¡Es la política (no la economía) estúpido!

En los últimos años se han sumado nuevas figuras políticas y más partidos, sin embargo, la gran ausente todo este tiempo ha sido la política

¿Por qué en el país más rico de América Latina? ¿Por qué ahora, que el desempeño económico ha sido superior al de la administración anterior y el desempleo pareciera estar cediendo? Las preguntas se instalaron en la opinión pública internacional y en la propia coalición de gobierno desde el primer día que se desencadenaron los acontecimientos que hoy tienen a nuestro país en medio de un estallido social que pareciera no dar tregua.

La protesta social iniciada este 18 de octubre se ha caracterizado por tres hechos esenciales. En primer lugar, su alta convocatoria, congregando a millones de manifestantes en todo Chile. En segundo lugar, la carencia de una conducción política que se haya puesto a la cabeza de la protesta social; menos aún, los partidos con representación parlamentaria. Por último, una importante dosis de vandalismo, el que, si bien ha ido decreciendo, ha contado con una extensión y violencia inusitada, ya que, al contrario de lo ocurrido con las protestas estudiantiles de 2011, pareciera contar con cierta indiferencia del resto de los manifestantes. El punto en común es un sentimiento de profundo hastío en contra de la elite, particularmente la elite política, sean de derechas o izquierdas, en tanto principales articuladores del orden social construido con posterioridad a la dictadura. Animadversión que pareciera encontrar su propia justificación en la filtración del desafortunado lapsus lingüe de la esposa del Presidente, en el que compara el estallido social con una invasión alienígena y en la que, resignada, confiesa a su interlocutor la necesidad de abrirse compartir sus privilegios.

Desde finales del siglo XIX la Sociología ha argumentado de manera persuasiva que el desempeño económico o la mejora en los estándares de vida de la población no garantizan en modo alguno la solidez y sostenibilidad del orden social. En efecto, aun cuando los indicadores objetivos y la percepción subjetiva de quienes hoy protestan atestigüen que la actual generación cuenta con mejores niveles de vida que la de sus padres, ello importa poco si es que, tras décadas de crecimiento económico, surgen toda clase de comparaciones entre aquellos que les fue mejor y peor, y se termina concluyendo que ciertos grupos se beneficiaron de ventajas exclusivas que a otros simplemente se les negaron. Por eso resulta tan ilustrativo contraponer al desliz del inconsciente de la primera dama, el cántico del Chile que despierta, repetido una y otra vez en cada manifestación, ilustrando sin ambigüedad alguna este tránsito desde la sospecha al desengaño. La crítica social en este caso no apunta a la desigualdad en sí misma, sino más bien a aquellas que se consideran injustas.

Pero, ¿qué es aquello que se considera injusto? Tanto en la Filosofía Política como en la Sociología existen tradiciones intelectuales que defienden la existencia de una suerte de sentido ordinario de la justicia presente en la conciencia moral de cada sociedad. Dicho sentido se iría tejiendo poco a poco a partir de las prácticas sociales que tienen lugar en esferas institucionales específicas, en las que se generan procesos de producción y distribución de ciertos bienes socialmente valorados. Luego, los criterios de distribución varían con el tiempo y conforme la naturaleza del bien. Por ello, lo que se considera justo en una esfera no necesariamente lo es en otra. La legitimidad de la distribución se sostiene en el consenso en torno a los criterios y en la observancia de los mismos. Por el contrario, las disputas por la justicia surgen cuando existen desacuerdos en torno a los criterios de distribución al interior de cada una de ellas o cuando, existiendo tal acuerdo, se percibe que sistemáticamente se infiltran fuerzas extrañas al dominio de una determinada esfera que terminan por alterar los resultados de la distribución de bienes en ella. Lo dicho puede sonar abstracto. Veamos a continuación dos ejemplos.

