Activistas Alberto Zerda y John Rees exponen su apoyo a Julian Assange

Julian Assange cumplirá 50 años en Londres, este 3 de julio, mientras aguarda en prisión la decisión sobre el recurso de apelación presentado por EE.UU. contra el bloqueo judicial a su extradición, respaldado por una intensa campaña pública de muchos que temen por su vida y piden su liberación.

Injusto e inhumano

«Como latinoamericano residente en Londres, me enardece el trato injusto e inhumano que el sistema de justicia británico le ha dado a Julian Assange», denuncia Alberto Zerda, activista colombiano de Derechos Humanos.

El cofundador de WikiLeaks está retenido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, sin cargos pendientes ante la Justicia británica desde otoño de 2019 y pese a que el tribunal de primera instancia de Westminster falló en enero en contra de su entrega a Washington.

«Es un abuso del recurso de «habeas corpus», en el espíritu sino en la doctrina, mantener a alguien en prisión una vez que la jueza revocó la petición de extradición. Julian debería estar al menos en libertad condicional», expuso John Rees, destacado líder de la izquierda británica y coordinador ‘Don´t Extradite Assange’ (DEA, No extraditen a Assange).

Zerda subraya que el exeditor de la pionera plataforma de comunicación «nunca ha sido acusado de cometer delito alguno» y está confinado en una celda en un «lugar exclusivo de reclusión de terroristas y criminales. El único ‘crimen’ que Julian ha cometido ha sido el de publicar en WikiLeaks la verdad acerca de crímenes de guerra, tortura, corrupción, manipulación de elecciones, etc., por parte de los EE.UU.», añade.

Héroe o traidor

Washington reclama a Londres la entrega del nacional australiano para juzgarle por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros 17 por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje. Se trata, según las autoridades estadounidenses, de la «mayor filtración de documentos» oficiales, cuya difusión presuntamente comprometió la seguridad nacional y puso en riesgo a sus colaboradores.

Las 18 imputaciones están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de la guerra de Afganistán, 400.000 de Irak, 250.000 cables del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre Guantánamo. En ellos se documentan aparentes abusos por los que nadie ha sido condenado.

Desilusión con Biden

La Administración del presidente Joe Biden sigue adelante con el recurso contra la sentencia de la magistrada de Westminster, Vanessa Baraitser, que bloqueó la extradición en enero por miedo a que la frágil salud mental de Assange quebrara fatalmente en una cárcel estadounidense. «Es frustrante», admite Rees en una entrevista telefónica.

El historiador y cofundador de ‘Stop the War’ (Parad la Guerra) recuerda que el jefe de la Casa Blanca «formaba parte de la Administración de Barak Obama» que rechazó imputar al patrón de WikiLeaks debido al llamado «problema del New York Times». Se refiere a la Primera enmienda de la Constitución de EE.UU., que ampara la libertad de prensa, y al hecho de que WikiLeaks publicó la mayoría de los miles de informes confidenciales en coordinación con grandes medios nacionales, desde el NYT a El País o The Guardian.

El caso está ahora pendiente de la decisión del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales al recurso de apelación solicitado por EE.UU. Pero el entorno de Assange alberga pocas esperanzas de que los jueces tumben la petición antes del anticipado juicio. «Siempre es posible, pero improbable. Los tribunales británicos son propensos a consentir las peticiones de EE.UU.», observa Reed.

La muerte en una cárcel española del magnate John McAfee, después de que se autorizara su extradición a EE.UU., ha recrudecido el temor por el futuro de Assange. «Es preocupante. La jueza dictó que Julian no está en condiciones de soportar el sistema penitenciario americano, pero todos sabemos que Belmarsh es opresivo y peligroso, y todo se eliminaría inmediatamente si le concedieran la libertad condicional», añade.

Última responsabilidad

La familia y defensores del australiano cargan en el Gobierno y otras autoridades del Reino Unido la responsabilidad de un hipotético desenlace prematuramente trágico. El coordinador de DEA menciona el informe del relator especial de la ONU sobre Tortura, Nils Melzer, que concluye que Assange ha sufrido «tortura psicológica» en los últimos 12 años de privacidad de libertad, en Belmarsh y antes como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.

«Estamos en una situación que el relator de la ONU ha descrito de «tortura psicológica» y las personas que aplica la tortura son los culpables», afirma el académico y coautor de ‘A People´s History of London’ (Una historia popular de Londres).

Zerda, a su vez, denuncia el «aberrante» sistema judicial británico, que frenó la entrega de Assange «basándose exclusivamente en su delicado estado de salud, muy deteriorado debido a la tortura psicológica y al régimen de total aislamiento al que ha sido sometido», para luego retenerlo en prisión.

Peligro de muerte

«La jueza rechazó la posibilidad de concederle la libertad bajo fianza manteniéndolo encarcelado en el mismo sitio donde se ha exacerbado sus problemas de salud durante la pandemia del COVID y donde Julian podría correr el riesgo de morir», protesta el activista colombiano.

Políticos, periodistas y otros profesionales y defensores de los Derechos Humanos y la Libertad de prensa están desarrollando un abanico de actividades y actos de protesta a lo largo de la semana, que en Londres culminarán con un «picnic» en la plaza del Parlamento y una vigilia en Belmarsh en el 50 cumpleaños de Assange.

Cortesía de Lourdes Gómez