Comisión Investigadora del Caso Kayser concluyó  que hubo irregularidades de organismos del Estado

El pasado lunes 31 de julio, en la Cámara de Diputadas y Diputados, fue aprobado por una unanimidad el informe final de la Comisión Especial Investigadora del Caso Kayser, la que inició en enero de este año y presidida e impulsada por el diputado  Andrés Giordano, por los hechos ocurridos en Renca el 20 de octubre del 2019, durante el estallido social, donde se encontraron muertos tras un incendio en las bodegas de la empresa Kayser a Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas. 

 “Con la constatación de ciertas negligencias, hubo omisiones relevantes por parte de diversos organismos del Estado. No tuvo la calidad de ser una investigación con la debida oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad de los órganos encargados de investigarlo, exhaustividad y la participación de los familiares en el proceso”, sostuvo el diputado Giordano en dicha instancia. 

Por su parte, la madre de Yoshua Osorio, Solange Arias, respecto a la comisión afirmó que “nos ha ayudado para agilizar ciertas diligencias que estaban entrampadas y también que dan cuenta de la deficiencia a la hora de abordar casos como este desde el Ministerio Público y el rol del Estado”

Una de las principales conclusiones reveló negligencias por parte del Servicio Médico Legal como “la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas” y “el desconocimiento de información relevante por parte del Ministerio Público”; esto tras una respuesta a un oficio de 2021, en donde expresaron que “no hay antecedentes de impactos balísticos”, cuando sí los hubo.

También se detalló que tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público, señalaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado, generando un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación, como lo expresaron las familias de las víctimas. Además, el mismo carabinero que afirmó esto último, grabó y difundió “en redes sociales un video de las víctimas durante la noche del 20 de octubre del 2019”, un delito por el cual sólo recibió la sanción administrativa, siendo formalizado recién este año.

El informe de la Comisión también indica que “ni en el día del incendio ni los días posteriores, el sitio del suceso fue cercado para el debido levantamiento y realización de diligencias investigativas”, lo que era directa  responsabilidad del Ministerio Público y de Carabineros. 

Además, se resolvió que existe “falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos, puesto que de acuerdo con las declaraciones de la periodista Paola Dragnic y el camarógrafo Italo Retamal de Telesur, en el acto quedaron presuntos restos de vestimentas y objetos personales de, al menos, una de las víctimas”.