Un caso en el que pareciera no haber acuerdo respecto de los criterios de distribución, es el de la salud. Si bien nuestra Constitución consagra dicho derecho, también lo hace respecto de la propiedad privada sobre toda clase de bienes, sean materiales o inmateriales, incluyendo, desde luego, la propiedad de servicios de salud. Concomitantemente con ello, la Constitución señala que, en lo que respecta a salud, cada ciudadano tendrá derecho a acogerse al sistema que desee, sea éste estatal o privado, lo cual significa que en Chile contamos con un sistema público de salud y una industria privada de provisión de salud que, como cualquier industria, se rige por la disposición a pagar de los consumidores, además de discriminar por riesgo y edad. A su vez, estimula la migración de especialistas desde el sistema público al privado, contribuyendo a generar una espiral ascendente de costos para el conjunto del sistema. Aquí, el diseño constitucional alienta el desacuerdo en torno a cuál debiese ser el criterio sobre el cual distribuir la atención en salud: la necesidad de atención o la capacidad de pago. Como ninguna de las coaliciones políticas que dicen representar a la ciudadanía ha llevado adelante iniciativas sustantivas para resolver esta disyuntiva, en las casi cuatro décadas de coexistencia de ambos sistemas de salud, la atención médica se distribuye conforme a la capacidad de pago y no en proporción a la necesidad de las personas. Como corolario, en Chile la longevidad está fuertemente correlacionada con los ingresos, puesto que, como lo asegura un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, publicado el año 2013, una mujer de 60 años de clase baja tiene la expectativa de vivir 17 años más, mientras sus pares de clase media y clase alta, 20 y 28 años respectivamente. Tales diferencias no solo se deben a estilos de vida y alimentación, sino muy probablemente al número de visitas a médicos y hospitales.

En el mercado laboral, en cambio, la tónica pareciera ser la infiltración de fuerzas ajenas a los criterios de distribución al que todos dicen adscribir. Así, por ejemplo, cuando una parte importante de la elite empresarial sistemáticamente recluta a sus ejecutivos tomando en consideración signos de nobleza estamental, como, por ejemplo, el apellido, el colegio o la universidad en la que estudió, la religión y hasta la congregación religiosa a la que adscribe, no estamos en presencia de un simple abuso, sino de una injusticia. Lo mismo ocurre cuando los miembros de la coalición política en el poder, de derechas o izquierdas, burlando el espíritu de la ley, declaran desierto un concurso público para un determinado puesto en el servicio civil, porque el candidato de la coalición no llegó a la terna final. O cuando, por el solo hecho de ser mujer, o por contar con una determinada orientación sexual, se impide un ascenso a un determinado cargo. El abuso es un eufemismo, una media verdad que intenta morigerar la profundidad de la injusticia, puesto que no es un hecho circunstancial, sino que, por el contrario, sistemático. En efecto, cuando la elite empresarial y política señalan que los puestos de trabajo deben otorgarse conforme el talento y las capacidades de cada cual, pero una y otra vez, se transgrede la norma, la sensación que le queda al ciudadano común y corriente es que es solo un actor de reparto en una gran parodia, en la que su participación viene a legitimar una suerte de simulacro de un Chile Moderno.

Estos dos ejemplos, desde luego hay más, ilustran con meridiana claridad estos dos aspectos claves vinculados con la justicia. En primer lugar, la importancia de discutir el valor de ciertos bienes, consensuar sus criterios de distribución y, si es necesario, modificar la carta fundamental para dotarles de la relevancia que hoy no tienen, garantizando su acceso. En segundo lugar, contar con la vocación necesaria para hacer cumplir las normas con las que finalmente nos dotemos, tengan o no estatus legal y sin importar quien las infrinja, porque su mera existencia no garantiza el fin de las injusticias. En este caso el viaje importa tanto como el destino. Dotar al proceso constituyente del mayor nivel de participación posible, podría contribuir a fortalecer el compromiso ciudadano con las normas por las que optemos.

En los últimos diez años se han sumado nuevas figuras políticas y más partidos, sin embargo, la gran ausente todo este tiempo ha sido la política. Ésta cuenta con una condición paradójica. Por una parte, es una de las esferas en la que se distribuye un bien particular: el poder. Por la otra, es la que actuando en la sociedad civil promueve una discusión sobre el tipo de sociedad a construir, cómo distribuir los bienes socialmente valorados en cada una de las esferas y, en ese marco, definir el rol del Mercado, el Estado y la propia Sociedad Civil. Por último, es la que, a través del uso del poder político del Estado, garantiza que se mantengan las fronteras entre las esferas y realiza acciones compensatorias cuando ello no ocurre. En definitiva, es aquella que contribuye a generar un sentido de reciprocidad mínimo que cohesione a la sociedad, de manera que ésta sea algo más que un mero pacto u asociación.

Hace 27 años atrás, el jefe de campaña de Bill Clinton acuñó la frase “¡es la economía, estúpido!” para señalar que ésta debía enfocarse en las necesidades más inmediatas de los ciudadanos si es que quería ganar las elecciones. Hasta hace muy poco, nuestros representantes, abdicando de la política y anclados en los noventa, parecían repetir el mismo mantra. Me temo que, de persistir en aquello, serán ellos los que entonarán el baile de los que sobran.

Manuel Moro Moreno

Sociólogo.

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