Avanza proyecto para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales

La propuesta, enviada a comisiones para un segundo informe, busca interpretar una norma específica del Código del Trabajo. La finalidad es que se establezca cuáles serían las causales que permitirían o no el desafuero en tribunales para aquellos dirigentes sindicales que gocen de fuero.

Redireccionar los esfuerzos legislativos para avanzar hacia organizaciones sindicales más sólidas y autónomas, a través de la delimitación de la figura del fuero sindical, es la finalidad de un proyecto aprobado en general por la Sala de Cámara (boletín 14685).

La propuesta, sin embargo, volverá a la Comisión de Trabajo por ser objeto de indicaciones.

En lo fundamental, aclara la situación en que empleadores solicitan que un tribunal competente autorice el desafuero de un trabajador. Ello, con el objeto de poner término al contrato de trabajo.

La iniciativa partió a inicios de noviembre del 2021 a través de una moción representada por parlamentarios y exparlamentarios: Iván Flores, Marcela Hernando, Tucapel Jiménez, Cosme Mellado, Fernando Meza, José Pérez,  René Saffirio, Alexis Sepúlveda, Gabriel Silber, Víctor Torres

En tal plano, se define que dicha autorización no podrá concederse cuando los hechos en los que se funde la solicitud consistan en actos o conductas propias de la actividad sindical o de las finalidades de las organizaciones sindicales.

También aborda las acciones de solicitud de desafuero respecto de la causales graves, en particular, las injurias proferidas por el trabajador al empleador. Al respecto, se determina que solo podrá solicitarse la autorización al juez cuando exista sentencia firme y ejecutoriada que acredite injuria proferida al empleador.

Asimismo, añade una nueva consideración en el listado de prácticas antisindicales del empleador. La norma apunta a solicitar el desafuero de un dirigente sindical con abuso de derecho, sobre el que se pronunciará de oficio el  tribunal. Esto, tras rechazar una solicitud efectuada en conformidad a lo dispuesto en el  Código del  Trabajo, ponderando la existencia de motivos plausibles para litigar. También la concurrencia de otros aspectos que signifiquen un desestímulo a la actividad sindical.