Abogado de diputada Cariola acusa violación de garantías y desestima filtraciones: ‘Son antecedentes sin valor legal’
El abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, aseguró este jueves que las últimas filtraciones ilegales provenientes de la investigación que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, “ya habían sido desestimadas” como delitos por el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, ya que “no existían antecedentes para establecer una posible participación ni en cohecho ni en tráfico de influencias”. Esto, de acuerdo a la resolución del juez Patricio Álvarez del pasado 23 de abril, consignó Radio Nuevo Mundo.
Para la defensa, de acuerdo a publicación de Nuevo Mundo, esta nueva filtración “tiene por objeto quizás afectar reputacionalmente a la diputada Karol Cariola”. Asimismo, enfatizó que la divulgación de dichos antecedentes “constituye una violación a la cautela de garantías que impide a la Fiscalía y a la PDI reutilizar conversaciones personales mientras no se termine la pericia que fue ordenada en marzo”, agregando que esta “evidentemente se encuentra pendiente”.
En ese sentido, Manríquez señaló a Radio Nuevo Mundo que “a juicio de la defensa los antecedentes divulgados no tienen ningún valor legal” y, además, reiteró que “constituye una evidencia completamente ilegal”. Estas declaraciones buscan contrarrestar lo que califican como una “arremetida comunicacional” en contra de la parlamentaria del distrito 9.
El abogado recordó que el tribunal ya había descartado los cargos en abril, subrayando que no había pruebas para sustentar acusaciones de cohecho o tráfico de influencias. Sin embargo, las filtraciones persisten, lo que para la defensa refleja un intento de vulnerar el debido proceso y presionar mediáticamente a Cariola, resalta Nuevo Mundo.
La situación ha generado críticas hacia la Fiscalía y la PDI, acusadas de reutilizar información protegida por secreto de sumario. Manríquez insistió en que la difusión de estos datos “carece de sustento jurídico” y pidió respeto a las resoluciones judiciales vigentes, advirtiendo posibles acciones legales por la filtración.
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