Chile requiere una Reforma migratoria con énfasis en Derechos Humanos

Imagen: Flickr, Sergio Cosmopolita

“En una sociedad como ésta [en Chile] no son prioridad los derechos fundamentales de las personas. No lo son. Los migrantes no vamos a ser la excepción en esa lógica del Estado”. Con estas palabras, Patricia Loredas, psicóloga, refugiada peruana y Directora Ejecutiva de Colectivo Sin Fronteras, se refiere a la Reforma Migratoria, el nuevo cuerpo legal que garantizaría los derechos básicos de los migrantes en Chile.

El fenómeno migratorio ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años. No obstante, Chile aún se rige por el Decreto Ley de Extranjería de 1975, cuya normativa es la que regula la entrada y salida de personas del territorio nacional. Daniela Aceituno, trabajadora social y académica de la Universidad Católica Silva Henríquez, explica: “El Decreto Ley de Extranjería de 1975 fue firmado por personas de la Junta Militar. Esto con una idea de extranjero amenazante y una connotación de seguridad interna de dictadura, que responde al contexto de seguridad nacional militarizado de ese entonces”. Añade también que “la idea del Decreto Ley es prevenir el recibimiento de una ‘carga social’: Se está dispuesto a recibir gente, pero que venga a consumir, a trabajar, a pagar impuestos, a aportar. Es una visión súper instrumental”.

Ha sido por todo esto, además de la alta vulnerabilidad a la que se ven expuestos las y los inmigrantes que fácilmente pasan a estar en situación de “irregularidad”, que entre los años 2014 y 2016, más de 600 organizaciones sociales, académicos y ONGs migrantes y pro migrantes, se reunieron en todo el territorio nacional a conversar este tema. Esto con la finalidad de generar insumos para la creación de una nueva Ley, cuyo marco normativo que fue promesa de campaña de Michelle Bachelet y aún no ha cumplido, estando ya en el último periodo de su mandato.

Aún así, habiendo innumerables faltas a los DDHH, injusticia y desprotección por parte del Estado a las y los migrantes que vienen a Chile, ¿Por qué eligen justamente este territorio para asentarse?

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Esclavitud moderna

Hoy en día, es común ver a extranjeros latinoamericanos y caribeños trabajando en almacenes de barrio, cargando y descargando cajas en bodegas o repartiendo gas. Frente a esta situación, es común escuchar a uno que otro compatriota decir que “los migrantes vienen a quitarle el trabajo a los chilenos”, pero, ¿qué hay de cierto en eso?

Este fenómeno responde a que hoy por hoy, existen diversas formas de obtener una visa para residir en Chile, todas con su grado de complejidad y burocracia asociada. Una de ellas, es la Visa temporaria por motivos laborales. Esta se otorga a extranjeras y extranjeros que residen en el país para realizar cualquier tipo de actividad laboral. Esto permite regularizar la situación por un año –hasta dos- incluso teniendo empleadores distintos. Sin embargo, este tipo de documentación se genera recién en 2015, cuando por vía administrativa se modifica el Decreto Ley de 1975, haciéndolo más flexible. Es por esto que la visa otorgada asociada a términos laborales ha aumentado considerablemente.

No obstante, aun habiéndose modificado el Decreto, la o el migrante contratado, que trabaja bajo el yugo del patrón, que probablemente tiene una familia e intenciones de quedarse en Chile, aguanta todo tipo de abusos, excesos, faltas de respeto y humillaciones.  Esto a veces en condiciones laborales precarias con tal de mantener la duración de un año que otorga la visa temporaria que le da la residencia, mientras el contrato de trabajo esté vigente. Eduardo Cardoza, Secretario Ejecutivo de Movimiento de Acción Migrante (MAM), explica: “cuando existe tanto problema de visa la gente cae muy rápido en la condición de irregularidad y caer en la irregularidad, es caer en la vulneración de derechos sistemáticamente”.

Incluso las y los funcionarios del Departamento de Extranjería y Migración han experimentado el exceso de trabajo. La falta de legislación que responda a las condiciones actuales migratorias en el territorio nacional, hace que se caiga de forma recurrente en faltas a las condiciones laborales y humanas, tanto de funcionarias y funcionarios, como de personas que se acercan a la repartición pública para tramitar su regularidad en Chile. Cardoza profundiza en esta situación: “Los trabajadores de Extranjería están cansados de tanto trabajo que tienen, y eso al parecer es resultado de la disfuncionalidad de este Decreto. La violencia institucional obliga a las personas a estar haciendo filas de 6 ó 7 horas cada vez que quieren hacer un trámite, filas que no hace nadie más en Chile”.

