El exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete, y el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Schafik Nazal, fueron formalizados ayer jueves por los delitos de falsificación de instrumento público y solicitud de intervención maliciosa de comunicaciones en el caso Espionaje.
La audiencia formalización tuvo lugar en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía Alta Complejidad Centro Norte presentó los cargos contra ambos imputados por realizar interceptaciones telefónicas contra militares y un periodista que denunciaron irregularidades en el marco del caso Fraude en el Ejército.
Las escuchas se realizaron entre 2017 y 2018 y habrían afectado a siete personas, entre las que figuran, el capitán de Ejército Rafael Harvey y el periodista Mauricio Weibel.
En dicha audiencia el fiscal Jaime Retamal acusó a los dos imputados por 12 delitos en carácter de reiterados.
Retamal indicó que las investigaciones revelaron que Nazal “solicitó, ordenó, dirigió una serie de operaciones ilícitas en las que se interceptó y grabó, sin la debida autorización, diversas señales de telefonía móvil de servicios públicos e telecomunicaciones”.
Asimismo, obtuvo acceso a “oficios secretos” de carácter judicial dirigidos a compañías de telecomunicaciones que eran avalados por el ministro del tribunal de alzada capitalino.
“No se trató de casos vinculados a actividades de inteligencia y contra inteligencia. No correspondió a casos que tuvieran por objeto resguardar la seguridad nacional y proteger al Estado de Chile y sus habitantes de las amenazas de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. Y tampoco se trató de medidas de inteligencia que tuvieran por objeto detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales”, aseguró el fiscal, citado por Diario U de Chile.
Abuso de la Ley de Inteligencia por parte funcionarios del Ejército
En declaraciones ofrecidas a CNN Chile, el fiscal Retamal explicó que el interés de los imputados era el de acceder a comunicaciones reservadas y privadas de «personas que tenían como denominador común el haber hecho denuncias de irregularidades al interior del Ejército, vinculadas con hechos distintos con la investigación que lleva a cabo la ministra Romy Rutherford, o personas que habían declarado en esa investigación».
El fiscal aseguró que también se encontraron «otros casos que no tenían que ver con denuncias de irregularidades en ramas militares, sino que eran personas o trabajaron en el Ejército o personas que se habían desempeñado en una repartición como la escuela de montaña y que no veíamos cuál era el interés de la dirección de inteligencia de intervenir sus teléfonos».
También se obtuvo información sobre las escuchas realizadas a un coronel, al cual se le había sindicado que habría mantenido una relación afectiva con una subordinada, y que la compañía telefónica confirmó que esos teléfonos fueron intervenidos.
Retamal señaló que estas prácticas constituyen un abuso de la facultad de la Ley de Inteligencia, que solo abarca actividades que ponen en riesgo la seguridad nacional, o constituyen actos de terrorismo y crimen organizado .
Asimismo, informó que no tienen acceso a los audios de dichas escuchas telefónicas.
» No tenemos registros de audio, sospechamos que estos elementos fueron destruidos porque fue parte del procedimiento», dijo.
no hemos prácticamente ninguna colaboración de la Dirección de Inteligencia (…) +ha habido reticencia del por parte del Ejército para entregar información, aduciendo al secreto de la Ley de Inteligencia.
No obstante, Ratamal hizo referencia a una norma del artículo 45 de la Ley de Inteligencia que establece que existe una pena especial cuando hay abuso de las facultades y capacidades que comprende una inhabilitación especial para funcionarios.
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