La Contraloría General de la República confirmó este martes la apertura de un proceso de fiscalización al Ministerio de Justicia por la polémica rebaja de penas a 56 violadores y abusadores sexuales de niños.
El pronunciamiento de Contraloría se da luego de que un grupo de parlamentarios denunciara que la cartera liderada por Rabat no entregó respuesta a un oficio presentado por la Defensoría de la Niñez, el cual buscaba acceder a los decretos que permitieron la liberación de los reos.
El organismo también solicitaba los criterios y protocolos utilizados por el Ministerio de Justicia para considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría de la Niñez ingresó el oficio el pasado 22 de octubre, tras lo cual el Ministerio de Justicia tenía 5 días hábiles para responder. Dicho plazo venció el 29 de octubre; sin embargo, la cartera no respondió.
Ante la negativa de Rabat a transparentar la información, los diputados Raúl Leiva, Andrea Parra, Daniela Serrano, Emilia Schneider, Luis Malla y Jorge Díaz acudieron a Contraloría para que ésta ordene al ministerio a responder el oficio de la Defensoría de la Niñez.
Además, los parlamentarios pidieron a Contraloría instruir un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades de funcionarios y jefaturas por la demora. Además, exigieron que los antecedentes sean remitidos a la Cámara, resguardando la identidad de las víctimas.
La respuesta de Contraloría que sorprendió a los diputados
La respuesta de Contraloría -dada a conocer por Meganoticias- confirmó que el ente abrió un proceso de fiscalización por la negativa del Ministerio de Justicia a entregar la información requerida.
En el documento, Contraloría informa de dos gestiones en curso: una fiscalización en el Ministerio, iniciada a raíz de denuncias recibidas, y el requerimiento de un informe al ministro Rabat por la presentación parlamentaria.
“Sobre lo consultado, a raíz de denuncias recibidas, la Contraloría General está constituida desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia fiscalizando la materia”, señalaron desde el organismo.
Desde el ente encabezado por Dorothy Pérez no detallaron si ordenarán un sumario administrativo o si emitirán un pronunciamiento jurídico sobre la falta de respuesta de parte del ministro.
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