[Columna] Jaime Guzmán: El arquitecto del terrorismo de Estado dictatorial

Escribe Jorge Molina, en atención a reciente recomendación de Fiscal de calificar el homicidio de Guzmán como crimen de lesa humanidad

Ver también: Fiscal judicial recomienda calificar homicidio de Jaime Guzmán como crimen de lesa humanidad

Autor: Jorge Molina Araneda

El pasado lunes 21 de noviembre el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena, recomendó calificar el homicidio del Senador gremialista como crimen de lesa humanidad. Asimismo recomendó mantener la condena para el exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Raúl Escobar Poblete, conocido como el Comandante Emilio. De acuerdo con el Fiscal Judicial del tribunal de alzada capitalino, se debe mantener la condena y se tiene que subir la pena, rechazando la medida de prescripción considerando este delito como de lesa humanidad. En agosto de este año el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, declaró culpable al Comandante Emilio y lo condenó a 18 años de cárcel por el asesinato del parlamentario gremialista en abril de 1991.

Ya en 1968 Jaime Guzmán amenazaba a través de un discurso: “Chile necesita  una contrarreforma universitaria, y esa contrarreforma la vamos a hacer un día”. Unos años después, en 1973, Guzmán cumpliría su amenaza cuando se transformó en el primer consejero ideológico de la dictadura de Pinochet. Consiguió rápidamente el bando militar que acabó con el cogobierno universitario, y en su lugar impuso el régimen universitario que tenemos hoy; el de las universidades pagadas, antidemocráticas, autoritarias, entidades que funcionan como empresas comerciales y, como resultado de ello, de mala o dudosa calidad, muy distintas a lo que eran las universidades chilenas en nuestra antigua democracia. En suma, hasta hoy, en esta coja democracia que tenemos, sigue vigente la contrarreforma de Guzmán.

Guzmán fue miembro de un pequeño grupo ultraconservador juvenil muy activo en sus tiempos de estudiante secundario del aristocrático colegio santiaguino Sagrados Corazones, y luego, de estudiante universitario en la Universidad Católica. Ese grupo era “Fiducia”, cuyo ídolo era el dictador fascista español Francisco Franco. Guzmán también era miembro del Opus Dei (el sistema ideológico católico fundado por Escribá de Balaguer,) que plantea, en caso extremo, el exterminio físico de lo que llama “los enemigos de la fe,” que no son otros que los militantes de la izquierda, aunque sean creyentes cristianos, curas obreros o los sacerdotes y laicos que adhieren a la Teología de la Liberación. Llamado por la dictadura a integrar su consejo ideológico, muy pronto consiguió ser su principal miembro. Qué mejor para “exterminar a los enemigos de la fe.”

Apenas Guzmán consiguió la consejería política de la Junta Militar, obtuvo la anuencia del dictador para hacer clases y dictar conferencias en la Escuela Militar; obviamente para aleccionar a los cadetes de manera exclusiva en su cuadro ideológico. Aquí cabe preguntarse si tenemos una democracia segura y fuerte con una oficialidad militar  aleccionada ideológica y políticamente de manera unilateral; mejor dicho aun, sólo por fanáticos franquistas de ultraderecha como fue Guzmán.

Presentar a Guzmán como un hombre de paz, buen católico y demócrata es una falsedad.  Para empezar, fue el más conspicuo ideólogo y consejero político de una dictadura que fue reiteradamente declarada en su tiempo como violadora sistemática de los Derechos Humanos por todos los organismos internacionales que se ocupaban entonces de esa temática. Guzmán fue corresponsable de sus atroces crímenes; además bloqueó siempre toda iniciativa que abriera la posibilidad de conducir a Chile a la democracia, se aclarara la suerte que corrieron los detenidos desparecidos, se terminaran las torturas, se revisaran los “juicios de guerra”, tras los cuales cientos de compatriotas fueron torturados, fusilados, encarcelados y mandados al exilio.

