Alex Romaguera: «En España parece haber dos tipos de víctimas, unas reconocidas por el Estado y otras que parecen invisibles ante la ley y la sociedad, aún en estos días»

Por Susana Susana Carrasco

Contradiciendo buena parte de las directrices que promulgan las Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras entidades, en España prevalecen leyes que han impedido un proceso de justicia transicional que reconozca y repare los daños a todas las víctimas de la dictadura franquista, hasta hoy. Y un proceso que ampare, también a las víctimas que hoy en día han sufrido atropellos a los derechos humanos por parte de los cuerpos policiales, en las movilizaciones sociales posteriores al franquismo. Fenómeno que se explica, según el periodista Alex Romaguera, por “un hilo de continuidad entre el franquismo y la democracia”. 

Según cuenta Romaguera, no hay una directiva del Estado para que se abran las fosas comunes donde hay más de 100.000 personas enterradas de la represión franquista, que es una cosa que no pasa en otro lugar del mundo. Confiere a los municipios la iniciativa de destapar, y las entidades pues que puedan abrir una fosa y exhumar a los cadáveres. Existe también, el Valle de los Caídos, que está en Madrid. Es una estructura religiosa, un monumento con una cruz a los Caídos. Esto fue una construcción que hicieron los presos republicanos por encargo del franquismo, buena parte de los presos republicanos que tuvo en su mano les encomendó, se fueron obligados a construir eso dentro de la misma montaña. Pues esa estructura que es una veneración a la dictadura aún se hacen misas en honor a Franco. 

Es como si en Alemania hubiera un santuario que exalta la figura de Hitler. Pues el gobierno español o la izquierda no se ha atrevido a demoler o a resignificarlo. En ese santuario hay más de 30.000 republicanos enterrados allí, o sea, y muchos familiares lo que están pidiendo es que se exhumen los cadáveres para poder enterrar a sus familiares. Llevarlos a casa, enterrarlos en sus respectivos municipios. Pues allí es donde estaba enterrado Franco, y hace unos años hubo un acto para sacar la figura de Franco de alguna forma “desfranquizar” esa zona. Y Franco ahora está en un cementerio, pero esa zona continúa siendo un espacio de peregrinaje de los simpatizantes de la dictadura. 

Cada 20 de noviembre, que es la conmemoración de la muerte de Franco, van allí y hacen exaltaciones al dictador y tal. En lugar de demoler esa estructura, el Estado lo único que ha conseguido es que se retire los restos de Franco, para que así pierda un poco ese significado. Pero desde la izquierda, desde sectores de izquierda, quieren que aquello también sea un espacio de memoria para que se recuerde lo que las atrocidades que cometieron en la dictadura, y esto no ha pasado. O sea, cuesta mucho por parte de la izquierda hacer pasos en esa línea.

Lo primero respecto de las víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que siguen sin reconocimiento. En España no ha existido la posibilidad de lograr un reconocimiento legal a los hechos ocurridos en la dictadura en España. ¿Ningún gobierno del posfranquismo se vio presionado para ello? 
Claro, a ver, hay dos leyes fundamentales. Una es la Ley de Memoria Democrática del año 2022, que aprueba el gobierno actual de Pedro Sánchez. El gobierno socialista con el apoyo de Podemos, que lo que hace es un reconocimiento a las víctimas del franquismo. Ya, de acuerdo. Lo que pasa que este reconocimiento no implica un proceso de justicia y de reparación. De justicia me refiero a un encauzamiento de los criminales o de los responsables de la represión. 

Por qué?
Porque en el Estado español aún está vigente la ley de amnistía del 77, del año 1977, que se aprobó. Fue una, bueno, había una demanda por parte de sectores de la izquierda como represaliados, pero después también la derecha franquista, para pasarla a la democracia, forzó esa ley porque exoneraba, quedaban impune todos los crímenes desde el alzamiento franquista del 36 hasta la actualidad. Entonces, esa ley del 77 aún está vigente, contradiciendo el mandato de los relatores de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, por Amnistía Internacional, incluso por algunas fuerzas de izquierda que piden, y entidades memorialísticas, que piden que esta ley se derogue. Para facilitar el encauzamiento de todos los represores y los funcionarios franquistas, muchos de los cuales continúan operando. 

