Cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG’s) con instituciones del Estado ha quedado congelada por orden de la Contraloría General de la República (CGR).
El ente decidió instruir a todas las Contralorías regionales con esta medida, de acuerdo a lo dado a conocer este jueves 29 de junio, a través de correo electrónico enviado por el jefe de la Dirección Jurídica de la CGR, Camilo Mirosevic.
El lineamiento tiene como objetivo realizar una auditoría de esos contratos y verificar cuál es la situación de todas las firmas que se ejecutaron entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo u otros Ministerios.
La decisión comprende específicamente a convenios que superen las 5 mil UF que -por ley- es lo que se establece como índice para la toma de razón, según lo reseñado por el medio Radio BíoBío en su portal web.
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