Férreamente se opuso al Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, de 1985, que no fue convocado por la izquierda ni los demócrata-cristianos, sino por el Cardenal Arzobispo de Santiago Juan Francisco Fresno; o sea, una iniciativa de la Iglesia Católica que tenía por único fin buscar una salida pacífica para Chile cuando arreciaban las protestas en las calles de Santiago y en muchas ciudades del país, con presos, muertos, heridos, manifestantes quemados luego de ser rociados con bencina (Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana), etc. En este principio de acuerdo participaron, además de representantes de la Iglesia, políticos de todos los partidos, como Ricardo Lagos,  Gabriel Valdés e, incluso, algunos políticos de derecha como Andrés Allamand. Guzmán declaró abiertamente su oposición a este  esfuerzo y terminó por boicotearlo. Repetía en esos mismos días, por enésima vez, la frase que lo hizo famoso inmediatamente después del golpe y asumir la cabeza de la dirección política de la dictadura:

Transformar nuestra dictadura en ‘dictablanda’ sería un error de consecuencias imprevisibles”.

En la noche del plebiscito del 5 de octubre de 1988, cuando el gobierno se negaba a reconocer la derrota de la dictadura, Guzmán fue el primero en guardar silencio, para luego solicitar a Pinochet una reunión con el Alto Mando de las FF.AA.,  para allí, obviamente, sugerir una acción militar. Esto fue revelado por militares activos en esa época. Guzmán, se mantuvo en esa postura, hasta que Sergio Onofre Jarpa, el exministro del Interior de la dictadura, reconociera públicamente el triunfo del No en un foro en Canal 13, en el que participó Patricio Aylwin en calidad de portavoz oficial del comando del No.

Guzmán también se opuso a la débil reforma constitucional de 1989, acordada entre la derrotada dictadura y la Concertación, que solo consistía en introducir a la Constitución de la dictadura de 1980 algunas reformas que debilitaban algunos enclaves autoritarios. Para el pueblo de Chile, ello podría ser el comienzo de lo que sería una verdadera constitución legal y gestada en democracia, puesto que sin esa reforma de 1978, los militares habrían  tenido mayor poder en democracia, porque los nueve senadores designados se enfrentaban a 26 elegidos (y no a 38, como lo establecía la reforma). Además, de no aprobarse esta reforma, a la que, repito, Guzmán se opuso públicamente sin éxito, las Fuerzas Armadas (en las que Guzmán basaba finalmente toda su fuerza) habrían tenido mayoría en el Consejo de Seguridad Nacional, y no en  paridad cívico-militar, con el voto dirimente del Presidente de ese consejo.

Apenas terminó la dictadura, Guzmán se preocupó de lavar su imagen. Eligió a Longueira, Moreira, y otros cabecillas de la UDI para que constantemente declararan en la prensa y en la televisión que él había abogado ante la DINA en favor de muchos presos políticos. La verdad es que esto lo negaron y no lo reconocieron  Pinochet, Gustavo Leigh, Manuel Contreras, ninguno de los ministros de Justicia de la dictadura, y ningún funcionario civil o militar de la CNI. Fue Guzmán quien concibió y redactó la Ley General de Amnistía de 1978 cuyo fin era librar de castigo a los más abyectos asesinos de la dictadura. En suma,  toda la gestión de Guzmán como consejero de la dictadura tuvo por doctrina el “exterminio” proclamado por Escribá de Balaguer y el Opus Dei. Recuérdese que Guzmán se lanzó en picada contra algunos jueces honestos, y contra la propia Iglesia Católica, que pedían la libertad de los presos políticos y que se investigaran muchos y bien definidos crímenes cometidos bajo dictadura. Con esa ley, entonces, Guzmán salvaba de castigo a los peores asesinos del régimen, porque todavía regía formalmente en Chile la Constitución de 1925, según la cual esos asesinos debían ser arrestados y juzgados.

