La revolución urbanística impostergable

Revertir los horrores del pasado urbanístico de Santiago ha sido altamente costoso y, de momento, los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Esto se hace especialmente difícil si el Estado no produce ciudad, solo la financia y omite su responsabilidad sobre el bien común.

Por José Francisco Vergara Perucich, Carlos Aguirre Núñez & Juan Correa Parra

Impugnación a la ciudad desigual

Chile resultó ser una de las naciones más afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus. A nuestro entender, esto es resultado de una configuración urbana orientada por reglas de márketing más que buscando el bien común. En el proceso de diseñar una estrategia de colocación de productos en el mercado, existen algunos aspectos iniciales del modelo de negocios inmobiliario que se ahorran cuando una ciudad es tan segregada como lo es el Gran Santiago: debido a que se produce una homogeneización de los consumidores por sectores espacialmente categorizados según poder de compra, la etapa del análisis del consumidor y del análisis del mercado (Silbiger, 2009) se hace bastante más sencilla que en ciudades con altos niveles de diversidad socioeconómica (o entropía) en sus barrios.

En Santiago, ciudad con un altísimo coeficiente de segregación (0.6 medido en base a la metodología de Duncan & Duncan), categorizada por unidades barriales compuestas de acuerdo al poder de compra, existe una segmentación del espacio que facilita el éxito en colocar productos urbanos, medido por ventas y rentabilidad de la inversión (Vergara-Perucich, 2019). Esto no es casual, sino una estrategia concertada durante la dictadura para reorganizar el paño urbano del Gran Santiago, recogiendo pobladores de bajos recursos desde terrenos bien localizados para reubicarlos en la periferia (Celedon Forster, 2019; Vergara-Perucich, 2019), en las llamadas “operaciones confraternidad”. Lamentablemente, al momento de regresar a la democracia, dicha periferia se consolida como un espacio sin vida urbana apropiada y a pesar de que el estado generó una enorme cantidad de vivienda, se perpetuó la condena a vivir lejos de la centralidad (Rodríguez & Sugranyes, 2005). Revertir estos horrores del pasado urbanístico de Santiago ha sido altamente costoso y, de momento, los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Esto se hace especialmente difícil si el Estado no produce ciudad, solo la financia y omite su responsabilidad sobre el bien común. Ya volveremos a este punto.

En la ciudad segregada se termina por consolidar un conjunto de dinámicas y flujos de personas con sus respectivas interacciones, fuertemente marcadas por la homogeneidad y segregación de los niveles socioeconómicos que se agrupan en diferentes territorios. Durante la pandemia del COVID-19, esto se ha vuelto un problema de salud pública, ilustrando a una audiencia más amplia la crisis que enfrentamos. Así, al correr de los días, en los hogares de más altos ingresos, donde el teletrabajo es posible, la tasa de contagios disminuye y en los hogares de menores ingresos en el mismo período de tiempo los contagios aumentan. Los primeros se confinan mientras los segundos permiten el confinamiento de los primeros, llevando a domicilio bienes y servicios de primera necesidad.

Según nuestros estudios sobre los determinantes sociales de la salud en materia de ciudad y transporte ante la expansión del COVID-19 en el Gran Santiago, existe una relación directa entre los casos de COVID-19 y barrios vulnerables, donde la variable que mejor explica la expansión de los contagios es el precio de la vivienda ( Vergara-Perucich, Correa-Parra, & Aguirre-Núñez, 2020b). Aunque los primeros casos de covid-19 se registraron en las comunas de mayores ingresos, (Las Condes, Vitacura, Providencia, principalmente), con el pasar de los días los contagios se expandieron y se concentraron en el resto de la ciudad, particularmente en las comunas de mayor vulnerabilidad social, (Vergara-Perucich, Correa-Parra, & Aguirre-Núñez, 2020a). Lamentablemente, esta era una realidad esperable considerando la impresionante cantidad de evidencia sobre los efectos nocivos de la segregación socioespacial y la desigualdad en Chile (Evans, 2004; Evans et al., 2017; Hidalgo, 2018; Link, Valenzuela, & Fuentes, 2015; Rasse, 2016; Sabatini, Rasse, Cáceres, Robles, & Trebilcock, 2017; Stillerman, 2016; Toro & Orozco, 2018). Al ser una realidad esperable, era también un escenario donde la planificación para reducción del riesgo de desastres podría haber salvado miles de vidas (Gonzalez, Bacigalupe, Sandoval, & Farias, 2020). Lamentablemente, las señales de planificación para riesgo de desastres por parte de la autoridad son difíciles de rastrear, pero lo hemos intentado[1].

La ciudad desigual es un producto natural del capitalismo y quizás la representación material más visible de su injusticia (Stein, 2019). Desde nuestro enfoque, entendemos que el espacio urbano se produce socialmente y es consecuencia de ciertos modos en que se desarrollan las relaciones sociales (Lefebvre, 1991). Si en Chile, los campamentos han aumentado drásticamente en los últimos años, esto podría deberse a una configuración social donde la inequidad se representa en los modos de hacer ciudad basado en factores económicos y no en aproximaciones humanistas. Es parte de la misma ecuación en donde el déficit actual de vivienda es prácticamente el mismo que en 1998, en una situación de otorgamiento de vivienda controlada por los instrumentos financieros, sabiendo además que el mercado inmobiliario produce un excedente de habitantes en necesidad constante de vivienda, que fomenta la reproducción del negocio de la vivienda (Davis, 2006).  