De hecho, también, aparte de esto, tienes que tener en cuenta que aún está vigente la Ley de Secretos Oficiales del 68. Es una ley aprobada durante la etapa de Franco, a finales del tardofranquismo, que faculta al gobierno, sea del color que sea, a mantener, como dice el nombre de la ley. La Ley de Secretos Oficiales puede tener más de 50 años sin desclasificar documentos de crímenes, y esto ha permitido que no se pueda enjuiciar, identificar los criminales de muchos de los casos que han sucedido en la etapa franquista y después. Por eso sí que hay un reconocimiento simbólico de algunas víctimas, pero en ningún momento hay una comisión de la verdad que permita localizar, identificar y encauzar a todos los criminales de esa época. De ahí precisamente lo que te comentaba, que los casos de franquismo a partir de la Comuna, que es un colectivo, a partir de, por ejemplo, las víctimas del Marzo del 76, los familiares de Yolanda González, los familiares de Salvador Puchantí, que fue ejecutado en el 73, y así bastantes más, han llevado su caso a la Argentina, donde la juez María Servini está intentando encauzar a los responsables políticos de aquella época que aún están vivos, pero el Estado español pone muchos impedimentos, claro, y en virtud de esa ley del 77, pues aquí no hay manera de abrir esa tapa.

Y en la actualidad, digamos, ¿no hay intentos de actualizar leyes o hacer alguna ley nueva?
Después En el 1999 se aprobó la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, que son las víctimas cometidas desde el año 68 hasta la actualidad. Esta ley solo reconoce las víctimas causadas por los grupos insurreccionales que combatían contra el franquismo y que también algunos continuaron actuando durante la mal llamada transición o la actual etapa posfranquista, bueno, de la España constitucional, como es el caso de ETA, el GRAPO y grupos yihadistas, grupos islamistas. Esta ley del 99 en cambio, no reconoce como víctimas del terrorismo a las causadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y tampoco a muchas víctimas de la guerra sucia, como las víctimas del GAL o de grupos parapoliciales. Entonces, aquí hay una segunda anomalía, ya no son las víctimas del franquismo, o sea los responsables del franquismo, de los que cometieron las atrocidades durante el franquismo, sino también la etapa democrática, solo son reconocidas como víctimas oficiales, con lo que conlleva a nivel de reparación de tipo psicológico, económico, y una insignia y una indemnización y tal, las víctimas de ETA, y otros grupos insurreccionales.

Lo que pasa que, claro, todas las víctimas cometidas por las fuerzas policiales, por ejemplo, hay casi 500 de fuerzas policiales y violencia ultra, ultraderecha, durante la transición y en la actual etapa democrática. Todas estas víctimas no están amparadas por la ley, no están reconocidas. 

Hay dos tipos de víctimas.
Y solo algunas de ellas han logrado, a petición personal, pues que se les vaya reconociendo. Lo que pasa que, esta es la segunda parte, aquellas que han sido reconocidas, el gobierno Aznar del Partido Popular, el Partido Conservador. Les negó la indemnización y la distinción como víctimas oficiales cuando dijo que son víctimas que en su momento también eran victimarios. O sea, para hacer una analogía, es como si el Estado, bueno, argentino reconociera como víctimas las muertes que causaron los cuerpos militares o policiales contra activistas montoneros. Por ejemplo. 

