Aucan Huilcaman: Consejeros republicanos tienen el deber y obligación de reunirse con los mapuche

Formar un grupo de trabajo que permita dialogar, elaborar una propuesta y presentarla a quienes van a redactar la nueva Constitución, fue el planteamiento que realizó el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman, para abordar el conflicto de tierra en la macrozona sur.

“He venido a la oficina del gobernador regional Luciano Rivas porque él ha hecho una propuesta manifestando públicamente que el conflicto de tierra en la macrozona sur, ahora debe ser tratado en el proceso constituyente chileno”, dijo al consignar una carta en la Gobernación Regional de La Araucanía.

Huilcaman estipula conformar junto a Rivas el grupo de trabajo para comenzar el 5 de junio porque “esto tiene mucha urgencia considerando que ha pasado 140 años post pacificación de La Araucanía, donde los conflictos, las tensiones y controversias se han ido aumentando”.

El werkén señaló que la propuesta “está pensada en que tenemos que instaurar una paz firme y duradera en la Región de la Araucanía y en eso necesariamente tienen que ser los actores y no delegar a otras instituciones foráneas”.

Con relación a la elección de los consejeros constitucionales, indicó que “los republicanos, que han tenido una mayoría, desde ahora en adelante tienen el deber de reunirse con los mapuche porque la Comisión Experta, hasta el momento, no ha cumplido con un requisito legal que es la consulta del texto constitucional que están elaborando y si eso ocurriera cuando entren a funcionar el Consejo Constitucional evidentemente que para los pueblos indígenas la propuesta constitucional además va a ser ilegal”.

“El requisito desde ahora en adelante es que los republicanos están obligados a hablar con los mapuche”, remarcó al asegurar que “estamos dispuestos a dialogar los asuntos que afectan a La Araucanía, pero para subsanar lo que es la ilegalidad hasta el momento que ha cometido la Comisión Experta. Por tanto, es una oportunidad de que podamos tener un reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales que no se han podido superar post pacificación de La Araucanía”.

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