El Atoyac consume millones de pesos en saneamiento y sigue contaminado

El río Atoyac en Puebla muere lentamente debido a su contaminación fuera de control y lejos de las acciones que demandó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, pues el gasto millonario invertido en obras de saneamiento no muestra resultados efectivos.

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En las últimas dos décadas los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala han destinado casi mil millones de pesos en saneamiento y proyectos para “limpiar” el río o hacerlo más estético, pero se desconocen los resultados, las obras se realizaron en opacidad, se han abandonado y han sido señaladas de irregulares.

La CNDH y especialistas señalan que la industria, el mal manejo de residuos sólidos, los drenajes públicos y las descargas ilegales, agudizan a diario la contaminación, ante la omisión de autoridades federales, estatales y municipales, pues aunque existe la posibilidad de revertir el daño, hasta ahora no hay medidas serias ni voluntad política para hacerlo.

La contaminación del río denunciada en días recientes por la diputada panista Guadalupe Leal Rodríguez y la asociación Colectiva por el Bienestar Social, no es aislada, pues se estima que más del 70 por ciento de las descargas de aguas residuales carecen de saneamiento previo.

Este mes se llevará a cabo el segundo foro regional sobre la problemática, en el que académicos de la UNAM, BUAP e Ibero Puebla, así como organizaciones sociales de Puebla y Tlaxcala, expondrán diagnósticos, avances, retrocesos y propuestas sobre la contaminación.

^{_{Ilustración: Iván Rojas}}

La contaminación del Río Atoyac

El Atoyac abarca una superficie de 2 mil 10 kilómetros cuadrados en Puebla, en una región en la que habitan unas 2 millones de personas y están instaladas alrededor de 15 mil empresas manufactureras.

El estudio “Empresas transnacionales y libre comercio en México, caravana sobre los impactos socioambientales”, publicado en octubre de 2021, alertó sobre la tasa de mortalidad por cáncer en la región de la cuenca del Atoyac-Zahuapan, 13.5 veces mayor al promedio nacional.

El estudio elaborado por una veintena de organizaciones reveló que entre 2015 y 2019 en la región Puebla-Tlaxcala fallecieron 11 mil 343 personas de alguna neoplasia maligna; 3 mil 750 de cáncer de colon; 1 mil 348 de cáncer relacionados con la sangre y 1 mil 148 de neoplasias relacionadas con órganos genitales femeninos.

En el mismo periodo, en promedio cada dos horas y media murió una persona por alguno de estos padecimientos, y las zonas de mayor mortalidad son aquellas situadas a menos de siete kilómetros de industrias con más de 100 trabajadores.

Esta situación fue advertida desde hace seis años por la CNDH, en su recomendación 10/2017, en donde exhibió la omisión de los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y los ayuntamientos de Huejotzingo y San Martín Texmelucan.

El organismo señaló que los contaminantes provienen del alcantarillado municipal y del Complejo Petroquímico Independencia, de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicado en la comunidad de Santa María Moyotzingo, además de los corredores industriales Quetzalcóatl, de la comunidad de San Baltazar Temaxcalac; Ixtacuixtla, ubicado en la carretera Federal San Martín-Tlaxcala; el corredor Huejotzingo, ubicado en Santa Ana Xalmimilulco; así como de la descarga de más de 30 maquiladoras textiles, ubicadas principalmente en las comunidades de San Rafael Tenanyecac, Villa Alta, San Mateo Ayecac y Santa Ana Xalmimilulco, ya que muchas de ellas descargaban sus aguas residuales directamente al río o a la red de alcantarillado sin previo tratamiento.

Con base en diferentes estudios, tanto académicos como gubernamentales, la CNDH resaltó que en el Atoyac se ha detectado un nivel muy alto de toxicidad por la presencia de fósforo, arsénico, mercurio, níquel, cromo, cadmio y otros elementos que no se regulan en México porque ni siquiera existen normas que los restrinjan.

Incluso reveló que durante su investigación, la Conagua reconoció que dentro de los 2 kilómetros de distancia del cauce del río, las “consecuencias adversas, inmediatas y futuras para las poblaciones humanas se manifestarán en daños a la salud, integridad y seguridad, en tanto los daños ambientales están provocando alteraciones al equilibrio ecológico en la cuenca”.

Demandas de la CNDH ante la contaminación

Por lo anterior, la CNDH urgió a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como a la Conagua, Semarnat y Profepa a tomar medidas inmediatas para cesar las descargas de aguas residuales sin tratamiento; establecer medidas rígidas y exigentes para la expedición de permisos de descargas, así como elaborar de forma conjunta un programa integral de restauración ecológica y saneamiento.

Como la falta de recursos es uno de los principales motivos por los cuales los ayuntamientos carecen de plantas tratadoras de agua, se recomendó crear convenios con la Conagua para la construcción, operación y mantenimiento de mejores sistemas de alcantarillado, drenaje y saneamiento.

Además, se demandó vigilar y verificar que quienes realicen descargas con permisos se apeguen al marco legal, y no dejar impunes las descargas ilegales, mediante una legislación que incluya multas, procesos administrativos y penales para los responsables.

