Comunidad de La Antena lucha ante inminente desalojo en San Rosendo y dos vecinos han atentado contra su vida por esta situación

Familias con casi 50 años de historia y títulos de propiedad enfrentan la exigencia de desocupar sus hogares, generando una profunda crisis y movilización vecinal.

Desde hace casi dos años, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) comenzó a solicitar a los residentes de la comunidad de La Antena, en San Rosendo, el abandono de sus viviendas. Esta exigencia se fundamenta en la presunción de riesgo por remoción en masa en el cerro donde se emplazan las casas, con la intención de ceder el terreno a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para la construcción de parques.

La situación actual se agudizó recientemente con la entrega de notificaciones formales a los vecinos. Este contexto ha generado una profunda preocupación entre los habitantes, quienes denuncian la falta de soluciones efectivas y un abandono estatal que vulnera sus derechos fundamentales.

La comunidad de La Antena, con una trayectoria de casi cinco décadas en el sector, se estableció inicialmente como una toma de terrenos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la Municipalidad de San Rosendo intervino para ayudar a las familias a formalizar su situación, lo que incluyó el pago por los terrenos y la obtención de los respectivos títulos de propiedad. A pesar de reconocer el emplazamiento en una zona de riesgo, los vecinos argumentan que existen soluciones habitacionales que no han sido consideradas por las autoridades.

Un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería del 16 de junio de 2024 describe un «deslizamiento de regolito», roca granítica, en la ladera sur del cerro Las Antenas, detallando que la zona afectada es de aproximadamente 1000 m2 y su estado es «latente». El documento también señala deslizamientos de materiales no consolidados sobre roca sólida, con alto contenido de arcillas que aumentan la plasticidad, además de una vivienda con una grieta visible en la losa. El SERNAGEOMIN apuntó que la problemática del deslizamiento en este sector es recurrente, y se ha constatado que algunos gaviones instalados para mitigar el riesgo han sido intervenidos por vecinos, debilitando su función.

Durante todo este proceso, presuntamente los organismos como el SERVIU y la Municipalidad no habrían realizado un catastro actualizado de las familias afectadas ni habrían buscado alternativas concretas, como la expropiación con reubicación en terrenos más seguros dentro de la misma comuna. Esta omisión sería crítica considerando que se trata de tres generaciones de familias arraigadas en el lugar, con un fuerte sentido de pertenencia territorial y modos de vida ligados al campo.

La falta de información accesible y el desconocimiento de los mecanismos legales han dejado a los vecinos en una situación de extrema vulnerabilidad. El informe de SERNAGEOMIN recomienda evacuar a los habitantes de las viviendas en períodos de precipitaciones intensas y contar con profesionales geólogos en el municipio para una comunicación oportuna en peligros naturales.

La presión ejercida por la situación alcanzó un punto grave, en el que tras firmar documentos relacionados con esta exigencia, dos vecinos de la comunidad tomaron la decisión de atentar contra su vida, retratando la desesperación y el impacto psicológico que la incertidumbre habitacional y el riesgo de desarraigo están causando en la comunidad. Frente a esto, se están gestando acciones tales como buscar solicitar un recurso de protección que obligue a las autoridades a entregar soluciones habitacionales antes de cualquier desalojo.

La comunidad, que había visto a algunos de sus miembros abandonar sus hogares ante la promesa de subsidios de arriendo y compra de viviendas que no se materializaron, ahora se organiza para la resistencia. Algunos vecinos que se habían ido están regresando, decididos por sus derechos y exigencias de que el Estado asuma su parte de la responsabilidad. La situación en La Antena, por tanto, estaría representando un crudo ejemplo de la vulneración de derechos y abandono estatal en la Región del Biobío.