Y, pero con la llegada del Partido Popular, el Partido Popular dijera, de acuerdo, son víctimas, pero no se les permitirá recibir ningún tipo de ayuda ni reconocimiento porque estos montoneros a su vez habían empleado las armas o habían actuado contra el orden establecido, digo así. O sea, que por un lado las víctimas del franquismo, los responsables del franquismo, están impunes con la ley de amnistía del 77, y los cuerpos policiales y los criminales o los responsables policiales y de ultraderecha en esta etapa posterior con la ley del 99, justamente un hecho que contradice el Convenio Internacional por la Represión del Financiamiento del Terrorismo, que es una ley que aprobó las Naciones Unidas en el 99 que dice no solo son víctimas del terrorismo las causadas por grupos que actuaban contra el orden, el nuevo orden constitucional, también tienen que ser reconocidas como víctimas del terrorismo las causadas por el propio Estado. 

Entonces, esa anomalía, incluso esa ley, el Estado español la ratificó. Pero no ha habido manera de que ni el gobierno socialista ni el gobierno del Partido Popular hayan reformado esta ley para incluir como víctimas oficiales, pues, las causadas por los cuerpos policiales y muchas de la extrema derecha. Solo lo han hecho subsanado en parte el gobierno, el Parlamento Vasco y el Parlamento Navarrés. El Parlamento Vasco en el 2016 aprobó la ley de reconocimiento de los abusos policiales y de extrema derecha, y el Parlamento Navarro en el 2019 hizo lo mismo con una ley que pretende amparar a todas las víctimas causadas por las fuerzas del orden y por los grupos ultras. 

Pero la ley estatal continúa solo pensada para atender a las víctimas de ETA, del GRAPO y del Euskal Herria, y deja al margen a las víctimas causadas por las fuerzas policiales. Y en cuanto a las víctimas de la extrema derecha, puntualmente algunas sí que han sido reconocidas, pero como te digo yo, el Partido Popular, la derecha, cuando ha estado al gobierno, se ha encargado que estas no recibieran ninguna ayuda con el argumento que te decía. Que eran gente que habían empleado la violencia o también se consideran victimarios. Por tanto, no hay manera. Lo que se llama un proceso de justicia transicional, es decir, reconocer a todas las víctimas, o sea, a igual sufrimiento, igual vulneración de derechos humanos, igual reconocimiento, esto no se ha producido. 

Hay una doble vara de medir según qué víctimas son correspondientes. Que las víctimas contra el Estado sean reconocidas, pero las víctimas causadas por el propio Estado no, y siguen impunes, y muchas de ellas pues no han tenido ningún, bueno, siguen paseándose por la calle, no se les ha sometido a ningún tipo de reparación. Incluso las 27 muertes causadas por los GAL, los grupos de, los grupos que se creó a partir del Ministerio del Interior en la etapa de Felipe González, en la etapa del PSOE, Partido Socialista, entre el 82 y el 87, estos grupos paramilitares mataron a 27 personas. Pues estas víctimas, aún por la ley de secretos oficiales, no se ha encauzado a los responsables políticos. No se sabe, hubo 2 ministros que sí, en su momento, por un secuestro fueron juzgados y pasaron a prisión, aunque al año siguiente se les indultó. 

Pero la cúpula política que utilizó o creó con mercenarios y policías esa banda para, con la finalidad de acabar con ETA, no han rendido cuentas ante los tribunales. 

Ha sido un largo camino. Muy difícil.
Y en eso estamos. Hay una inequidad clarísima, no hay una doble vara de medir. Y aquí tanto, o sea, el PSOE sí que ha hecho gestos respecto al franquismo con la Ley de Memoria Democrática. Por ejemplo, que centros de tortura o centros de detención pues están siendo creados, resignificados como espacios de memoria, o ahora hace unos meses reconoció a 50 víctimas de la represión franquista, pero bueno, es un reconocimiento que no lleva aparejado una causa judicial ni una reparación, ni tampoco lo que se llama el derecho a la no repetición. 