Jaime Guzmán, como nadie ignora, es también, junto a otros seis ya fallecidos políticos de derecha, el autor de la Constitución de 1980. Fue él quien, personalmente,  aconsejó al dictador “plebiscitarla,” con la clara intención de ejecutar un fraude, como efectivamente sucedió en aquellos aciagos tiempos en que las libertades públicas estaban suspendidas. Guzmán declaró varias veces y sin ambages, que la nueva Constitución debía redactarse de tal modo que fuese imposible cambiarla sustancialmente.

De acuerdo a Fernández (2013):

Al revisar las actas de la Comisión Ortúzar -que inició su tarea a días del Golpe, el 24 de septiembre de 1973- aparecen las intervenciones de Guzmán en temas como Estado subsidiario, aborto, pena de muerte, derechos humanos y justificación de la dictadura. Este grupo funcionó hasta octubre de 1978, sesionó 417 veces. Su presidente fue el exministro de Justicia y Canciller de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar Escobar y estuvo integrada además por Guzmán, Alejandro Silva Bascuñán, Jorge Ovalle Quiroz, ministro de Justicia de Pinochet, Alicia Romo, rectora de la Universidad Gabriela Mistral, Enrique Evans de la Cuadra, Sergio Diez Urzúa -abogado, académico, embajador de Chile en la ONU en dictadura y ex senador de RN- junto con el abogado y exdiputado del Partido Liberal, Gustavo Lorca.

En 1977 renunciaron Silva Bascuñán, Evans y posteriormente Ovalle y en su reemplazo se sumaron Luz Bulnes Aldunate, miembro del Tribunal Constitucional entre 1989 y 2002, Raúl Bertelsen Repetto y Juan de Dios Carmona, exministro de Economía de Frei Montalva.

-Justificación de la dictadura

La comisión redactó el Memorándum sobre el proyecto de Constitución Política en un momento en que se hablaba de una campaña internacional contra Chile promovida por el marxismo. En esos días, ya había rumores y suposiciones sobre cuál sería el destino o el futuro del gobierno de las FF.AA. desde el punto de vista institucional. Hubo, por lo tanto, que tratar de proyectar, básicamente, la imagen de dos cosas sustanciales a las cuales la nueva institucionalidad iba a responder: una concepción de la persona humana y la sociedad inspirada en los principios cristianos libertarios y no en un esquema totalitario y, en segundo término, que este orden se encuadrara en un contexto de juridicidad.

Un dato más. En América Latina las dictaduras militares estaban a la orden del día, lo que ayudó a la idea de buscar una fórmula que diera estabilidad al proceso.

Así, Guzmán planteó entonces que “actualmente el país vive lo que técnicamente se puede llamar un receso de desconstitucionalización, (…). La opinión pública nacional y extranjera comprende esta situación como una primera etapa, y entiende que es necesaria. Pero después habría que regular ciertos cauces de manera que, sin llegar a una democracia perfecta y plena, se tenga, por lo menos, algunas vías jurídicas claras dentro de las cuales se esté desenvolviendo el régimen en forma adecuada a la realidad. Estos son los cauces jurídicos que han permitido que países, como Brasil, que dista mucho de ser una democracia perfecta en el sentido en que se ha vivido en Chile, gocen ante el mundo, del reconocimiento de que en ellos impera el Estado de Derecho; situación que a nuestro país en la actualidad se le cuestiona. No dudo de que, en ello, influyen factores políticos, como por ejemplo, una campaña del marxismo internacional destinada a hacer creer que en Chile no está imperando el Estado de Derecho”.

-Futuro de la dictadura

Todo el debate para la Constitución de 1980 apuntaba a esto, asegurar el futuro del régimen. Así, Guzmán afirmó que “suprimido el estado de sitio, ¿cuál será el régimen jurídico del país? Este es el problema que podría inquietar a la comunidad internacional. Incluso puede ser un requerimiento y una necesidad que sienta la Junta de Gobierno y la opinión pública nacional para que el país tenga un cauce orgánico y jurídico en el cual desenvolverse; todo ello expresado en términos realistas, es decir, que no se pretenda establecer un regreso democrático perfecto, como puede ser aquel que consagre la Constitución ni que tampoco traduzca la situación en que se desenvolvería el país de levantarse los estados de emergencia que hoy vive, sin tener otro ordenamiento jurídico que los restos de una constitucionalidad y cuerpos institucionales aislados que se van dictando”.

