Compromisos no cumplidos en agenda “ecologista”: Los cuestionamientos ambientalistas al Gobierno ad portas de la Cuenta Pública

Las críticas que enfrenta el Gobierno de Boric en materia ambiental de cara a la Cuenta Pública

El gobierno del presidente Gabriel Boric enfrenta duras críticas por el incumplimiento de su agenda ambiental, según un informe de Chile Sustentable, revela que el 54% de los 67 compromisos ecológicos del Programa de Gobierno «Apruebo Dignidad» están incumplidos, mientras solo el 15% se ha realizado. Entre las deudas destacan la falta de un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, políticas de ordenamiento territorial y metas incumplidas en energías renovables.

Ver también / Gobierno ecológico en el papel: Informe denuncia retrocesos y deriva extractivista bajo la administración Boric

Por su parte, “Del Dicho al Hecho”, del proyecto Ciudadanía Inteligente, sobre el cumplimiento del programa de gobierno en materia ambiental, registra solamente el 44 % de logro.

Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, acusó al gobierno de «abandonar totalmente la agenda ambiental», calificándolo como «el peor en la materia desde el retorno a la democracia». En una publicación citada por El Dínamo, Liberona señaló que la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile «no ha sido considerada» por el Ejecutivo, cuyo foco ha sido impulsar proyectos de inversión mediante reformas que agilizan permisos, incluso bajo el llamado «Fast Track» del ministro Mario Marcel.

Relacionado / Motosierra Ambiental: Organizaciones ecologistas presentan carta contra de la iniciativa de ley de Permisos Sectoriales y reforma al reglamento del SEIA

Sobre la Cuenta Pública, Liberona fue categórica en reciente entrevista de El Dínamo: “La verdad no espero nada de la Cuenta Pública, pues independiente de la evaluación y/o promesas que pueda hacer, estamos ante una situación en que los hechos hablan por sí solos”.

Dardos a Mario Marcel

Defendamos Patagonia publicó en sus redes sociales a puntando al Ministro de Hacienda, Mario Marcel: “Mario Marcel lidera un fast track (apure) legislativo para proyectos de inversión con impacto ambiental, otra nueva concesión al capitalismo salvaje, esto mientras el «gobierno ecológico» termina de cocinar el nuevo proyecto de permisos sectoriales para atacar la llamada permisología que denuncian los grandes empresarios, y que Boric les quiere regalar antes del término de su mandato”.

Agenda pro empresarial

Desde el oficialismo también surgen cuestionamientos. Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Medioambiente del Senado, criticó que el gobierno priorizó diálogos con el empresariado sobre las demandas socioambientales: “Se han sentado más con el empresariado que con el mundo social y medioambiental. Un gobierno que se declaró ecologista no puede entregar sus banderas tan tempranamente”, señaló el parlamentario en reciente entrevista.

Te puede interesar / Senador De Urresti acusa permisividad del Gobierno respecto de la contaminación de las salmoneras

Por su parte, Jaime Araya, diputado oficialista, agregó, citado por El Dínamo:  “Ha sido una constante desde el inicio del Gobierno el escaso impulso a la agenda de protección medio ambiental por parte del Ejecutivo”, situación que califica como “una decepción por las expectativas que habían (…) Ya cerrando el gobierno está más o menos claro que no existen avances legislativos sustanciales y que el gobierno ecológico es una etiqueta vacía”.

El informe de Chile Sustentable detalla retrocesos clave. En recursos hídricos, no se avanzó en un modelo de gestión integrada de cuencas ni en fiscalización, pese a la reforma al Código de Aguas. En transición energética, el plan de descarbonización carece de metas claras y promueve tecnologías basadas en combustibles fósiles. Además, proyectos como la Estrategia Nacional del Litio priorizan la explotación sin evaluar daños a ecosistemas sensibles como los salares.

La institucionalidad ambiental también muestra contradicciones. Mientras se firmó el Acuerdo de Escazú, iniciativas como la reforma al SEA y la Ley de Permisos Sectoriales son vistas como «regresivas» por organizaciones. Chile Sustentable destaca que el gobierno no presentó los proyectos de ley prometidos en ordenamiento territorial, dejando pendiente la protección de zonas costeras y la planificación regional.

Pese a algunos avances —como la Ley de Almacenamiento de Energía y el royalty minero—, el balance global apunta a una «deriva extractivista». Chile Sustentable concluye que el gobierno profundizó un modelo basado en la exportación de recursos sin valor agregado, incumpliendo su promesa de transición socioecológica. La ciudadanía, advierten, ahora enfrenta «regresiones ambientales» como el aplazamiento de la ley de plásticos de un solo uso.