Democracia o Barbarie
Por Jean Flores Quintana, politólogo
Las elecciones de 2025 no definen un programa; definen si el país mantendrá la democracia o si aceptará una licencia política para el olvido y el abuso. Lo que se ha destapado es la instrumentalización de la impunidad: un peligroso «ofertón de indulto» que opera como un macabro abrazo político entre la larga sombra de los torturadores y los uniformados condenados del Estallido Social. Esto excede el tecnicismo penal; es un cheque en blanco a la barbarie con el que la derecha busca revertir el avance civilizatorio. Presenciamos cómo la dignidad y la memoria histórica son arrojadas al mercado como mercancía de intercambio político.
El problema central radica en la articulación de la impunidad como nuevo sentido común. El derecho internacional, esa muralla inexpugnable de la civilización, se alza con su voz categórica e ineludible, estableciendo que los crímenes de lesa humanidad son, por definición, imprescriptibles e inindultables. Sin embargo, la ultraderecha busca homologar ambas violaciones para crear un relato de «victimismo policial» generalizado. En este frente, Johannes Kaiser ha sido el más provocador, al prometer un “indulto general o una ley de amnistía” porque, a su juicio, no se puede tener a gente de 80 y 90 años «pudriéndose en la cárcel» solo porque a uno «no le caen bien políticamente». Esta ironía macabra, que equipara la justicia con la antipatía personal, ignora que la condena de figuras como Miguel Krassnoff Martchenko (quien, de hecho, acaba de sumar una nueva condena esta semana) es el resultado de la verdad judicial, no de la susceptibilidad política.
Esta ofensiva no es espontánea. Es impulsada por la falsa dicotomía que hoy domina la campaña: seguridad versus libertad. La oligarquía financiera ha construido históricamente sus escenarios electorales en función del miedo, y hoy utiliza la desesperación ciudadana como un arma retórica formidable. Esta construcción del pánico social no es un accidente; es amplificada y legitimada por el uso estratégico de los medios de comunicación, creando una sensación de amenaza desproporcionada a la realidad estadística y preparando así el terreno para soluciones autoritarias. Franco Parisi lo encapsuló con una franqueza aterradora al proponer la salida de militares y sentenciar: “Si hay un vehículo que está en un portonazo o turbazo, les va a llegar bala. Vamos a sacar a los militares a la calle”. ¡Qué paradoja! La bala se ha convertido, por decreto presidencial, en la respuesta legal preferida. Esta declaración no es solo una invitación abierta a la extralimitación; es la carta blanca para una nueva ola de abusos institucionales. Incluso José Antonio Kast se suma a esta lógica desde la «discusión humanitaria», proponiendo indultos que abarcan tanto a Krassnoff como a los carabineros condenados en el caso Campillai. Es decir, utiliza la piedad como excusa sanitaria para blanquear la represión del pasado y del presente.
El rol de la derecha tradicional es crucial en esta guerra de posiciones gramsciana, pues su ambigüedad no es neutral: oxigena el relato extremista. Aunque Evelyn Matthei se distancia cautelosamente del indulto total, su retórica funciona como una poderosa maquinaria de legitimación del discurso negacionista. La candidata ha justificado la dictadura militar diciendo que “era necesaria” y, más grave aún, desacreditó el Plan de Búsqueda de Desaparecidos, “hay mucha gente que diría que, en realidad, no es búsqueda, es venganza”. En su lógica, el dolor y el derecho a saber de las víctimas se convierte mágicamente en un problema de percepción pública. Al insinuar que la búsqueda de la verdad es un acto revanchista, Matthei contribuye a erosionar la base moral de los DD.HH., preparando sutilmente el terreno para la amnesia política.
Un aspirante a La Moneda que ofrece borrón y cuenta nueva judicial está, de facto, legitimando la violencia Estatal sin ningún coste. Tal postura compromete el desarrollo democrático alcanzado y socava la base misma del Estado de Derecho. Frente a la alarmante hegemonía de la permisividad, el escenario político se polariza: solo una opción asegura la consolidación del progreso cívico. Nos referimos a Jeannette Jara, quien concibe los derechos fundamentales no solo como un freno al abuso, sino como pilares innegociables de justicia y equidad. Su programa refuerza los derechos sociales, políticos y económicos sin sacrificar la libertad ciudadana. El retorno a la autocracia no es viable; la elección de 2025 nos impone la disyuntiva entre un futuro con justicia o la cómoda amnesia autoritaria. Por la paz y la democracia, votar a conciencia es un deber.