En el Gran Santiago, existe una evidente fuerza centrípeta de atracción de población flotante día a día en el cono centro-oriente, el cual se ha ido acercando cada vez más hacia el sector oriente de la ciudad (Suazo-Vecino, Muñoz, & Fuentes Arce, 2019). Los marginados de la ciudad central, marcada por la Línea 1 de Metro se compone de aquellos que no pueden pagar por vivir cerca de ese espacio, pero que aún así se deben desplazar diariamente para llegar a este lugar de la ciudad para obtener el sustento diario. Justamente, este grupo de personas ha sido altamente afectado por los eventos socioespaciales recientes, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Para su desgracia, la condición monolítica de las funciones urbanas centrales es un riesgo y sobre esto, se deben ensayar soluciones urgentes.

Propuesta: la revolución urbanística

Para Henri Lefebvre, vivimos en la zona crítica en la historia de la humanidad, cuando nos acercamos al 100% de urbanización planetaria, lo que traerá consigo una consolidación de las formas urbanas organizadas por y para el capital (Lefebvre, 1972). El viejo Lefebvre, con sus añejas pero pertinentes predicciones, no ha dejado de sonar vigente en el mundo actual. Sin ir mas lejos, en Chile ya tenemos un 90% de urbanización y nos acercamos al punto crítico de nuestra historia, el momento de no retorno. Pero, hubo un alto, un espacio temporal antes de ese momento, un verdadero freno al peso del capitalismo sobre la historia urbana: un reventón social (Salazar, 2019). Este reventón decantó en un proceso de introspección nacional antes del gran salto hacia la total urbanización, mediante un proceso constituyente. El mundo nuevamente mira a Chile para ver si seremos capaces de avanzar hacia superar el neoliberalismo o si nos dejaremos caer en desgracia. Desde el campo disciplinar del urbanismo, específicamente desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad de Las Américas, abrazamos estar frente a un momento espacio-constituyente, donde la ciudad será eje central de la discusión y las disciplinas urbanísticas no pueden, esta vez, mirar para el lado. La ciudad, en tanto espacio político está en disputa entre el bien común y la rentabilidad individual, situación dialéctica donde urge tener un proyecto de ciudad para enfrentar dicha disyuntiva. Nosotros, nos situamos desde la ciudad del bien común para avanzar hacia una Constitución Espacial.

El espacio contribuye activamente a dar forma a las acciones de individuos, a interpretar sus identidades e interpretar sus anhelos (Kohn, 2019). La Constitución del 80 (y del 2004), permitió la existencia de las ciudades en las que vivimos hoy, contaminadas (Bolados, 2015), extendidas (Hidalgo, Arenas, & Santana, 2016), segregadas (Sabatini et al., 2017), mercantilizadas (Janoschka & Hidalgo, 2014), con un urbanismo reducido (Jirón, Imilán, Lange, & Mansilla, 2020) y con un estado obsecuente con los intereses de grandes empresas privadas (Salcedo, 2017). También posibilitó la activación masiva del desarrollo inmobiliario y su respectiva financierización (Vergara-Perucich, 2019), es decir, convertir a la vivienda en un activo de renta fija a largo plazo por sobre un espacio para el habitar, maximizando su capacidad de renta (Vergara-Perucich & Aguirre Nuñez, 2019) y mermando su calidad habitacional (Encinas, Truffello, Aguirre, & Hidalgo, 2019; Lopez Morales, Arriagada Luco, & Gasic Corvalan, 2015). Una ciudad rentable, pero sin goce para muchos, donde la buena ciudad es para muy pocos. Por ejemplo, en Santiago, en la buena ciudad, esa ciudad de 15 minutos, solo viven 113,771 personas. Proponemos una ruptura en esta tendencia neoliberal e instalar una ciudad del bien común, una ciudad solidaria, que nos permita distribuir la vida urbana de forma equitativa sobre la ciudad.

Comenzamos por valorizar la importancia de un modelo diferente de organización y gestión de los usos de suelo urbano, a partir de una estricta relación de distancias y usos en base a subcentralidades, como se indica en la figura. Este modelo de ciudad es posible en el Gran Santiago y estamos explorando las otras capitales regionales. En esta ciudad, la distancia entre servicios y viviendas es caminable, no más de 600 metros lineales para lo que es necesario para la vida cotidiana, teniendo como principales centralidades estructurantes de cada barrio colegios y áreas verdes. Una nueva constitución que traiga aparejada una nueva forma urbana, pero no solo como el esquema que aquí presentamos, sino como un plan colectivamente producido a partir de trabajos participativos de diseño y planificación urbana. Compartimos 5 principios que podrían ayudar a repensar los territorios, fundados en la descentralización, democracia radical y organizaciones de base para generar lo que llamaremos la producción social de la imagen urbana (figura 2).