-Derechos Humanos

En este ámbito Guzmán fue categórico. “Ningún derecho humano es absoluto, porque el ser humano no es absoluto (…) los únicos derechos absolutos son los derechos de Dios, de un ser absoluto. Los derechos del hombre, todos, son susceptibles de limitación, sin excepción; partiendo por el derecho a la vida que puede ser limitado o restringido por la pena de muerte, cuya conveniencia o inconveniencia se podrá discutir (…)  al ser limitable o restringible el derecho a la vida es evidente que todos los demás también pueden serlo”.

Hay otros derechos sobre los cuales, a juicio de Guzmán, hay que estar y ser “profundamente atentos e innovadores, porque son la causa de la crisis que se vive hoy día; tal es el caso, en especial, del derecho a la libertad de expresión, que tiene una dimensión completamente nueva a raíz de los medios de comunicación modernos. De manera que es un punto que implica una de las garantías más sensibles dentro del ordenamiento jurídico. Podría decirse que es uno de los más explosivos. Allí está uno de los nervios del tema que se va a abordar. El éxito o el fracaso de un Estado futuro en Chile va a estar dado en gran medida por la forma en que se resuelva este problema y por la manera en que se desenvuelva esta realidad”.

-Aborto y pena de muerte

Considerando que la consagración del derecho a la vida es el primero de todos los derechos para Guzmán, era evidente que ello “exige pronunciarse respecto de la constitucionalidad de la pena de muerte que debería mantenerse como una posibilidad a la cual el legislador pueda acudir como sanción de un delito determinado”. En cambio, lo que cree que sí queda excluido de suyo es el aborto: “El derecho a la vida evidentemente excluye y hace ilícito el aborto”.

Y como a su juicio todos los derechos eran susceptibles de limitación y deben ser reglamentados, el ideólogo de la UDI afirmaba en la comisión que “en el caso del aborto se trata de un homicidio y por trágica que sea la situación en que se vea envuelta la madre, es indiscutible que ella está obligada siempre a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte, según lo expresaba el señor Silva Bascuñán, de la cruz que Dios puede colocar al ser humano”.

En esa línea, precisó que “la madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo, derive su muerte. Una persona no puede practicar jamás legítimamente un aborto, porque es un homicidio y todas las consecuencias negativas o dolorosas constituye, precisamente, lo que Dios ha impuesto al ser humano”.

-Seguridad Nacional

En este punto, Guzmán quería ir más allá, complementar el concepto con lo que la Junta Militar llamó la “identidad histórico-cultural de la Patria”, que dice relación “con la mantención de los sentimientos más profundos de la nacionalidad y de las tradiciones desarrolladas y consagradas a través de toda nuestra historia (…) nuestras Fuerzas Armadas tienen un doble papel: cautelar la seguridad nacional y velar por la identidad histórico-cultural de la Patria, todo ello, presidido por una característica que ya se ha mencionado: las FF.AA. son jerárquicas, apolíticas y profesionales, obedientes al orden jurídico institucional y no deliberantes”.

Así, el concepto de seguridad nacional es “mucho más amplio que el de la simple conservación del orden interno y de la seguridad exterior de la República; al tratar de afianzar la soberanía de la Nación en su integridad, apunta a todos los supuestos en que esa soberanía y esa integridad se apoyan, como es, por ejemplo, indispensable la existencia de un mínimo razonable en el funcionamiento de la economía respecto de un país, porque en la situación económica en que se encontraba Chile en agosto o en septiembre del año 1973 no se podría sostener que su seguridad nacional era firme”.