Después de tu investigación, ¿Se despertó alguna inquietud como para contrarrestar este marco legal? ¿Para contrarrestar en algún minuto encontrar una salida, un resquicio?
Bueno, la ley de 1999, el 2011 se actualizó. Pero, en lugar de, había una esperanza por parte de los partidos a la izquierda del PSOE, como Esquerra Republicana, como Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y otras fuerzas progresistas, para qué, para intentar que se abriera el abanico.

Sí, había un interés por el Foro de la Memoria, la Asociación para la Memoria Histórica, bueno, pues muchos actores de la sociedad civil, porque esa ley abriera el abanico e incluyera como víctimas oficiales y amparara todas las víctimas causadas por los cuerpos policiales, pero No. PP y PSOE, el PP por obviamente por su, porque ya la derecha tiene muy en su ADN pues esa mirada pues represora, absolutista y de buenos malos. Y la izquierda, porque obviamente es una socialdemocracia que por un lado haces concesiones, pequeñas concesiones, pero al mismo tiempo le interesa estar bien con los estamentos policiales y los estamentos militares. Siempre con el temor de que no haya ningún tipo de involución. O sea, realmente todas las iniciativas que ha habido son incluso de respeto a la etapa franquista. 

¿Cuál sería, para ti, la raíz de este estado de continuidad y en cierto modo un negacionismo?
De hecho, claro, esto, todo esto se explica porque hemos, hay un hilo de continuidad entre el franquismo y la democracia, hasta el punto que sobre todo las estructuras judiciales y las estructuras policiales no ha habido una depuración. Piensa que en el franquismo tenía como una, como un tribunal de represión, tenía lo que se llama el TOP. Era el Tribunal de Orden Público, exacto, el TOP. 

Pues el TOP, en el año 78, cuando empieza el proceso democrático, la transición hacia la democracia, se reconvierte en lo que se llama la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción dedicado a perseguir la disidencia. Y qué pasa. Que de los 16 magistrados del TOP continuaron 10. Por tanto, se fueron a dormir como franquistas y se despertaron como demócratas. Y así con muchos altos cargos del Estado, muchos funcionarios que han seguido de la etapa franquista. 

Y por eso la continuidad de la tortura, muchos casos de tortura, pues se ha seguido empleando como herramienta de control y de represión en las comisarías, en los calabozos. Bueno, cuando ha habido detenciones, por ejemplo, el independentismo vasco, o en sectores libertarios o anarquistas, o jóvenes que participaban en protestas sociales contra políticas de la derecha. Muchos abusos y maltratos por parte de la policía. Es lo que indica que esa policía aún ha heredado las prácticas del franquismo. 

Aquí hay algo de eso en la continuidad de ciertas prácticas. Se pudo ver en la Revuelta del 2019. Respecto de eso en España, ¿ves alguna posibilidad que se luche contra este muro de blindaje?
Aquí hay toda una ofensiva por parte de grupos, todas unas iniciativas sociales memorialísticas para exigir que se derogue la ley de amnistía del 77, que las leyes estatales se reformen para incluir a las víctimas causadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se reconozca desde el Estado de forma oficial que ha habido prácticas de tortura. 

Bueno, hay muchas iniciativas en ese sentido. El tema de las fosas comunes, pero también, por ejemplo, en el Estado español aún hay, por ejemplo, abiertos temas de las empresas del IBEX 35, las grandes multinacionales que se enriquecieron con el franquismo. O cómo la Iglesia incautó, la Iglesia Católica durante el franquismo, incautó muchos bienes particulares, o se devuelvan mucha de la documentación o de las propiedades que fueron también incautadas durante el franquismo a particulares, las entidades sociales, los sindicatos. O sea, hay toda una labor. Sí, incluso lo que se llama los niños robados del franquismo, aún hay que investigar mucho en esto porque ahí están saliendo casos de niños que saben que fueron robados durante el franquismo y fueron pasados a familias benestantes.

