77% compra en malls chinos y no sabe lo que lleva: ODECU denuncia engaños y nula garantía

En la actualidad el número de ciudadanos que realizan sus compras en los denominados “malls
chinos” asentado a lo largo del país sigue en aumento. Sin embargo, un reciente estudio desarrollado por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) reveló que la mayoría de estos clientes ignoran las irregularidades que se registran en estos establecimientos.

Este tipo de tiendas que según los registros de GPS Property están creciendo a una tasa de entre 25% y 30% anual, cuentan con una mayor presencia en la capital, existiendo cerca de 200 a nivel nacional, de las cuales un 40% están localizados en la Región Metropolitana de Santiago.

La investigación se llevó a cabo bajo la técnica de visitas con cliente oculto en donde el equipo de observadores se presentó como compradores comunes en 19 tiendas ubicadas en las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Florida y Las Condes.

A través de este proceso, fue posible evidenciar patrones preocupantes en materia de rotulación, documentación de compra, certificación de productos y garantías legales.

«En un contexto donde, según datos de Cadem (2024), un 77% de los chilenos afirma comprar habitualmente en malls chinos, el estudio identificó, entre otros hallazgos, la comercialización de productos sin etiquetado en español, la ausencia de certificaciones obligatorias como la de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en artículos electrónicos, y la entrega de documentos que simulan boletas, como “preboletas” o vales, que no tienen validez tributaria ni permiten ejercer el derecho a garantía legal», señalaron desde ODECU.

«Si bien algunas tiendas entregan boletas formales o documentos que las simulan, otras recurren a “vales” o “preboletas” que no cumplen con los requisitos tributarios ni permiten ejercer la garantía legal. Esto
constituye una práctica extendida que debilita la protección posventa del consumidor», plantearon.

La falta de etiquetado en español, se evidenció tanto en productos comestibles y artículos generales. Observándose que en algunos casos, la rotulación se encontraba completamente en mandarín, lo que le impide a los consumidores acceder a información básica como ingredientes, advertencias o modo de uso. A esto se suma que en ciertas tiendas los encargados aducen no hablar español, lo que imposibilita la resolución de dudas básicas durante el proceso e compra.

En lo concerniente a las políticas de cambios y devoluciones, el estudio constató que la mayoría de los «malls chinos» limita los cambios solo a productos con fallas y excluye expresamente la devolución de dinero. Algunas tiendas incluso anulan el derecho a cambio al aplicar descuentos por cantidad, situación que afecta la equidad de la relación de consumo.

Además, la investigación detectó una importante desigualdad territorial. «Mientras tiendas ubicadas en comunas del sector oriente muestran niveles más altos de cumplimiento, en zonas como Franklin, la informalidad es mayor y la entrega de documentación válida es excepcional», explicaron desde la agrupación.

“El consumidor se enfrenta a un comercio informal camuflado»

Tras los resultados de esta exploración, desde la presidencia de la organización advirtieron que al comprar en los «malls chinos», los consumidores se enfrentan a un comercio informal, como el de los ambulantes, pero camuflados en un local.

“El consumidor se enfrenta a un comercio informal camuflado bajo estructuras físicas modernas. Que un importante porcentaje de la población compre regularmente en estos recintos no puede ser excusa para ignorar las obligaciones mínimas que establece la ley. Hay una vulneración clara y sostenida de derechos”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU.

Larenas planteó que en estos casos “no se trata solo de fiscalizar más, sino de adaptar la legislación a una realidad comercial que se mueve en los márgenes”.

“Las personas consumidoras no pueden seguir enfrentando estas asimetrías sin respaldo institucional”, enfatizó.

ODECU informó que enviará los resultados de este análisis al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la SEC, Servicio de Impuestos Internos (SII) y los tribunales competentes, “con el fin de contribuir a una discusión urgente sobre comercio informal, protección efectiva de los consumidores y equidad en el acceso a derechos básicos”.

A continuación, el informe completo: