Asamblea Nacional de Ecuador destituye al defensor del pueblo

75 legisladores votaron a favor de la moción contra el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, mientras 47 se pronunciaron en contra y 14 se abstuvieron

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el miércoles por mayoría la destitución del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión por incumplimiento de funciones.

A través de su cuenta Twitter el órgano legislativo informó sobre el resultado de la votación sobre la moción de censura y posterior destitución de Carrión.

Con 136 asambleístas presentes en el recinto, 75 legisladores votaron a favor de la moción que propuso sancionar al funcionario, mientras 47 se pronunciaron en contra y 14 se abstuvieron.

El Parlamento se instaló el martes para enjuiciar políticamente a Carrión, siendo destituido del cargo que mantenía.

Durante la jornada el asambleísta  Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática), expusieron los motivos para impulsar la solicitud de enjuiciamiento por incumplimiento de funciones.

De acuerdo con los interpelantes Carrión incumplió sus funciones, al haber asistido a una reunión social el pasado 15 de mayo en el domicilio del exministro de Salud Mauro Falconí, al utilizar el vehículo institucional y con seguridad de la Policía Nacional.

La moción de censura fue apoyada por las bancadas de Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y asambleístas de organizaciones independientes.

Además de su censura y destitución, la moción propuso remitir el expediente del juicio político a la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la comandancia general de la Policía para iniciar un examen especial por el uso indebido de bienes y recursos públicos durante el ejercicio del cargo y determinar responsabilidades.

Freddy Carrión cumple una orden de prisión preventiva desde mayo a raíz de la denuncia de un presunto acto de violencia sexual cometido durante la reunión en la que participaban el exministro Falconí y la pareja de éste último, quien habría sido atacada.

El exombudsman considera que el proceso en su contra es una persecución política por denunciar delitos de lesa humanidad perpetrados durante los 11 días consecutivos de protesta nacional contra el Gobierno de Lenín Moreno en octubre de 2019.

Cortesía de Telesur

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