-Supresión del derecho de reunión

Para Guzmán la ley y las disposiciones pueden restringir el derecho de reunión “sin permiso previo en las calles, plazas y demás lugares de uso público, si la reunión adquiere un carácter multitudinario que entorpece el derecho de terceros sobre estos lugares públicos, a condición de que este derecho se entienda siempre relacionado con el de igualdad ante la ley, que prohíbe a toda autoridad realizar discriminaciones arbitrarias. Lo que no puede ocurrir es que lo que se les autorice a unos se les niegue a otros (…). Eso es algo importante de preservar. Pero si el día de mañana se dijera que, en los radios urbanos, no se admitirán concentraciones o reuniones masivas en las plazas y calles, pienso que realmente no se estaría vulnerando ningún derecho”.

-Libertad de enseñanza

Aquí queda plasmada una visión que la UDI defiende hasta hoy. “¿A qué queda reducida la libertad de enseñanza, si se admite la existencia de un sistema nacional que fija obligatoriamente planes y programas de estudio? ¿A una mera libertad de cátedra, que permita al profesor desarrollar con cierta flexibilidad, de acuerdo a sus puntos de vista, un programa único y obligatorio para todo el país, salvo el caso excepcional de establecimientos con planes o programas experimentales? Eso no es libertad de enseñanza, atributo que entiende más amplio, y referido a los establecimientos educacionales como tales, y a quienes los puedan desear crear y no únicamente al profesor en una mera libertad de cátedra”.

-Intimidad y honra

Jaime Guzmán sostenía: “La intimidad es una zona más profunda y sensible que la privacidad, es algo todavía más sutil y, por lo tanto, de menor alcance en su extensión (…) habrá que hacer algún tipo de relación sobre el punto cuando se trate el tema de los medios de comunicación (…) va a ser la jurisprudencia la que en definitiva irá calibrando o precisando a quién y hasta dónde alcanza este derecho de privacidad”.

Siguiendo con los medios de comunicación, afirmó que “este es un rubro en el cual difícilmente se puedan establecer líneas demasiado precisas (…) y va a tener que ser la jurisprudencia la que vaya sentando la doctrina sobre el punto. Por ejemplo, el hecho de inmiscuirse en la vida privada de la familia, en las relaciones del esposo con su esposa o con sus hijos es entrometerse en una zona de privacidad que siempre debe ser respetada, incluso respecto de los hombres públicos y tal vez con mayor razón respecto de ellos porque en nada afecta su acción pública. En cambio, por ejemplo, que se dé a conocer qué género de vida no solo licenciosa, sino sumamente cómoda y holgada llevaba el anterior Presidente de la República, que se decía abanderado de los sectores más modestos, puede ser un hecho que no sea violatorio de la privacidad de las personas porque da una pauta de cuál es la calidad moral de las personas en un rubro que evidentemente interesa a la comunidad nacional”.

-Igualdad de oportunidades

Para Guzmán puede definirse como “una aspiración programática o bien como una declaración de intenciones de lo que pretende una sociedad democrática, a fin de que nadie quede por debajo de un mínimo necesario para vivir con dignidad, asegurando el desarrollo individual y familiar. Desafortunadamente y a partir de ese mínimo, se produce una desigualdad que cobra especial connotación en los campos económico, social y cultural. Dicha desigualdad es inherente a la condición humana y se aprecia tanto en las sociedades occidentales como en los países socialistas”.

A su juicio, promover una igualdad muy amplia “significaría para el Estado contraer un compromiso muy difícil de cumplir. Restringir el concepto de la igualdad a materias específicas en las cuales pueda llegar a ser una realidad, como por ejemplo, en lo relativo a la educación”.

-Estado subsidiario

Unido al punto anterior, el ideólogo gremialista pensaba sobre el Estado subsidiario que era “importante consagrar el principio de la descentralización del poder o de la subsidiariedad, entendiendo que la función del Estado es, en primera instancia, la de integrar y coordinar las diversas actividades del país y solo, en subsidio, y en segunda instancia, la de asumir en forma directa una tarea específica, cuando, por su importancia, no pueda ser entregada a la órbita de los cuerpos intermedios o cuando, por lenidad de éstos, no cumplan el objetivo que la sociedad reclama de ellos”.

