Caso “Cuentas Corrientes”: Van 6 municipios investigados, 7 acusados y 2 alcaldes de Chile Vamos privados de libertad

Caso “Cuentas Corrientes”

El caso “Cuentas Corrientes”, es aquel que involucra los delitos de cohecho, fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos. Ilícitos que se habrían perpetrado en el marco de procesos de licitación de cuentas bancarias realizados al interior de municipios durante el 2022, en entidades de la Región de Ñuble, sin embargo, también ha tomado coletazos a la región vecina de O”Higgins y con implicancias a personeros de otras regiones del país.

La última actuación judicial conocida, fue la resolución de la Corte de Apelaciones de Chillán, que confirmó el 25 de septiembre, la prisión preventiva del alcalde de la comuna de San Ignacio, César Alberto Figueroa Betancourt.

Cabe consignar, que la Policía de Investigaciones de Chillán detuvo en abril de este año a Figueroa Betancourt, y a tres altos funcionarios municipales de los departamentos de Salud, Obras y Finanzas, debido a supuestas irregularidades en la transferencia de recursos públicos. Cabe mencionar que Figueroa Betancourt fue militante del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta el año 2019.

La detención se efectuó tras la orden emitida por la fiscal Nadia Espinoza, quien autorizó la incautación de computadoras y documentación en la Municipalidad de San Ignacio. La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI fue la encargada de llevar a cabo la operación.

Sin embargo, este hecho no fue aislado. También por el mismo caso, en abril de este año, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chillán detuvo al alcalde de Ñiquén, Manuel Pino Turra (UDI), quien se encuentra con arresto domiciliario total.

Los municipios de San Ignacio y Ñiquen no son los únicos municipios que están bajo la lupa de la Fiscalía. También Bulnes, Portezuelo, Cobquecura y Graneros fueron allanadas por la Policía de Investigaciones a inicios de mayo.

En el caso de Graneros (Región de O’Higgins), el medio local El Rancagüino informaba que el Ministerio Público investiga las actuaciones de la exjefa jurídica de ese municipio, Ivonne Mangelsdorff (RN), quien fue electa como consejera constitucional en las elecciones del pasado 7 de mayo.

Los imputados con medidas cautelares

Además del alcalde César Figueroa Betancourt y del alcalde de Ñiquén, Manuel Pino Turra, también están judicializados: Salvador lavagnino, jefe de proyectos del Departamento de Administración de Educación de Bulnes; Rodrigo Sepúlveda, ex director de Serviu de Los Ríos; Rodrigo Andrés Carmona Olivares; su colaborador, el exconcejal y exmilitante Udi, Rodrigo Sandoval Terán, por el delito de estafa, soborno y cohecho; el funcionario municipal Edgardo Antonio Suazo Jiménez, imputados como autores de los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y fraude al fisco, quienes mantienen medidas cautelares. Uno de los fallos de la Corte de Chillán, a fines de septiembre de este 2023, con respecto al alcalde Figueroa Betancourt, determina: “La libertad del imputado Figueroa Betancourt resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, atendida la naturaleza de los delitos formalizados, el número y entidad de los mismos y la pena probable, cuestiones que se mantienen invariables a la fecha”. 

Sin embargo, el número de involucrados podría ir en aumento en la medida que avancen las indagatorias judiciales.

Los hechos

El caso que persigue el ministerio público por los delitos de cohecho, fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos, involucra en primer orden a la empresa Gestión Global SPA., de propiedad del imputado Rodrigo Carmona Olivarez, existiendo irregularidades en procesos de licitación de viabilidad financiera y mantención de cuentas corrientes, donde actuaron operadores políticos a favor de la firma.  

Por estas gestiones existen múltiples pagos irregulares, modelo de acción que se replicó en distintas municipalidades. Hasta ahora se sabe que la empresa Gestión Global SPA ha firmado contratos con alrededor de 70 municipios, comenzando a operar como empresa en 2012, lo que podría traer múltiples otros coletazos en diferentes regiones del país.

** Esta nota da cuenta de un proceso judicial que se encuentra actualmente en tramitación y son los tribunales quienes determinan la culpabilidad e inocencia de los involucrados.

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