Concejales de La Florida acuden a Contraloría por millonario contrato de nuevo Edificio Consistorial

La acción busca que el organismo fiscalizador se pronuncie sobre la legalidad de la contratación directa de la consultora.

Concejales de La Florida acuden a Contraloría por millonario contrato de nuevo Edificio Consistorial

Autor: Ivette Barrios

La acción busca que el organismo fiscalizador se pronuncie sobre la legalidad de la contratación directa de la consultora.

La mañana del miércoles 27 de agosto los concejales de La Florida, Reinaldo Rosales, José Seves, Victoria Oyarzún y Lía Gálvez, presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República, solicitando un pronunciamiento sobre el trato directo para el diseño del nuevo Edificio Consistorial de la comuna. La medida responde a la preocupación por la falta de una licitación pública en un contrato que supera los 238 millones de pesos, cifra que a su juicio merece una revisión externa.

El concejal Reinaldo Rosales explicó que la acción se motivó ante una «contratación que no pasó por licitación pública» y que se suscribió con una consultora para el diseño del proyecto. El Edificio Consistorial ha sido publicitado por la municipalidad como una obra que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y su relación con la administración local, es por esto que Rosales enfatizó en la necesidad de que sea la Contraloría quien determine si este contrato se ajusta a derecho, en un esfuerzo por garantizar la transparencia en el uso de los recursos municipales.

Seves, Oyarzún, Gálvez y Rosales sostienen que es su deber velar por el buen uso de los fondos públicos, sobre todo con un proyecto que se presenta como un espacio innovador y abierto a la comunidad. En conversación con El Ciudadano, el concejal José Seves aseguró que La Florida paga más de 100.000.000 de pesos al mes en arriendos, además de todos los gastos asociados a tener a la municipalidad en distintos puntos de la comuna: “Esa es la herencia de las malas decisiones, como el remate de terrenos municipales bajo la administración de Carter, que contó con el voto favorable de concejales de derecha. No vamos a permitir que esta historia se repita”, sentenció.

La solicitud a la Contraloría respecto a esta nueva contratación “a dedo” busca evitar que se repitan decisiones que, a juicio de Seves, han perjudicado las finanzas del municipio: “Queremos avanzar en el Consistorial, pero con transparencia, probidad y cuidando cada peso de nuestros vecinos y vecinas”, finalizó.

Por su parte, la concejala por el Partido Comunista, Victoria Oyarzún también se refirió al tema, a través de sus redes sociales confirmó la acción legal, señalando que asistió a la Contraloría: «a dejar un oficio para solicitar pronunciamiento jurídico sobre la legalidad del acuerdo”, el cual fue adoptado por el Concejo Municipal el pasado 14 de agosto. De esta forma, las autoridades buscan que sea un ente externo e independiente el que evalúe la legalidad, evitando así cualquier conflicto de interés.

La militante del Frente Amplio, Lía Galvéz, se refirió al proyecto asegurando que como concejalía no se oponen a la iniciativa debido a la importancia que el edificio tiene para la comuna. En ese sentido, la concejala explicó que la presentación del oficio ante la Contraloría busca determinar si el trato directo para la adjudicación de la obra se justifica o no en este caso: “Esta es una demanda sentida por la comunidad floridana pero queremos que se haga bien, de manera transparente y ajustada a la normativa actual”, comentó Galvéz para El Ciudadano.

La acción de los concejales de La Florida representa un llamado de atención a la administración local, recordando la importancia de la rendición de cuentas en todos sus procesos, especialmente en los que implican un importante gasto de recursos públicos.


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