Migrante nortino

En el norte grande hay una población migrante mayor, respecto de la zona centro del país. Las regiones con mayor cantidad de migrantes respecto de su población total son las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta. Es justamente en esa zona donde se genera la migración transfronteriza. Así lo afirma Pablo Rojas, psicólogo social, Presidente de ONG Fractal de Antofagasta. “Aquí se puede observar personas de Perú y Bolivia que siempre han transitado por esta zona, por temas de comercio, familiares, etc. Es una presencia histórica. Cabe recordar que estos eran territorios bolivianos y peruanos, por lo que el tránsito siempre ha existido”. Actualmente, además de esa presencia histórica, se puede observar migración colombiana. “Por ser afro-descendiente aumenta la discriminación por el tema del color de piel. Además existe asociación a la prostitución, en el caso de las mujeres, y al tráfico y porte de drogas en el caso de los hombres. Estas situaciones no son del todo ciertas pero se han instalado en el imaginario colectivo. Entonces ahora hay cosas que antes no ocurrían tanto, pero que hoy se han visibilizado”, advierte Rojas, quien es también vocero de la Mesa Intercultural de Antofagasta y miembro de la Red Nacional de organizaciones Migrantes y promigrantes

Al ser la Región de Antofagasta una zona en la que abundan los pasos fronterizos, el tráfico y la trata de personas se han vuelto un gran problema. Rojas, añade que tales situaciones responden al “Decreto Ley que expresamente otorga un carácter ‘discrecional’ a los funcionarios y a las policías, que permiten dar paso o no a ciertas personas por las fronteras. De la discrecionalidad a la arbitrariedad hay un límite muy tenue. Durante mucho tiempo, y ahora un poco menos, es que se da que a ciertas personas por su color de piel, o por la cantidad de personas con las que vienen o por los flujos diarios, no sean aceptadas en el país por las policías. ‘Rebotan’, que es la palabra coloquial que utilizan”.

Las policías suelen pedir lo que denominan una “bolsa de viaje”, que significa que las personas que vienen como turistas tienen que acreditar que tienen dinero suficiente para mantenerse por un tiempo determinado en Chile. De esta forma, es que las policías, por medio de esa “discrecionalidad”, pedían como mínimo mil dólares para pasar a nuestro país. En el DL no se menciona cuánto dinero tiene que tener la “bolsa”. Esto fue lo que generó el aumento del “rebote”, situación que abre una oportunidad para las mafias que se dedican a pasar a las personas con “coyotes”. “Antes se desarrollaban, pero con mucha menor frecuencia que ahora, lo que hace que hoy eso se convierta en un negocio, en tráfico y en trata de personas”, revela Rojas.

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Mínimos para una Ley Migratoria

“Si bien los proyectos presentados (tanto el de Piñera como el de la actual administración), declaran en su introducción la necesidad de fundamentar la ley migratoria en el enfoque de derechos humanos, esto no es recogido luego en el articulado de ninguna de las dos propuestas”, indica el documento elaborado en enero de este año por el MAM y otras organizaciones sociales que participaron en el Consejo de la Sociedad Civil del Departamento de Extranjería y Migración, luego de conocer el anteproyecto del gobierno de Bachelet.

Pero ¿Qué son los DD.HH? Son las facultades que tienen las personas para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado, pero que también permiten exigir a la institucionalidad que haga ciertas cosas. También implican que se tiene la posibilidad de poner límites a esa soberanía arbitraria de parte del Estado. “Por lo tanto, una ley que carece que mecanismos de exigibilidad, sería un espacio de arbitrariedad que va a permitir violaciones sistemáticas a los derechos humanos, recalca la profesional del INDH.

En el documento de MAM, también se menciona la importancia fundamental del reconocimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de Derechos Humanos, de las personas Migrantes, de los Refugiados, de la Niñez, entre otras temáticas. Patricia Loredas: “Tenemos que avanzar a una sociedad que ponga en el centro los derechos fundamentales de los seres humanos y que eso se traduzca en leyes que sean coherentes con eso, con presupuesto, política públicas y todo lo que ello implica”, propone Patricia Loredas, quien también es experta en intervención psicosocial.

Finalmente, en el documento también se menciona el uso de una “Visa de uso múltiple” y la creación de un Servicio independiente del Ministerio del Interior, cuya repartición debiera contar con presupuesto y regulación propia. Sin embargo, el texto advierte que debe ser el Parlamento quien formule el nuevo marco normativo: “Es relevante destacar que una regulación migratoria consistente en el tiempo, solo podría ser modificada por una reforma legal en el Congreso y no por la autoridad competente del Ejecutivo. Esto permite evitar que la política migratoria esté sujeta a los vaivenes de la economía, a la contingencia política o alguna otra eventualidad”.

Al cierre de esta edición, aún el proyecto no ingresa al Parlamento para su tramitación, por lo que es urgente que sea presentado y que éste cuente con una perspectiva enfocada en los derechos humanos, que sea un documento que reconozca a los migrantes como sujetos de derecho, que enfatice en la igualdad y la no discriminación hacia las personas que llegan a nuestro país en busca de un mejor futuro para sus familias.