A 55 años de la nacionalización del cobre: Así se gestó la histórica medida para Chile y que hoy exige ser defendida

A 55 años de la nacionalización del cobre:

Desde inicios del siglo XX, los principales yacimientos de cobre de Chile —El Teniente (Kennecott Copper) y Chuquicamata (Anaconda Copper)— eran explotados por capitales norteamericanos, que se beneficiaban de forma casi exclusiva de las utilidades del mineral. En los años 50 surgieron críticas al bajo aporte de estas compañías a la economía nacional, y en 1961, el senador Salvador Allende presentó un proyecto completo de nacionalización del cobre, junto a otros seis senadores socialistas.

El gobierno de Eduardo Frei Montalva inició en 1964 la «chilenización del cobre», que permitió al Estado controlar el 51% de la propiedad de las grandes mineras, y luego la «nacionalización pactada». Con la elección de Salvador Allende, el 21 de septiembre de 1970 se envió al Congreso la ley N° 17.450, que modificaba la Constitución de 1925 y establecía que «el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas».

El día de la aprobación unánime

El 11 de julio de 1971, el Congreso Pleno aprobó por unanimidad y con muy pocas modificaciones la reforma constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre, en lo que se considera «el mayor triunfo político y económico alcanzado por el movimiento obrero y popular chileno durante el siglo XX». Ese mismo día, el presidente Allende realizó una concentración con mineros en El Teniente, donde planteó que la nacionalización del cobre era «la segunda independencia nacional».

Con la nacionalización, las minas Chuquicamata, Andina, Salvador, El Teniente y Exótica pasaron a ser propiedad del Estado. En 1971 se creó la Corporación del Cobre de Chile, y en 1976 se dividió en Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile, como empresa productiva) y Cochilco (Comisión Chilena del Cobre, como organismo técnico). La contribución de Codelco al Estado entre 1971 y 2023 corresponde a 158 mil millones de dólares, el 8% de los ingresos del gobierno central en dicho período.

La voz de los trabajadores hoy

La Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre señaló en un comunicado: «HOY 11 de julio, conmemoramos y abrazamos un sueño cumplido hace ya 55 años, cuando el presidente Salvador Allende impulsó la Nacionalización del Cobre, logrando incluso su aprobación unánime en el congreso. Así se conquistaba el llamado Sueldo de Chile para el financiamiento de políticas públicas y sociales, lo que finalmente, la dictadura eliminó, instaurando el sistema neoliberal que permitió la desnacionalización de este recurso minero que no solo sostiene a un país, sino que ha sostenido a millones de familias chilenas. Por ello reivindicamos la Recuperación y Renacionalización del Cobre para Chile».

La dirigencia sindical advierte que, aunque Codelco permanece como empresa estatal, la mayor parte de la producción nacional de cobre se encuentra hoy en manos de grandes corporaciones transnacionales como BHP, Anglo American, Glencore y Freeport-McMoRan. Además, actualmente alrededor del 80% de quienes trabajan para Codelco corresponden a empresas contratistas, y en el conjunto de la gran minería la subcontratación alcanza aproximadamente el 75% de la fuerza laboral.

La tarea pendiente

La Confederación reivindica la renacionalización de la gran minería y el término del régimen de subcontratación: «Renacionalizar el cobre, terminar con el subcontrato y poner la minería bajo control de los trabajadores». Para los trabajadores, la propiedad estatal no basta si la empresa reproduce relaciones capitalistas de explotación mediante la tercerización, menores salarios y mayor precariedad. A 55 años de la nacionalización, la principal riqueza del país vuelve a encontrarse mayoritariamente bajo el control del gran capital privado.

La lucha por el cobre no es solamente una discusión sobre recursos naturales, sino una disputa entre clases sociales por quién controla la principal riqueza del país. Los trabajadores recuerdan que la nacionalización de 1971 fue arrancada por la movilización de la clase trabajadora, y que la tragedia ocurrida en El Teniente en 2025, donde seis trabajadores contratistas perdieron la vida, demuestra que el modelo de subcontratación sigue siendo una deuda pendiente. «Solo una economía planificada y controlada por los trabajadores y las comunidades puede resguardar la vida, los recursos naturales y los ecosistemas» 

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