Acusan a padres de vender a su hija de 12 años para casarla con otro menor en España: Arriesgan cárcel por delito de trata de seres humanos

Un caso de matrimonio infantil conmociona a España, padres de una niña de 12 años están siendo acusados de venderla para casarla con el hijo de los compradores.

En la Audiencia Provincial de Madrid se desarrolla el juicio contra dos parejas de padres de nacionalidad rumana y etnia gitana, que están formalizados por un delito de trata de seres humanos con fines de servidumbre por el que la fiscal solicita en sus conclusiones provisionales siete años de prisión para cada uno de ellos.

En su declaración ante el juez, el padre de la niña a la que presuntamente vendieron a cambio de casarla declaró que ambos menores se conocieron a través de redes sociales porque se gustaban aunque se conocían «de vista» ya que todos provienen del mismo pueblo de Rumanía.

Indicó o que «nunca se habló de dinero» sino que acordaron con los padres del joven enviarla a España para que pudieran seguir conociéndose y aprender español.

«Creo que no existe padre alguno que pueda obligar a su hija a hacer algo así», dijo en referencia a la acusación de la fiscal.

Por su parte, la madre de la menor afirmó que fue su hija la que le pidió ir a España a conocer al joven.

Sin embargo, el testimonio de un policía nacional encargado de la investigación corroboró que la menor fue vendida y relató que en el momento de tomarle declaración la niña terminó por aceptar que lo que estaba pasando «no estaba bien». Incluso, señaló que la niña acabó diciendo: «Mi padre me ha vendido».

Además, el policía reveló que la menor no tenía «acceso a ningún teléfono móvil ni a un dispositivo que le permitiera comunicarse con el exterior» y que cuando se comunicaba lo hacía a través del teléfono celular de su pareja.

Entre otros hechos que han salido a la luz, figuran que la menor no salía de la casa si no era acompañada del chico, o de sus suegros. Asimismo, sus padres cedieron un poder a sus consuegros para que esta pudiera salir del país con ellos y con “su esposo”.

Con relación a la desescolarización de la menor cuando ya vivía en España con el joven y sus padres, estos argumentaron que querían inscribirla en una escuela privada, pero que «no había plazas» y tuvieron que esperar.

Entregaron a su hija en matrimonio a cambio de dinero

Según los padres de ambos menores, todo habría comenzado en redes sociales, cuando ambos se contactaron.

Según el fiscal, los padres acordaron entregar a su hija a un matrimonio de compatriotas «a cambio de una cantidad de dinero que no se ha podido determinar» con el objetivo de que viviera con su hijo, también menor, en una relación conyugal aceptada «por haber sido educada en la creencia de que eso era lo normal y lo que se esperaba de ella».

La menor, que vivía en Alemania con su madre, estuvo sometida al control del matrimonio, que pretendía llevarla a España a vivir con ellos «separándola de su familia biológica y desescolarizando a la menor, que no hablaba nada de español y nunca había estado en España».

Niña fue sometida a la prueba del pañuelo para confirmar su virginidad

Los cuatro adultos emprendieron los preparativos apara concretar la boda lo antes posible, pero la situación no fue para nada sencilla, sobre todo para la menor. Antes de dar el paso, tuvo que pasar por un denigrante procedimiento para demostrar su “pureza” , la llamada prueba del pañuelo, que es común en la cultura gitana.

Se trata de la introducción del pedazo de tela en la vagina de la joven o mujer, para ver si recoge sangrado al romperse el himen, según lo describe el medio español El País.

Así, el 22 de junio de 2022, tras someter a la menor a la prueba del pañuelo que acreditaba su virginidad, la chica fue obligada a mantener con el hijo de los acusados una relación análoga a la conyugal con relaciones sexuales completas, «aceptando la menor ésta situación por haber sido educada en la creencia de que eso era lo normal y lo que se esperaba de ella», se reveló en el juicio.

Un día más tarde los padres de la menor acudieron a una notaría en Rumanía para manifestar que su hija pasaría a vivir con M. R. y que desde ese momento, y hasta el año 2024, autorizaban a su hija a viajar por el extranjero acompañada de la acusada.

Por ello, el 24 de junio de 2021 se celebró en Rumanía una gran fiesta para celebrar el enlace de los dos menores. Dos días más tarde, la pareja que compró a la menor se la llevaron desde Bucarest a Madrid y la alojaron con ellos en un piso en Mejorada del Campo.

Desde entonces, y hasta la fecha de la entrada y registro que tuvo lugar el 4 de octubre de 2021, la menor permaneció sin escolarizar, compartía habitación y cama con el joven, con quien mantenía una relación análoga a la conyugal.

Además, su documentación (pasaporte y partida de nacimiento) estaban en poder de los padres del joven.

Segunda boda en España

Tras varios meses de “vida conyugal”, en septiembre de 2021 los menores se trasladaron hasta España, específicamente en Sevilla. La elegante Hacienda Atarazana, fue arrendada para llevar a cabo la segunda boda simbólica, con varios invitados que celebraron la unión.

Los que no estaban invitados eran un grupo de elementos de la Policía Nacional, quienes vigilaban afuera de la propiedad, observando cada movimiento de la recepción y evidenciando que los progenitores subían material de la fiesta a sus redes sociales.

En España, 2014 era permitido que adolescentes de 14 años se unieran en matrimonio. Un año después, las reformas a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, dispusieron que fuera a los dieciséis años, siempre que se solicite la emancipación de los progenitores, lo cual no es la situación descrita en este caso.

Según las conclusiones provisionales de la fiscal, L.A. y S.O.M. acordaron entregar a su hija a C.A. y M.R. a cambio de una cantidad de dinero que no se ha podido determinar para que viviera como pareja de su hijo, que tenía 15 años.

Los padres de los jóvenes podrían pasar 7 años en la cárcel por el delito de trata de seres humanos. Asimismo, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen a la menor con 30.000 euros por los daños morales causados.

Los agentes policiales que han comparecido al juicio revelaron que, el 14 de octubre de 2021 la menor escapó con su pareja a Rumanía y no han vuelto a recibir «noticias» de ella.

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