A 49 años del golpe de estado: Crímenes de lesa humanidad, Constitución fáctica y el saqueo de un País
Masacres, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones, conspiraciones, crímenes contra miles de personas cuya acción fue para el control del estado y para el saqueo de un País a favor de un selecto grupo económico.
El golpe del 11 de septiembre de 1973 y todo el periodo de la dictadura cívico militar en Chile hasta 1990, impuso un modelo y régimen político que sigue reinando hasta el presente, basado en la privatización de la naturaleza como las aguas, mar, la explotación minera, la explotación forestal, la explotación pesquera y acuícola, como también, en la mercantilización de la educación, la salud y el sistema previsional.
Dictadura y crímenes de lesa humanidad
No existe unanimidad respecto al número real de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Chile, sin embargo se estima en 40.280 personas entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura –más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.
La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos y/o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197 en el País.
El informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una mesa de diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.
El año 2002, Codepu daba cuenta de la historia de 10 mujeres detenidas desaparecidas embarazadas: Cecilia Miguelina Bojanic Abad (23 años), María Cecilia Labrin Lazo (25 años), Nalvia Rosa Mena Alvarado (20 años), Reinalda del Carmen Pereira Plaza (29 años), Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra (27 años), Michelle Peña Herreros (27 años), Diana Arón (24 años), Gloria Lagos Nilsson (28 años).
El Informe Rettig, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), señaló 307 casos de menores de 20 años ejecutados por agentes de la dictadura de Pinochet, entre los cuales se encuentran niños de seis meses hasta adolescentes. El informe presenta 75 casos de niños detenidos desaparecidos, de los cuales se reconocen 26 casos de niños asesinados por militares durante la dictadura.
Un informe de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche) junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos el año 2016, identificó 171 los casos de personas la Nación mapuche asesinadas/desaparecidas por la dictadura militar. Entre los casos documentados, está el de una lactante menor de 1 año y el de una señora de 73 años asesinadas por agentes del estado. También se hace referencia al caso de un hombre y su familia que vivían en el sector Montaña Recortada comuna de Lautaro. Al momento del secuestro del comunero, encerraron en el domicilio a su mujer y sus siete hijos, tras lo cual prendieron fuego a la casa. Los familiares de la víctima apenas alcanzaron a salvar sus vidas gracias al auxilio prestado por vecinos que alcanzaron a llegar.
Los 171 casos de personas mapuche asesinadas/desaparecidas por la dictadura militar
Se estima en más de 250.000 las personas detenidas durante los primeros días del golpe y más de 200.000 mil personas exiliadas a diferentes países del mundo.
Luego de la primera entrega del informe de la Comisión Valech, el año 2006 en el gobierno de Ricardo Lagos, la comisión Valech oficializó el 2011 un nuevo documento, actualizado a esa fecha, el que contemplaba 32 mil nuevos casos de violaciones a los Derechos Humanos.
La cifra superó con creces las expectativas de la investigación, por lo que su plazo debió extenderse por seis meses, resultado que acreditó 9 mil 800 nuevas víctimas directas de torturas y prisión política, que se suman a las 27 mil 255 reportadas inicialmente, además de 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los 3 mil 195 certificados en la primera versión del documento.
Uno de los casos de conmoción que se recuerda, fue el ocurrido el miércoles 12 de septiembre, cuando fue detenido el cantautor Víctor Jara, junto a cientos de estudiantes y profesores en la Universidad Técnica del Estado, quien después de cuatro días de torturas, fue asesinado a disparos en el antiguo Estadio Chile.
Creyeron que te
mataban con una orden
de ¡fuego!
Creyeron que te
enterraban
Y lo que hacían
era enterrar una semilla.
Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense
Lo de Víctor Jara fue un ejemplo de la crueldad contra miles de personas: El cuerpo del cantautor chileno tenía 44 impactos de bala: 2 en la cabeza, 6 en las piernas, 14 en los brazos y 22 en la espalda. Los últimos detenidos que lo vieron con vida han dicho que estaba muy golpeado, con la cara hinchada y sus manos fracturadas.
Estando preso escribió su último poema y testimonio: Somos cinco mil, también conocido como Estadio Chile.
Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil
¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país?
Solo aquí
diez mil manos siembran
y hacen andar las fábricas.
¡Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura!
El saqueo del País
725 era el número de compañías en manos del Estado al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos privilegiados por la dictadura.
Se estima también, que, al menos, se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30 empresas más grandes. Estos montos, de acuerdo al porcentaje del PIB, corresponderían hoy a unos 6.000 millones de dólares, según señalaba un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el año 1991 en medio de diversos sabotajes, el que fue complementado y reactualizado durante 2004/2005, que además incluyó el servicio de las deudas a grupos privados, el otorgamiento de créditos sin garantía, la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que se desarrollaron durante la dictadura.
Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas e incluso parientes, como el yerno del dictador, Ponce Lerou, con la empresa Soquimich que significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares, dicta el informe parlamentario.
Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicaba el diputado Carlos Montes sobre este informe.
Por otra parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor de grupos aliados o también llamados co gobernantes. Cierre de medios de comunicación, empresas de servicio, energía, entre otras. Finalmente, la imposición del modelo neoliberal impuso marcadamente una pirámide, encabezada por grupos económicos como Angelini, Luksic, Paulman, Matte, Edwards y luego, nuevas generaciones se van agregando, como Ponce Lerou, Piñera, entre otros.
El dictador Augusto Pinochet por su parte, murió con una fortuna estimada en 26 millones de dólares, cuya mayoría provino de la apropiación de dineros de la compraventa de armamentos y de la malversación de fondos públicos. Sin embargo, buena parte de su fortuna habría estado vinculada por los favores concedidos a los grupos económicos que han saqueado al País.
En los últimos años se han destapado diversas prácticas de colusiones empresariales (Celulosas papeleras, Afps, farmacias), robos de miles de millones de pesos de arcas fiscales por parte de altos mandos de Carabineros (Pacogate) y de militares al fondo reservado del cobre (Milicogate), como también, las denuncias e incluso condenas por diversos actos de corrupción entre sectores empresariales y políticos como: Casos Penta, Soquimich, Caval, Ley de pesca, entre otras, actos de delincuencia que precarizaron los derechos sociales de la población y que ha involucrado a diversos partidos políticos que por décadas han sido parte del sistema político del oligopolio.
La Constitución fáctica
La Constitución Política que aún rige, fue impuesta de manera coercitiva por la dictadura, excluyendo o limitando derechos humanos, siendo la herramienta principal que ha sostenido el brutal y violento modelo económico neoliberal.
Si bien la Constitución en su base de la institucionalidad hace referencia que el estado está al servicio de las personas y su finalidad es promover el bien común, esto en la práctica no sucede, porque diversos derechos humanos han sido privatizados para potenciar privilegios de ciertos grupos de elite los que se contraponen al bien común.
Asimismo, la carta magna hace referencia de la seguridad nacional, que su administración está descentralizada o desconcentrada, sin embargo, Chile enfrenta una serie de despojos a favor del interés corporativo privado y afuerino transnacional, su funcionalidad es radicalmente centralizada y la soberanía ha sido extendida a intereses económicos particulares.
La Constitución no reconoce la realidad sobre la diversidad de los pueblos que habitan Chile. Es etnocentrista, homogenizante, unicentrista y colonial. La existencia de un estado no es igual a la existencia de una sola Nación. Se niega y excluye la existencia de los Pueblos y Naciones originarias cuya existencia antecede en miles de años a la formación del estado.
La Constitución Política ha restringido una serie de derechos , no establece mecanismos que protejan el conjunto de estos, para que puedan ser reclamados y garantizados debidamente por y ante las instituciones estatales. Las actuales garantías constitucionales en su artículo 19, excluye una amplia cantidad de derechos humanos, hace referencia a un listado de derechos individuales fundamentales y sólo otorga a algunos de ellos posibilidades reales de ser reclamados, como el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley en algunos casos, según criterios de jerarquía.
En la Constitución Política el derecho a la propiedad se encuentra protegido de manera preferente y no se asegura que el estado resguarde derechos sociales de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos, sino que los ha endosado al uso y abuso de su administración de entes privados en temas tan elementales como salud, vivienda, educación y previsión, cuyo ejercicio de estos derechos no se encuentra debidamente garantizados para la población, a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado tiene.
Asimismo, este régimen y modelo ha permitido entre otras cosas la privatización de los bienes naturales. Por ejemplo, el derecho humano al agua, que si bien es considerado de uso de “todos los chilenos (as)”, se otorga su uso a empresas mineras, agroexportadoras, energía y transnacionales; lo que produce una escasez de este vital elemento y un alto costo del servicio para las personas.
La Constitución, incluyendo las reformas efectuadas en tiempos post dictadura, está lejos de cumplir con principios y valores humanos y democráticos sobre justicia, equidad, igualdad, libertad, paz social y reparación.
La Constitución Política que actualmente ha regido en Chile, fue hecha para fomentar el saqueo y privatización del País de diversos bienes, servicios y de la naturaleza a favor de grupos económicos, de oligarquías, coartando una serie de derechos de los Pueblos y personas.
Por Alfredo Seguel
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