A 11 años de la muerte de Manuel Gutiérrez: Joven de 16 años asesinado por la policía en el primer gobierno de Piñera

Era la noche del 25 de agosto de 2011, cuando Manuel- junto a su hermano que se trasladaba en silla de ruedas- observaba desde una pasarela las manifestaciones que ocurrían en la zona sur de Santiago. En ese instante, el pecho de Manuel fue impactado por el disparo de una ametralladora Uzi que le significó la muerte a sus cortos 16 años.

En esa oportunidad también salió herida otra persona, Carlos Burgos Toledo.“El carabinero que mató a Manuel se bajó del vehículo policial y disparó de inmediato hacia la pasarela. Él no se bajó a repeler un ataque, se bajó directamente a atacar”, mencionó en su momento Cristián Cruz, abogado de la familia de Manuel Gutiérrez y especialista en derechos humanos.

Manuel Gutiérrez

El joven estudiante no fue la única víctima de los disparos. Esa misma noche, otro joven, Carlos Andrés Burgos Toledo, también recibió un disparo en su hombro derecho que le causó una lesión.

Manuel era hijo de un pescador artesanal y su madre se hacía cargo de la casa. Era el menor de cuatro hermanos. “Era una persona muy alegre. Para todo tenía un chiste. Quería estudiar, sacar una carrera. En algún momento incluso quería ser carabinero para poder sacar a su familia adelante”, así recuerda Gerson a su hermano Manuel, publicaba Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos, resaltaba: “La primera reacción de las autoridades fue negar que la policía estaba detrás de los disparos, argumentando que se había tratado de un posible ajuste de cuentas entre jóvenes. Sin embargo, las primeras investigaciones concluyeron que agentes de policía habían estado involucrados en los hechos”. 

Desde el momento en que se constató la supuesta participaron de Carabineros, el caso estuvo a cargo de la Justicia Militar, que en Chile se encarga de investigar y sancionar los crímenes cometidos por Carabineros y miembros de las fuerzas armadas en acto del servicio militar o con ocasión de él. En otras palabras, conforme a la normativa chilena, conductas que podrían constituir una violación a derechos humanos, son investigados por tribunales militares. Esto pone en riesgo el derecho a un juicio justo y al debido proceso, dada la falta de independencia e imparcialidad de esta clase de tribunales, los cuales están conformados principalmente por jueces no letrados y miembros de la propia institución militar.

“Nunca había escuchado hablar de la justicia militar. No tenía idea de que existían dos tipos de justicia hasta que nos ocurrió esto,” señaló Gerson.

La investigación sobre la muerte de Manuel fue llevada adelante por el Segundo Juzgado Militar de Santiago.

El 6 de mayo de 2014, después de casi tres años, el tribunal condenó al ex sargento Miguel Ricardo Millacura Cárcamo, autor de los disparos, a tres años y un día por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte del menor Manuel Gutiérrez, y a 60 días por el delito de violencias innecesarias causando lesiones menos graves al otro joven que fue herido. El tribunal resolvió sustituir las penas privativas de libertad y establecer un régimen de libertad vigilada por tres años y 61 días. Por su parte, una subteniente que fue procesada como encubridora por los delitos, fue absuelta.

Para la familia de Manuel y para sus abogados la sentencia del tribunal militar muestra un sesgo de protección hacia los uniformados. Para ellos, una condena de poco más de tres años con el beneficio de la libertad vigilada y la absolución de quien habría actuado como encubridora de los hechos, no guardan proporción con la entidad del crimen y envía un mensaje débil acerca de cómo Chile responde a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública.

“La pena podría haber sido de hasta 20 años, acorde a las características y circunstancias. Si bien el tribunal ha desestimado la legítima defensa, como alegaba el acusado, ha aplicado la circunstancia atenuante de colaboración eficaz con la investigación, lo que es falso y sólo buscaría favorecer al principal inculpado. Además, lo favorecieron al no aplicar ninguna de las agravantes contempladas en la ley, por eso apelamos. ¿Cómo puede el tribunal haber considerado como atenuante el haber colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos cuando el sargento inicialmente negó a sus superiores la utilización del armamento durante la noche de los hechos, limpió el arma y le repuso municiones para impedir que se descubriera que él la había usado?,” mencionó Cristián Cruz, abogado de la familia de Manuel.