Gasto millonario: los barcos de Gali

En 2018, el gobierno de Antonio Gali Fayad adquirió tres embarcaciones por 210 millones de pesos, con la promesa de que se retiraría el lirio acuático de la presa de Valsequillo y se oxigenaría el agua para mitigar la contaminación y recuperar la biodiversidad.

Un año después, en agosto de 2019, el entonces nuevo gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, sostuvo que las barcazas no sirvieron para nada y sólo fueron un negocio, así que su operación se detuvo, anunció una investigación sobre el proceso de compra y se abrió la posibilidad de venderlas.

Para marzo de 2022, la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado, Beatriz Manrique Guevara, señaló que las tres naves no serían vendidas, pues se utilizaban de forma esporádica para limpiar el lago y mermar los malos olores; aunque afirmó que es imposible hacer lo que prometió Gali, es decir, limpiar por completo la presa mientras continúen las descargas de aguas residuales sin tratamiento.

En mayo de 2012, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguraron el Parque Metropolitano “Paseo del Atoyac”, un parque lineal ubicado en la ladera del río, con una extensión de 5.2 kilómetros y un costo de 204 millones de pesos.

Las obras incluyeron la “limpieza” del río en el tramo que comprende el parque, ubicado en una parte de lo que era el parque de diversiones Valle Fantástico, espacio donde ahora también se encuentra el Museo Internacional del Barroco

Una investigación de Connectas reveló que del año 2004 al 2021, los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala gastaron 524 millones de pesos en la construcción y mantenimiento de 108 plantas tratadoras que se ubican a lo largo del Río Atoyac, sin embargo, 60 plantas estaban sin operar en 2021.

Este problema se replicaba en todo el estado, pues en septiembre de 2019 el entonces director de la Comisión de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Mario Miguel Carrillo Cubillas, reconoció que sólo funcionaban 17 de las 138 plantas que hay en el estado, con el argumento de que la mayoría son viejas y su mantenimiento es muy caro.

El Atoyac ante la inestabilidad política en Puebla

En los últimos seis años Puebla ha tenido seis gobernantes, así que la inestabilidad ha hecho que la recomendación de la CNDH no sea prioritaria y a la fecha se desconoce algún avance o grado de cumplimiento.

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró el 31 de marzo que buscaría una reunión con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para abordar varios asuntos, entre ellos la contaminación del Atoyac, aunque a la fecha no se ha concretado y ese día no adelantó alguna acción sobre el tema.

En agosto de 2019, Barbosa Huerta recibió en Casa Aguayo a su homólogo de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, para firmar un convenio en el que se comprometieron a crear un plan para limpiar el Atoyac y reforestar La Malinche, proyecto que jamás se materializó.

El 17 de noviembre de 2022, un mes antes de morir, el mandatario poblano firmó un convenio con la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (Citex), a fin de comprometer a este sector a colaborar en la reducción de la contaminación y cumplir con la regulación vigente en el manejo de sus desechos y aguas residuales.

En el acto, Barbosa Huerta anunció una iniciativa de ley para que los ayuntamientos tuvieran la facultad de vigilar a las empresas y actuar contra quienes contaminen, sin embargo, la reforma ya no vio la luz.

Las medidas urgentes ante la contaminación

En el primer foro regional “Diálogo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática dimensional de la contaminación en la cuenca del Alto Atoyac”, celebrado del 12 al 14 de octubre de 2022, se demandó a los gobiernos federal, estatales y municipales:

— Caminar hacia un plan de restauración integral, articulando eficazmente a todas sus dependencias que puedan y deban participar.
— Abrir y sostener el diálogo con las comunidades afectadas y realizar las evaluaciones del proceso, no en términos de las actividades realizadas, sino en torno a los cambios efectivamente logrados.
—Suspender la instalación de industrias y la ejecución de infraestructura de saneamiento no adecuada (como plantas de tratamiento) hasta que se cuente con un Programa Integral para la Restauración de la Cuenca.
— Contemplar toda la cuenca en su visión de la problemática y articular, de manera conjunta y eficaz, todos sus esfuerzos con la sociedad civil, organizaciones y comunidades que habitan el territorio.

Algunas de las instituciones y organizaciones que participaron en el foro son: Dirección Regional del Conacyt; Instituto de Investigaciones del Medio Ambiente (IIMA) de la Ibero Puebla; el Centro Universitario Para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la BUAP; la Universidad Autónoma de Tlaxcala; el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local; Coordinadora por un Atoyac con Vida; Pastoral de Derechos Humanos y habitantes de municipios de Puebla y Tlaxcala.

Hace unas semanas el Centro Fray Julián Garcés emitió un comunicado donde exigió que los avances contra la contaminación no se midan como tradicionalmente se han hecho, solo a partir del número de acciones realizadas, sino con los siguientes indicadores:

1. Disminución de la contaminación provocada por las grandes industrias a cuerpos de agua
2. Atención de casos, y su gradual disminución, de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la contaminación, como la insuficiencia renal crónica y la leucemia
3. Restauración de la biodiversidad en los cuerpos de agua, como los ríos Atoyac, Zahuapan y sus afluentes.
4. Preservación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos existentes en la cuenca.

Foto: Agencia Enfoque

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