Gonzalo Marín, dirigente de ARMETRASE, denunció la precariedad en el CIP San Joaquín y criticó que el servicio fuerce retornos laborales sin la debida recuperación física y mental.
La madrugada del lunes 16 de marzo, un funcionario del Centro de Internación Provisoria (CIP) San Joaquín sufrió una grave agresión cuando un grupo de jóvenes lo emboscaron después de ir al baño. Uno de los internos intentó ahorcarlo con una «llave de brazo» mientras otro lo atacaba con cordones de zapatos, en un episodio que el gremio de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores de Sename (ARMETRASE) califica como una situación de extrema gravedad para la integridad del personal.
Gonzalo Marín, presidente de ARMETRASE, arremetió contra la gestión institucional por la falta de medidas preventivas efectivas. El dirigente señaló que «pareciera ser que el servicio tiene una mirada de naturalizar, de normalizar esto», advirtiendo que la violencia no debe considerarse como «algo que por supuesto va a pasar», pues se debe enfatizar en el carácter interventivo de la función.
El líder gremial criticó que estos aspectos están absolutamente invisibilizados por parte del Servicio debido a las precarias condiciones de operación. Marín explicó que hoy existe un déficit de personal que ronda el 50%, lo que sumado a la «ausencia de criterios más preventivos de protocolos», genera un espacio que favorece situaciones violentas contra los trabajadores y contra los propios jóvenes.
Un punto crítico es la desprotección postraumática y la presión por retomar funciones tras ataques, pues Marín denunció que la mutualidad contratada tiende a hacer que los funcionarios rápidamente retomen su puesto laboral “sin una plena recuperación», ignorando que los procesos de sanación son lentos al incluir afectación física y salud mental que no son atendidas con urgencia. Esto estaría ocurriendo en los centros a lo largo de Chile.
La crisis en el centro de San Joaquín se agrava por su incierto futuro ante el traspaso a 3 y 4 Álamos como sitio de memoria. Esta transitoriedad, sumada a los recortes de la administración que Kast implementará bajo un «gobierno de emergencia», provoca un abandono técnico que deja a funcionarios y jóvenes en una desprotección absoluta, sin inversión en seguridad.
Para Marín es una paradoja dolorosa que un espacio destinado a rescatar la memoria histórica sobre la violación a los derechos humanos sea hoy el escenario de nuevas vulneraciones. En este lugar se repiten ciclos de violencia estatal donde se ven afectados «tanto los funcionarios como sujetos de atención», bajo una administración que no ha logrado subsanar las carencias del sistema anterior.
Las jefaturas nacionales y regionales han sido emplazadas por los trabajadores para hacerse presentes y que estas situaciones no se sigan normalizando. Ante la falta de respuestas, el centro se prepara para visibilizar la administración deficiente y exigir condiciones que aseguren la integridad tanto de los funcionarios como de los jóvenes.
Lee el comunicado de ARMETRASE:
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