Crisis en Cormuval: Contraloría abre juicio de cuentas para recuperar $931 millones por mal uso de Subvención Escolar Preferencial

La Contraloría iniciará un juicio de cuentas en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), cuyo titular es el alcalde Jorge Sharp, con la finalidad de recuperar 931 millones de pesos por el supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que fue destinada a la compra de distintos elementos para dos liceos de la comuna.

Asimismo, el organismo fiscalizador envió los antecedentes al Ministerio Público, debido a que los hechos podrían revestir caracteres de delito, en particular una presunta malversación de caudales públicos.

La información consta en una reciente auditoría a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, en la que también se ordenó la realización de un sumario para establecer posibles faltas administrativas.

El documento apunta al período que va desde el 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019.

Los antecedentes plantean que parte de los recursos se derivaron a la compra “de buzos, poleras, corbatas, insignias, agendas, colaciones, empanadas, tortas, desayunos, almuerzos y por los servicios prestados” por los liceos María Luisa Bombal y el Técnico de Valparaíso.

Con relación a este último recinto educativo «se descubrió que el director administra una empresa que prestó servicios generando cerca de $180 millones como ganancia«, establece la auditoría, citada por Bío Bío.

 Según la Contraloría, los alumnos de ambos centros fueron utilizados “para trabajar como garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa para efectuar esa actividad”.

Por tal motivo, los antecedentes también fueron derivados a la Defensoría de la Niñez para que adopte las medidas correpondientes.

“Recurrir a alumnos para labores de garzón o envolvimiento de colaciones no se relaciona con la enseñanza del colegio. Aunque los alumnos recibieron un pago por dichas actividades tanto en el Liceo María Luisa Bombal como en el Liceo Técnico de Valparaíso no son propias de lo que indica ley que rige a la Cormuval”, se estableció en la autoría.

Otro de los hechos denunciados en el documento, es que los liceos obtuvieron “ingresos por la venta de los productos y la prestación de los servicios ya señalados por la suma de $490.649.302, y que, de esa cifra, un total de $394.153.169 corresponde a compras que fueron realizadas por la propia Cormuval”, provenientes de de recursos destinados a la educación pública.

¿Autorización de los padres?

Desde la corporación aseguraron que los jóvenes que prestaron servicios en matrimonios, coffe break, entre otros eventos, recibieron entre 12 a 20 mil pesos por jornada y que además contaban con la autorización de sus padres para llevar a acabo estas labores. Sin embargo en el informe la Contraloría indicó que dichos documentos no fueron encontrados.

La Cormuval insistió que en los colegios existe un “polo productivo” relacionado con las áreas de formación técnicas de los jóvenes en los liceos.

Respecto al informe, el diputado Andrés Celis , quien denunció los hechos hace más de un año, aseguró que “este informe confirma las gravísimas prácticas al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso y en esos dos liceos, los cuales fueron utilizados como máquinas operadoras de servicios que luego vendían a la propia Cormuval, algo absolutamente impropio, poco probo y respecto del cual el Alcalde debe responder a la brevedad.

“Di a conocer estos hechos, hace más de un año, a cuatro organismos públicos a quienes correspondía intervenir; la Contraloría, de la cual emana este completo informe, la Superintendencia de Educación, la Seremi del ramo y la Defensoría de la Niñez. Lamentablemente, la Seremi no hizo nada, sólo señaló que estos hechos eran de cargo de la Superintendencia”, indicó, citado por Bío Bío.

Por su parte, la Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, solicitó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, investigar la supuesta confección y venta irregular de colaciones, en donde se habría obligado a trabajar a los alumnos de Alimentación Colectiva del Liceo Técnico de Valparaíso, dependiente Cormuval).

Según la denuncia del diputado durante el 2017, «los alumnos eran obligados a embolsar y trasvasijar diariamente 1.500 yogures de marca registrada, 1.500 manzanas compradas en el Mercado Cardonal de Valparaíso y 1.500 sachet de galletas de marca registrada», en el marco de sus «prácticas supervisadas por maestros especialistas en la preparación de alimentos».

Por tal motivo, desde la Defensoría de la Niñez indicaron que están tomando acciones desde el año pasado respecto de este caso, por lo que procederán a revisar nuevos antecedentes para ver si corresponden acciones adicionales.

«Hoy, que celebramos que se publicó la ley contra trabajo infantil la Contraloría determina estos hechos, de máxima gravedad, que cuando el diputado Celis informó, motivaron acciones de nuestra parte, esperamos envío de dicha investigación para acciones adicionales», precisó Muñoz en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.