Durante su gira oficial en Japón, el Presidente Gabriel Boric abordó por primera vez las filtraciones vinculadas al caso ProCultura, luego de que la semana pasada su nombre apareciera mencionado en el marco de una interceptación telefónica dentro de la investigación liderada por el fiscal Patricio Cooper.
Aunque Boric no figura como imputado ni testigo en la causa, se hizo pública una conversación privada entre él y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura y ex amigo cercano del mandatario.
A esto se suma que el fiscal Cooper habría solicitado intervenir el teléfono del mandatario por sospechas de un eventual financiamiento irregular de su campaña presidencial a través de dicha fundación. Sin embargo, la justicia rechazó dicha petición.
El caso ha provocado reacciones desde distintos sectores políticos, incluyendo críticas desde el oficialismo hacia la actuación del Ministerio Público.
Desde Osaka, Boric asegura estar tranquilo
Según informó Radio Bíobio el marco de su participación en la Expo Mundial 2025 en Osaka, el Presidente declaró: “Estoy absolutamente tranquilo respecto a todas mis acciones. Tengo la certeza de que lo mejor que puedo hacer como Presidente es permitir que las instituciones funcionen sin interferencias. No he ejercido presión alguna ni me siento objeto de persecución. Siempre he actuado de manera ética y legal”.
El Presidente recalcó la importancia de la igualdad ante la ley y la rigurosidad institucional, señalando que tanto la Fiscalía como los tribunales deben cumplir su labor con apego a la legalidad y hacerlo correctamente.
Por su parte, afirmó que no puede existir un doble estándar en la investigación de delitos que afectan la fe pública, y que dicha coherencia se pone realmente a prueba cuando el escrutinio recae sobre uno mismo o sobre personas cercanas. En ese contexto, sostuvo que mantiene su postura con total claridad: “Caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigarse”.
El caso ProCultura forma parte de la investigación más amplia conocida como el “Caso Convenios”, que involucra a múltiples fundaciones que habrían recibido fondos públicos mediante convenios directos sin la correspondiente fiscalización. Una de las fundaciones bajo la lupa es Democracia Viva, que ha puesto en entredicho a la diputada Catalina Pérez, del Frente Amplio.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó el sábado que la jueza Sissi Bertoglio Cortés, del Juzgado de Garantía local, entregue en un plazo de 24 horas una justificación formal para autorizar la interceptación telefónica a Josefina Huneeus, quien no figura como imputada en la causa.
La orden surge tras un recurso de amparo presentado por la defensa de la psiquiatra infantojuvenil, que denunció un acto de “espionaje” e ilegalidad. Según se explicó, la Fiscalía habría confundido su número con el de Alberto Larraín. A pesar de reconocer el error, el Ministerio Público solicitó mantener la escucha argumentando que Huneeus poseería información de interés para la causa.