Chantaje descarado: Republicanos exigen al gobierno retirar la reforma de pensiones tras el avance de sus enmiendas en el Consejo Constitucional

Este jueves fue aprobada en el Consejo Constitucional la enmienda que establece la propiedad de los cotizantes sobre sus fondos de pensiones, una iniciativa fuertemente resistida por el oficialismo debido a que impediría generar mecanismos de reparto o solidaridad en el actual sistema previsional. De hecho, solo un par de horas después de aprobada la enmienda, diputados del Partido Republicano salieron a exigir públicamente el retiro de la reforma de pensiones del Gobierno, la cual se encuentra siendo debatida en el Congreso Nacional.

Se trata de los diputados Benjamín Moreno y Agustín Romero, quienes entregaron declaraciones a la prensa celebrando la aprobación de la iniciativa y asegurando que ésta cerraría la puerta a la expropiación de fondos previsionales. Pese a que aún faltan meses para el plebiscito de salida, Moreno señaló que el Ejecutivo debe respetar «la voluntad de los chilenos que quieren la propiedad de los fondos de pensiones» y, por lo tanto, bajar su reforma previsional.

En la misma línea comentó el jefe de la bancada republicana, Agustín Romero, quien llamó al Gobierno a «no insistir en una reforma que en el fondo busca financiar una política pública con el fruto del trabajo de los cotizantes formales, quienes ya la financian con el pago de sus impuestos».

«Nosotros creemos que esto se puede hacer mejorando el gasto público, haciéndolo más eficiente y, por otro lado, generando el crecimiento económico que hoy no tenemos. Esas son las fórmulas para mejorar las pensiones y no expropiar los dineros de los cotizantes», agregó el diputado.

Cabe destacar que la aprobación de la polémica enmienda en el pleno del Consejo Constitucional no es definitiva, ya que la Comisión Experta aún puede introducir modificaciones al texto propuesto por los consejeros electos e incluso suprimir los artículos que consideren pertinentes. Tras esto, la palabra final será de la ciudadanía, que deberá sufragar de forma obligatoria en el plebiscito del 17 de diciembre.