Partido Popular de España

El PP plantea 5 años de cárcel para quienes convoquen referéndums ilegales

Este proyecto jurídico está en un contexto en el que han acusado al independentismo catalán de dialogar con "una pistola encima de la mesa"

Por El Ciudadano

28/09/2018

Publicado en

España

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El grupo del Partido Popular (PP) de España ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal con el objetivo de castigar con cinco años de prisión la convocatoria de referéndums ilegales, la tolda que lidera Pablo Casado ha detallado su propuesta a pocos días del primer aniversario de la consulta del 1 de octubre en Cataluña.

El PP ha planteado este proyecto jurídico en un contexto en el que han acusado al independentismo catalán de dialogar con «una pistola encima de la mesa».

Con el propósito de que la reforma no cuente con errores que puedan generar un rechazo por parte de los tribunales, el PP ha estado estudiando junto a juristas y reconocidos especialistas cómo dotar de seguridad jurídica a esta reforma del Código Penal.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró a los medios que se trata de «la primera iniciativa parlamentaria en esta nueva etapa de su partido».

Líder del Partido Popular, Pablo Casado

La reforma propone también que se penalice con hasta diez años de inhabilitación a los responsables de las convocatorias.

Lideres del PP plantean que se deben adelantar a lo que pueda suceder en Cataluña, por ello solicitarán que el proyecto de reforma sea debatido en el Pleno del Congreso antes de finalizar este año 2018.

Miembros del PP recordaron la reforma de la Ley Penal de 2003, eliminada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se establecía castigo con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencias para ello.

Pablo Casado

Además, con esa reforma se penalizaba también a quienes facilitarán la celebración de las consultas y a los funcionarios que transfieran fondos a partidos disueltos o suspendidos.

La tolda popular catalogó como fundamental que estos delitos vuelvan a ser parte del sistema judicial español.

Con información de Europa Press y Esputnik

DS.

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