La decepción de la familia con la justicia chilena ha sido aun mayor al ver que el 7 de mayo de 2015, la Corte Marcial (tribunal de apelación) redujo sustancialmente la sentencia a 461 días de pena remitida por considerar que los hechos no demostraron el propósito de impactar en una persona y, consecuentemente, constituyen un “cuasidelito de homicidio”, que implica una pena menor. La familia apeló ante la Corte Suprema en un recurso de casación y en diciembre de 2015 este recurso fue rechazado, con lo que el alto tribunal confirmó la condena impuesta por la Corte Militar.

La familia no ha sentido que a la fecha haya recibido una reparación adecuada por el crimen. Para ellos ha habido falta de apoyo efectivo por parte de las autoridades, falta de atención psicológica, ausencia de asistencia económica y, menos aún, justicia. El Estado chileno tiene la obligación, bajo el derecho internacional, de reparar el daño causado por sus agentes.

“No queremos que vuelva a ocurrir lo mismo. No queremos otro Manuel. Sabemos lo que se siente perder un ser querido, perder un hijo, un hermano, un nieto, perder un tío en el caso de mi sobrino. Es el dolor más grande que se puede sentir,” afirmó Gerson a Amnistía.

Ver publicación

«Manuel Gutiérrez, mi hermano» por Jacqueline Gutiérrez

No sabía que existían dos justicias. Así se titula un informe publicado por Amnistía Internacional en abril de 2016. Esa frase fue extraída de una entrevista dada por Gerson Gutiérrez, mi hermano, hermano de Manuel Gutiérrez, asesinado por el sargento segundo Miguel Millacura en agosto de 2011.

Así nos encontró el asesinato de Manuel, sin saber que en Chile existían de verdad dos justicias y a nosotros nos tocó la peor.

Cuando la justicia ordinaria se declaró incompetente en el caso de Manuel, supimos acerca de la Justicia Militar. Desde ese momento todo cambió para nosotros, aunque debemos ser honestos y admitir que la fiscal a cargo de la investigación hizo un muy buen trabajo, dado que en su informe final indicó que el delito y las faltas cometidas eran merecedoras de una pena que partía en los 10 años de presidio.

Lamentablemente, eso no fue lo que pensó el Tribunal militar, quienes sentenciaron 3 años y un día de presidio, ya que, según ellos, en el actuar Millacura no hubo dolo, es decir, no hubo intención de matar, y además el carabinero había cooperado con la investigación, pasando por alto las pruebas irrefutables que demostraban que Millacura y sus cómplices, escondieron evidencia, limpiaron escenas e incluso alteraron libros de la comisaría para encubrir al asesino.

Con la esperanza de justicia marchita, pero no muerta, apelamos la Corte Marcial, quienes no contentos con el daño ya causado rebajaron la pena a 461 días de pena remitida, dictamen con el cual Millacura quedaba hasta sin antecedentes penales.

Derrotados, pero no destruidos volvimos a creer que la justicia era posible, pero esta vez la historia no sería distinta.

Interpusimos un recurso de casación ante la Corte Suprema que buscaba revertir el fallo anterior a los 3 años y 1 día o, en el mejor de los casos, aumentar la pena a una que partiera en los 5 años y poder lograr que el asesino pagara con cárcel. Pero éstos otra vez reiteraron el fallo de 461 días.

Esta vez la justicia nos cerró la puerta en la cara para siempre y nos recordó que en este Chile aún está muy presente lo que pasó en dictadura. En este Chile hoy como ayer existen los ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. En este Chile no existe la justicia para el pobre, para el poblador, para el trabajador, para el que lucha.

Por Jacqueline Gutiérrez, Publicado en Verdad Ahora