CDE consigue devolución de cerca de $3.500 millones por emisión fraudulenta de bonos de Fonasa

Fotografía rescatada de Amigos Penquistas

El pasado martes 22 de marzo, en audiencia de la causa sobre emisión fraudulenta de bonos de Fonasa, el Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó devolver a Fonasa la cifra de $2.269.454.393, dinero que habría sido retenido por la principal imputada en el caso, Paulina Carrasco. 

Asimismo, el tribunal decretó medidas cautelares reales -en favor del Fisco- sobre inmuebles y vehículos, entre otros bienes, para hacer efectivas las acciones civiles que el CDE interpondrá con el fin de obtener la reparación del perjuicio provocado.  

El organismo de Defensa logró con anterioridad la devolución de otros $1.215 millones para la institución de salud, que se concretará en el corto plazo. A su vez, y en conjunto con el Ministerio Público, en el mes de enero obtuvo la condena por el delito de lavado de activos de dos hermanos de la imputada, contra quienes el tribunal decretó el pago de una multa de 200 UTM y la pena de cuatro años de libertad vigilada intensiva.  

En la audiencia de juicio abreviado de principios de año, también se ordenó el decomiso de todos los bienes incautados durante el proceso de investigación penal, cuyo valor asciende a más de $46 millones. 

Por su parte el presidente del CDE, Juan Peribonio, se refirió a las acciones civiles presentadas por el organismo como “necesarias para devolver recursos públicos a instituciones que benefician a las personas más vulnerables del país y que se ven gravemente afectadas por este tipo de delitos”.

Por otra parte, el Abogado Procurador Fiscal de Concepción, Georgy Schubert, señaló: “Hemos actuado con la mayor prontitud, ejerciendo todas las atribuciones que la ley nos otorga para obtener la sanción penal de los delitos cometidos contra Fonasa y, simultáneamente, desplegando las acciones civiles necesarias para recuperar de manera efectiva los recursos defraudados al sistema de salud, cuyo patrimonio, propósito y misión nos corresponde defender ante los tribunales”.

El perjuicio fiscal provocado por este mega fraude se estima en más de $5.105 millones. Una parte importante de los recursos defraudados ya se encuentra incautado en dinero y vehículos, entre otros bienes.