  1. Planificación urbana constituyente: configurar grupos de expertos para organizar a comunidades en juntas de vecinos que paralelo a la convención constituyente, elaboren un plan de ciudad para sus barrios, desarrollando una imagen objetivo, identidad espacial y prioridades a mediano plazo para cada uno de los barrios de las ciudades. La imagen objetivo y las prioridades deberán confirmarse mediante plebiscito local.
  2. Presupuestos participativos vecinales: luego de cursar una significativa redistribución de recursos municipales (algo sobre lo cual existe consenso), se decreta que el 50% de dichos fondos se asignen a partir de presupuestos participativos, donde cada junta de vecinos (de forma individual o asociada) podrá decidir qué hacer con dichos recursos.
  3. Empresas comunitarias: debido al alto costo de vida y el estancamiento salarial, las municipalidades deberán tener la posibilidad de generar empresas públicas sin fines de lucro para la provisión de supermercados, librerías, farmacias, gimnasios, empresas de energía y sanitarias, y jardines infantiles (aunque estos últimos debería ser siempre públicos y gratuitos). Esta figura es diferente de las iniciativas como farmacias populares, debido a que no deberán surfear la norma legal para poder implementarse y entrarán a competir directamente con iniciativas privadas.
  4. Vivienda como infraestructura pública: el estado invierte directamente en la producción de vivienda pública, que serán propiedad del estado y se arrendarán a un justo precio referido al 20% del porcentaje de arriendo. Se apunta a generar un stock nacional de 500.000 unidades de vivienda pública en 5 años. En un comienzo, la asignación de viviendas será focalizada en grupos de menores ingresos, pero progresivamente se transformará en un programa universal de vivienda, para contribuir a regular el precio de la vivienda privada, en claro proceso inflacionario desacoplado de sus fundamentales (síntoma de burbuja en el mercado de la vivienda).
  5. Derecho a la ciudad: En la nueva constitución, debe ser prioridad del Estado asegurar que todos los barrios de la nación tengan acceso a lo que denominamos funciones urbanas esenciales, las cuales serán determinadas mediante una consulta participativa de alto alcance territorial nacional y que estará disponible de forma paralela al desarrollo de la nueva constitución.

Figura 2. Principios base hacia una producción social de la imagen urbana para acompañar el proceso constituyente legal de un proceso constituyente espacial.

Si bien la nueva constitución tardará algunos años en hacer efectivos sus cambios y en definitiva cambiar nuestras vidas cotidianas, la nueva Constitución del Espacio no puede esperar y debe comenzar a redactarse paralelamente para incorporarse a nuestro nuevo contrato social. Creemos que es clave asumir una acción decidida en materia de reorganización de la ciudad se puede comenzar con las leyes actuales, avanzando con premura en planes de mejora barrial que se vuelvan prioritarios ante la urgencia de resolver los problemas propios de la ciudad desigual, mientras se reducen también los riesgos sanitarios evidenciados por el nuevo coronavirus. Dicho sea de paso, no olvidemos que la gran lucha es contra la emergencia climática y una ciudad en base a subcentralidades reduciría considerablemente la huella de carbono.

Una revolución urbanística es necesaria, donde el campo disciplinar del urbanismo y arquitectura abandone las ataduras tecnocráticas del marco regulatorio imperante (como si este no se pudiera cambiar) y abrace las urgencias sociales como parte clave de la agenda pública y constituyente. Los expertos en materia de vivienda y ciudad deberán saber estar en este proceso, pero también es un desafío que sepan romper su campo ciego de la norma y la técnica impuestos por el marco institucional neoliberal imperante y ser capaces de ir más allá de los límites de dicha caja oscura. Ciertamente, superar el neoliberalismo necesita de una imagen de vida post-neoliberal en la ciudad y los expertos del espacio tienen que poner sus habilidades al servicio de producir esa imagen desde abajo, con las comunidades y en busca de un modelo solidario de vida urbana. Creemos que empujar esta revolución urbana se ha vuelto un asunto impostergable.

Referencias

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[1] Recomendamos seguir la pista de estas decisiones en la investigación que lidera el fiscal Xavier Armendáriz, la cual se encuentra disponible en el siguiente link: https://suprema.pjud.cl/SITSUPPORWEB/jsp/Tramitacion/PopUp/SUP_TRM_PopUpPpal.jsp?tipo_popUp=15&COD_Corte=1&COD_Libro=4&ROL_Recurso=112505&ERA_Recurso=2020&COD_Tribunal=null&TIP_Causa=null&ROL_Causa=null&ERA_Causa=null

Sobre los autores:

José Francisco Vergara Perucich

Es Arquitecto de la Universidad Central de Chile, Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, Máster in Sciences Building and Urban Design in Development y Doctor en Planificación del Desarrollo por la Bartlett Development Planning Unit de la University College London. Actualmente es director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas.

Carlos Aguirre Núñez y Juan Correa Parra son investigadores del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas.

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