Pasado y presente en los fantasmas en el clóset de Barbosa

Por Alfonso Yáñez Delgado

El 27 de mayo del presente año, en el periódico El Universal, el columnista Mario Maldonado publicó un texto referente a presuntos actos de corrupción de Luis Miguel Barbosa durante su gestión en el Senado. A continuación, se transcriben: el texto del periodista, la réplica del Gobierno del Estado y la contrarréplica del autor a la versión gubernamental.

Por el interés que representa para la ciudadanía poblana, se transcriben las tres versiones, y en la próxima entrega las analizaremos. Que el lector juzgue.

Texto de Maldonado:

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, está envuelto en una maraña de irregularidades y presuntos actos de corrupción que han sido denunciados por funcionarios del estado. A la luz de los procesos contra exlegisladores que estuvieron relacionados con los supuestos sobornos para aprobar la reforma energética, el exsenador podría enfrentar más de un caso en su contra. 

Como senador, Barbosa presumió varias veces que fue gestor de más de 600 acciones en obra pública, con más de 2 mil millones de pesos en recursos dirigidos a municipios de todo su estado. En una revisión a todas estas obras se observan irregularidades que presumen contrataciones a sobrecosto para un grupo de empresas cercanas al mandatario.

El 8 de agosto de 2017, el alcalde del municipio poblano de Huaquechula, Edwin Mora Caballero, denunció penalmente a Barbosa ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, por una presunta presión del senador para asignar obras a sobrecosto a una empresa denominada Alta Transformación de Puebla. Este modus operandi se repitió en múltiples ocasiones para asegurar recursos a diversas empresas vinculadas entre sí.

En su querella, Mora Caballero relata que en una reunión celebrada en los alrededores del Senado, el 5 de septiembre de 2016, el secretario particular del senador Barbosa, Heliodoro Luna Vite, lo obligó a firmar por adelantado una licitación por 21 millones de pesos para rehabilitar una escuela secundaria en su localidad, en la que la ganadora del contrato era la empresa Alta Transformación de Puebla; cuyo representante legal era Julio Flores Romero, un personaje que también estuvo presente en el encuentro.

De acuerdo con información del Registro Público de Comercio y de contratos celebrados en los ayuntamientos del estado de Puebla, entre 2013 y 2018; Flores Romero está vinculado con nueve razones sociales que obtuvieron contratos por 468 millones de pesos en obra pública, siempre compitiendo entre sí. La mayoría de estos contratos no están reportados en la plataforma de compras gubernamentales Compranet; por lo que los montos de adjudicaciones podrían ser superiores.

Las empresas señaladas como parte de la red que acaparaba los recursos para obras públicas gestionados por Miguel Barbosa son: Alta Transformación de Puebla, S.A de C.V.; Compañía JDC, S.A. de C.V.; Grupo Covyferco, S.A. de C.V.; Ingeniería Aplicada Vic, S.A. de C.V; Líder en Aplicación y Ejecución de Proyectos, S.A. de C.V.; Terracerías y Caminos de la Sierra S.A. de C.V.; France Sam FR, S.A. de C.V.; Transformación e Infraestructura del Centro Sur, S.A. de C.V. y Urbanización en Obra Civil Fénix, S.A. de C.V.

Además de que todas las empresas guardan relación, directa o indirecta, con el enviado de Miguel Barbosa, estas se crearon al vapor. Se ha corroborado que las firmas muestran irregularidades en sus direcciones fiscales —algunas incluso las comparten en domicilios que son de uso habitacional—, en sus claves de Registro Federal de Contribuyentes y en las firmas autógrafas de sus representantes legales.

En los casos más extremos, la empresa Líder en Aplicación y Ejecución de Proyectos muestra en sus sellos un inexistente RFC marcado con los números “160707699”, y la empresa France Sam FR exhibe siempre documentación oficial con sellos en los que su nombre aparece como France Sam SR, S. A. de C.V.

Según los cálculos del poblano Edwin Mora, el posible “moche” que se llevó Barbosa en el caso de la obra pública para Huaquechula asciende a 28% del monto total que se adjudicó en ese entonces la constructora; es decir, por lo menos 140 millones de pesos de los casi 500 millones que gestionó el actual gobernador. Heliodoro Luna Vite, uno de los que se señalan como encargados de estas operaciones, se desempeñó como secretario de Infraestructura del actual gobierno poblano; es decir, como responsable de la asignación de la obra pública.

Un caso que, junto con el de los actuales gobernadores perseguidos por los sobornos para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, podría estallarle pronto al mandatario poblano.

Réplica del Gobierno del Estado:

Con relación al artículo de opinión titulado “Los fantasmas en el clóset de Barbosa”, firmado por Mario Maldonado, le señalo de manera categórica que lo escrito ahí falta a la verdad y tiene un claro fin político en tiempo electoral.

El gobierno del estado de Puebla trabaja de manera eficiente para atender las necesidades de su gente en todos los sectores; no es de extrañar que existan intereses que busquen denostar sus acciones, como las del señor Maldonado, que sin ningún sustento y valiéndose de un “artículo de opinión” vierte para tratar de confundir a los lectores.

Tiene toda la libertad de escribir lo que crea o imagine, y nosotros tenemos el derecho de presentar ante la opinión pública los hechos reales que aclaren sus mentiras, que vemos, no tienen límite, ya que ninguna de sus aseveraciones tiene sustento.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta tiene la convicción de hacer un gobierno ejemplar, transparente, austero y honesto; así lo demuestran sus acciones.

Su calidad moral no está en duda, ya que su hoja de vida nos habla de una trayectoria intachable; cada vez que sea necesario, haremos que sus lectores conozcan la realidad que se vive en Puebla y que el señor Maldonado sistemáticamente trata de retorcer.

Puebla y México requieren de medios de comunicación objetivos y veraces, que hagan una crítica constructiva y colaboren en la prevención y atención que la sociedad necesita en estos momentos, sin dejarse llevar por intereses políticos o económicos, tal y como lo refleja en esta colaboración en un medio de prestigio como EL UNIVERSAL.

Atentamente, Verónica Vélez Macuil, coordinadora general de Comunicación y Agenda Digital.

Contrarréplica del columnista

El texto al que se hace referencia está sustentado en contratos, actas constitutivas, actas de licitaciones, registros federales de contribuyentes, denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, fotografías y declaraciones del propio gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, mientras que la carta que envía la Lic. Verónica Vélez Macuil incluye únicamente juicios de valor que no se atreven siquiera a desmentir lo publicado.

Los contratos a los que esta columna tuvo acceso suman un negocio de 468 millones de pesos para empresas que se encuentran vinculadas, por sus representantes legales e incluso por sus domicilios, y el operador visible y documental de esas empresas, el señor Julio Flores Romero, se presentó y fue denunciado como enviado del entonces senador Luis Miguel Barbosa, quien además gestionó todos esos recursos desde el Senado.

Como lo expongo en mi columna, el ahora gobernador de Puebla ha mencionado que, en su paso por la Cámara Alta, gestionó más de 2 mil millones de pesos para realizar obras en los municipios de su estado, por lo que, en aras de presentar ante la opinión pública los hechos reales, como lo dice la carta, sería bueno que se transparenten los contratos de las obras que se ejecutaron con los recursos adicionales a los que se presentan en la investigación.