Tal como se lee en las actas, Guzmán dijo que “la clave de la libertad está en la vigencia del principio de subsidiariedad, antes que en el respeto a las libertades políticas. En el régimen pasado existía un marco de libertades que no fueron vulneradas en forma tan grave, como ocurrió con el derecho de reunión y con la libertad de expresión, pero la asfixia estatista de las actividades generales del país, principalmente las de carácter económico, puso al régimen de libertad en Chile en serio peligro”.

Así, agregó que “no se puede confundir la cualidad de un derecho con la cantidad o forma en que él se expresa. Aunque el Estado llegue a tener una mayoría abierta de establecimientos educacionales, desde un punto de vista doctrinario o cualitativo esa función sigue siendo subsidiaria, porque llena aquello que no pueden llenar las instancias prioritarias. (…) Respecto de la órbita que las instancias prioritarias no alcanzan a cubrir, el Estado tiene no sólo el derecho, sino también el deber de entrar a actuar”.

-Democracia

Un concepto que para Guzmán era igual que la Torre de Babel, ya que creía que existía una imposibilidad de entenderse en el lenguaje. “Hace algún tiempo la gente divergía en ideas y además en el lenguaje. Entonces, se llamaban de una manera unos y de otra manera otros, y la gente entendía que con el lenguaje expresaba ideas divergentes. Con el transcurso de los últimos años, ello se terminó. Ahora todos son democráticos. La democracia se ha dividido en “democracias populares”, “democracias liberales”, etc. Cada uno apellida la propia y a la otra según quiera desprestigiarla. Pero todos se consideran demócratas, sin excepción; todos se consideran nacionalistas, sin excepción”.

Advirtió que “la fe del mundo en la democracia constitucional, principalmente de la juventud o de las generaciones más jóvenes, está en crisis, en la cual han tenido influencia, muy poderosa, las doctrinas que no comparten esos principios, como la totalitaria marxista-leninista o las que genéricamente se podrían englobar dentro de lo que se ha llamado el fascismo”.

-Seguridad y libertad

Guzmán creía que existía una “pugna entre la libertad y la seguridad y en el caso de Chile dicha situación se produjo porque dos sectores substanciales de la ciudadanía llegaron a no tener las bases mínimas de consenso que les permitieran convivir. Si se hubiera impedido que una de esas fuerzas obtuviera una cuota sustancial de la ciudadanía, no dándole los medios de difusión que se le concedieron, no se habría producido la situación que puso en peligro la paz social. Pero, lógicamente, se habría sentado un precedente que también puede conducir a una sociedad cada vez más cerrada, porque cualquier discrepancia podría ser estimada más peligrosa para el Estado y, en consecuencia, suficiente como para restringir el campo de la libertad”.

Argumentó que “con todas las reservas y dudas respecto a la conveniencia y a los peligros que involucra el hecho de restringir la libertad de expresar ideas, y, si se tiene presente que la seguridad y la paz social son valores de una sociedad tanto o más importante tal vez que la libertad, la paz social es, incluso, más importante que la libertad, o, por lo menos, tan importante como ella”. Por lo mismo, Guzmán no tenía “ninguna duda de que en casos extremos, en que se trate de conservar o asegurar el ordenamiento institucional de la República, parece conveniente y adecuado radicar en las Fuerzas Armadas esa misión”.

