dictó el Vigésimo Segundo Juzgado Civil en abril pasado, que condenó al Estado a pagar una indemnización total de $1.840.000.000 (mil ochocientos cuarenta millones de pesos) a 74 familiares de 20 víctimas que dejó el tsunami del 27 de febrero en el 2010.
Foto: T13
Los afectados son de la zona centro sur del país, en las ciudades de San Antonio, Juan Fernández, Constitución, Talcahuano y Tomé. En el fallo unánime se confirmó la sentencia al fisco de pagar entre $7.500.000 y $30.000.000 a los familiares de fallecidos y a quienes resultaron con lesiones.
La condena responde a la deficiente respuesta que tuvo la Onemi y el SHOA ante la emergencia, ya que no declararon la alerta roja.
«Que si bien es efectivo que, en general, cualquiera persona, atendido al sismo previo al tsunami, pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades que ostentaban cargos que les imponían precisamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar o al menos paliar las consecuencias de este tipo de fenómenos naturales», sostiene el fallo.
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