Abogados sobre nueva propuesta de Lavín: «Es lo más pintoresco del populismo penal»

La polémica medida de quitar beneficios sociales a personas mayores de 30 años condenados por tráfico de drogas, propuesta por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, la tarde de este jueves al Concejo Municipal, sigue generando reacciones.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, sostuvo que “la protección social está orientada a las personas y a sus familias. Si se empiezan a aplicar normativas que están fuera de la ley significa que no estamos aplicando Estado de Derecho y eso es cuestionable desde el punto de vista constitucional”.

Junto con lo anterior, el secretario de Estado agregó que “la discusión de fondo tiene que ver si al quitarle este beneficio a la persona que cometió el delito lo afectó sólo a él o si también afectó a su grupo familiar».

Pero más allá de las políticas sociales que el Estado desarrolle, existen aspectos legales a considerar y que, en primera instancia, parecen ser transgredidos con esta propuesta.

Para aclarar el punto, El Ciudadano consultó a los abogados Rodrigo Román y Margarita Peña, para saber qué tan alejada de la norma se encuentra la medida de Lavín.

Según Román, la medida «es lo más pintoresco del populismo penal que he escuchado en el último tiempo, porque son temas totalmente diferentes pues la responsabilidad social del Estado es una cosa y la responsabilidad penal de las personas es otra».

Mientras, la abogada Peña sostiene que la medida es «ilegal, pues el derecho penal es sancionatorio. Y a las personas se les condena como castigo de un delito, pero no se puede privar de acceder a beneficios por tener esa pena».

Junto con lo anterior, Margarita Peña argumenta que «los artículos 6 y 7 de la Constitución señalan que ninguna autoridad pública ni ente administrativo puede tomar acciones más allá de lo que se encuentra autorizado».

Marketing municipal

Es conocido el estilo cosista de Lavín, que lo ha caracterizado en sus gestiones anteriores en los municipios de Las Condes, Santiago y, en su momento, como ministro del gobierno de Sebastián Piñera.

En este sentido, los juristas consultados coinciden en que este tipo de medidas tienen un carácter estratégico para el modelo de sociedad que quiere construir la derecha en el país.

En la misma línea, Margarita Peña recalca que «es una táctica que utiliza la derecha para ir avanzando en su objetivo de hacer de este país un lugar cada vez más reaccionario. Lo plantean y, quizás, mañana se legisla de este asunto».

A su turno, Rodrigo Román establece que  este tipo de propuestas se «instalan de tal forma en la sociedad que se termina convirtiendo en un hecho cierto, porque lo instalan en los medios, entonces aparece como una idea novedosa».

«Esto no tiene seriedad y es imposible que llegue a prevenir la comisión de delito. Es parte del espectáculo que plantean permanentemente las dos derechas», finaliza Román.

@joserobredo