En su libro El pensamiento político de Jaime Guzmán, Renato Cristi sugiere que el abogado gremialista y los militares golpistas ya se conocían antes de que se concretara el putch de 1973. No se explica de otra manera que el régimen le asignase a una persona sin experiencia política una de las más altas responsabilidades de la dictadura, solo dos días después del golpe. “El hecho de que el día 13 de septiembre la junta nomine a Guzmán (…) para el estudio de una nueva Constitución indica hasta qué punto su pensamiento y sus proyectos políticos estaban ya involucrados en la intervención militar. Guzmán guía los pasos iniciales de la junta militar, juega un papel decisivo en la formación y consolidación del nuevo régimen político y se convierte en su Kronjurist, aunque sería más justo decir que en materias constitucionales la corona la porta él mismo”. En otras palabras, Jaime Guzmán se transforma en el consejero en las sombras más influyente de la dictadura, posición de la que gozará hasta 1981 después de aprobada la nueva Constitución.

La relativización de los derechos humanos por parte de Guzmán es tan explícita que en el discurso de Chacarillas redactado por él reconoce abiertamente la violación de los derechos fundamentales por parte del régimen. Cristi señala que en dicho discurso “Guzmán admite que tales violaciones han existido, pero piensa también que ellas son justificables. Ellas son excepcionales, transitorias, necesarias, y cuentan con el respaldo de la civilidad”. Para Cristi “la responsabilidad moral que asume Guzmán al afirmar esto es histórica”. Esta abierta relativización de los derechos humanos -que le acarrea a Guzmán una fuerte disputa con la Iglesia Católica que estuvo a punto de excomulgarlo en 1975- resulta extremadamente importante para entender por qué Guzmán se granjea tantos enemigos en la oposición y más específicamente en el seno de los grupos armados de la extrema izquierda.

A fin de morigerar esta postura el abogado gremialista construye una argumentación que le permite trasladar la responsabilidad del atropello a los derechos humanos al gobierno de Allende. Este constructo argumentativo tiene como eje central el tema de “la guerra civil”. La violación de los derechos fundamentales tiene lugar, según Guzmán, en un contexto de reordenamiento institucional que sucede a un periodo de anarquía política, de “guerra civil”, del cual es responsable el gobierno de la UP. Guzmán va más allá, incluso, al considerar que el quiebre democrático se produjo antes del 11 de septiembre de 1973. Técnicamente el golpe militar no pone fin a la democracia: es un hito más dentro de un proceso de descomposición que se encaminaba inexorablemente hacia el totalitarismo.

Finalmente, siguiendo a Sáez (2019), lo anterior nos lleva a concluir que en la batería argumentativa usada por Guzmán para justificar su acción política subyace una lógica consecuencialista, una deriva teleológica según la cual la bondad o maldad de un acto está determinada por las consecuencias que comporta. Para las teorías consecuencialistas, una acción se juzga buena si genera el mayor bien posible o un excedente de la cantidad de bien sobre el mal. Si nos ceñimos a los argumentos de Guzmán, la acción de violar los derechos humanos genera un excedente de bien (salir del estado anárquico de “guerra civil”) sobre el mal provocado (la supresión de vidas humanas). Este razonamiento utilitarista de Guzmán (las mejores consecuencias para el mayor número de personas), en el que el valor del derecho a la vida queda supeditado al contexto, es el mismo que siguen sus verdugos respecto de los intereses que dicen defender.

En la revista El Rodriguista N°68, de octubre y noviembre de 1996, dos dirigentes del FPMR reivindican el crimen, señalando: “La acción de [matar a] Guzmán formó parte de una de las líneas políticas asumidas al término de la dictadura en la perspectiva de la campaña No a la Impunidad”. De estas palabras -y siguiendo el derrotero utilitarista empleado por el creador de la UDI para justificar el accionar de la dictadura- se puede colegir que para los autores intelectuales y materiales del crimen de Guzmán, la acción de poner fin arbitrariamente a su vida genera un excedente de bien -el de evitar la impunidad o circunstancia de que un delito (la potencial complicidad de Guzmán en violaciones a los Derechos Humanos) no reciba castigo- por sobre el mal provocado: eliminar a un ser humano violando el principio del derecho a la vida. Para los autores del crimen de Guzmán la acción de asesinarlo es justa en la misma medida que para el abogado gremialista es justa la acción por parte del Estado de suspender momentáneamente los derechos de las personas.


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