Consejo para la Transparencia falla a favor de entrega de información de 15 millones de celulares a Cadem

Un reportaje de Interferencia reveló este martes que el Consejo para la Transparencia resolvió sobre la información solicitada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a distintas compañías de telefonía para realizar encuestas de satisfacción a través de Cadem. 

El requerimiento al Consejo para la Transparencia fue elevado por la Asociación Chilena de Telefonía (Antelmo) el pasado marzo, debido a la preocupación por la elevada cantidad de datos que la Subtel solicitó entregar por parte de las empresas de telefonía.

Dicho requerimiento denunció que desde 2006 la Subtel realiza estos estudios externalizados, pero que en lugar de generar una base de datos con una única muestra estadística, el organismo “ ha optado en cambio por solicitar los datos personales de la totalidad del universo de clientes de las empresas de telecomunicaciones, para luego limitar la muestra a aquellos individuos que efectivamente serán encuestados”, reportó Interferencia.

La información entregada a Cadem corresponde al número telefónico de cada cliente, tipo de plan (prepago o contrato, y en este último caso, qué tipo de contrato), comuna, región, variaciones en el tráfico mensual de voz y variaciones en el tráfico mensual de datos móviles.

En el oficio N°127, de fecha 30 de abril de 2021, el CPLT estimó que la Subtel “cuenta con una base de legalidad habilitante para efectuar este tratamiento de datos, sin necesidad de obtener el consentimiento de los titulares de los mismos”. Dicho pronunciamiento contó con los votos de 3 consejeros a favor -Gloria de la Fuente, Bernardo Navarrete y Natalia González- y con un voto disidente, del consejero Francisco Leturia.

Desde la ONG latinoamericana Derechos Digitales ya han criticado la acción cursada por la Subtel en el pasado. Durante el 2019 la organización recordó que “la definición de dato personal abarca mucho más que el nombre o el apellido de una persona -como parece defender la autoridad en los cargos que formula a la empresa-, y se extienden a cualquier información concerniente a personas identificadas o identificables.”

Por su parte, Mónica Vargas, ex presidenta del Colegio de Sociólogos, planteó que no hay ninguna justificación para entregar tal cantidad de datos, puesto que la confección de una muestra suficiente para realizar un estudio de esas características es un procedimiento habitual en el diseño de encuestas.

En declaraciones a Interferencia, señaló que hay que pensar en por qué se externaliza un servicio de esas características, considerando que con las sum»as de dinero que significan esas externalizaciones se pueden crear equipos completos de análisis de datos que sean dependientes de organismos públicos», agregó, además de señalar que «información es poder, en la era de la información los datos asociados al perfilamiento de la población valen mucho».

Asimismo, Alfie Ulloa, presidente de Atelmo, criticó el pronunciamiento del consejo representa un «retroceso respecto de la protección de datos, y creemos que no se relaciona con lo que dice la Constitución y las propias recomendaciones del CPLT”.

“Si hay que hacer encuestas o no, eso se puede discutir. La Subtel puede hacer encuestas u otras mediciones, pero eso no le da derecho a acceder a los datos personales. Además, no tiene sentido que para una encuesta de 14 mil personas se hayan entregado los datos de 15 millones de personas. Es más de mil veces la cantidad de datos necesarios”, afirmó.