Entonces, de esa etapa hay mucha labor a hacer para reparar todo lo que se cometió en temas de expolio a familias progresistas, como la riqueza que acumuló las empresas vinculadas al franquismo. No, es una barbaridad que aún siguen. O, por ejemplo, muchas propiedades de la familia Franco ahora, por ejemplo, en Galicia, se acaba de aprobar ahora hace una semana el recinto, era como unas torres de la propiedad Franco que se las habían apropiado de ellas, que pasen a usos municipales. O sea, toda la fortuna de la familia Franco, pues, que vuelva a manos del pueblo. O sea, hay pequeños pasos, pero mientras pasa esto, desde la derecha y la extrema derecha, que ya tiene representación con Vox, están promoviendo en las autonomías y en los gobiernos locales que se derogue la Ley de Memoria Democrática esta del 2022. 

Era un avance en esa línea, y se imponga lo que ellos llaman la Ley de Concordia, que lo que hace es blanquear el franquismo y decir que, bueno, que se tiene que equiparar las víctimas del franquismo con las víctimas que cometió la Segunda República, cosa que es falso porque la Segunda República no cometió. O sea, hay toda una, por parte de la derecha se intenta blanquear y reescribir la historia. Blanqueando el franquismo, y por parte de la izquierda empujan al otro lado, no no tenemos que ir más allá de los socialistas y hacer pasos para, en virtud de lo que manda la justicia universal. Pues encausar a los criminales y a las empresas. Y realmente que haya del Estado español, ejemplo de ruptura con el antiguo régimen.

Lamentablemente con esas leyes hay mucha impunidad, y han blindado mucho los privilegios. Muchas familias que vienen de la etapa franquista que continúan con grandes fortunas y no se les ha investigado todo lo que obtuvieron a cambio de dar apoyo al régimen franquista, la dictadura. 

¿Qué haría falta para que en España pudiera haber un cambio en el sistema judicial y sobre la sociedad en su conjunto acerca del reconocimiento de las víctimas de violencia del Estado, tanto históricamente como en la actualidad?
De entrada, es necesario deconstruir la arquitectura legal que ha permitido ese marco de impunidad. En particular, derogar la Ley de condecoraciones oficiales de 1964, destinada a premiar a los policías franquistas; la Ley de secretos oficiales de 1968, que blinda al Estado de desclasificar documentos sobre los crímenes cometidos por funcionarios públicos, así como la Ley de amnistía de 1977. Al margen de depurar a los sectores de la magistratura que, desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, abren diligencias y causas contra activistas de izquierdas sin ninguna base jurídica. Estos cometidos, sumado a la reforma penal para impedir los discursos de odio, son básicos para garantizar un marco de libertades, para el cual también es indispensable que la ciudadanía disponga de mecanismos para que cualquier vulneración de los derechos humanos sea atendida y vehiculada adecuadamente.

-Y puedes ver algo en el horizonte?
Es complicado, porque por un lado vez esperanza porque las nuevas generaciones si que quieren avanzar en profundizar en términos democráticos, de justicia social, de memoria, pero después hay un sector muy reaccionario que se aprovecha de esta oleada reaccionaria global de Trump, Bolsonaro, todos esos gobiernos para imponer una agenda ultra reaccionaria. Por ejemplo, hay una iniciativa para que la iglesia, para que realmente el Estado español sea un estado laico, y deje de financiar a través de los impuestos, a la iglesia. No por concordato de Franco sino con el Vaticano el año 60, acabar los privilegios de la iglesia como principal promotor inmobiliario. Y a parte que está exento de impuestos de propiedad. 

Pero por otro lado la iglesia, está contribuyendo a esa narrativa. De blanquear el franquismo. O sea, hay esa pugna. Y el PSOE está al medio haciendo un poco, pues, por un lado, haciendo pasos tímidos para una memoria democrática, para avances en ese sentido acabar con la impunidad.

La esperanza está en estos jóvenes nuevas generaciones que no han vivido el franquismo, que ya no llevan ese peso y están proponiendo avanzar a una radicalidad democrática.

Susana Carrasco es Periodista y Licenciada en Comunicación Social.

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