Cristiano Zanin, abogado de Lula en El Ciudadano: «Está debidamente comprobado que hubo interferencia de EEUU»

En entrevista con El Ciudadano, el abogado principal de Lula explica que el proceso contra Lula careció de pruebas, y hubo motivaciones políticas, como quedó demostrado por el máximo tribunal de Brasil, que estableció la parcialidad del proceso encabezado por el ex juez Moro.

Cristiano Zanin, abogado principal del expresidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva, a quien este jueves le fueron anuladas las condenas por corrupción sentenciadas por el ex juez Sergio Moro, conversó en extenso con El Ciudadano para explicar detalles de la sentencia y sobre el proceso mismo que anuló el caso contra Lula, y que pone a este último de vuelta en la vida política. Según el jurista, durante el proceso hubo Lawfare, es decir, una intensa persecución judicial contra el ex presidente de parte de un sector del poder judicial y de los grandes medios ¿tuvo Lula un debido proceso? ¿qué papel ejercieron los medios en el golpe contra Dilma Rousseff en 2016 y la siguiente ascensión de Jair Bolsonaro a la presidencia? ¿EE.UU. intervino en la caída del gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil (PT) y la llegada al poder de la ultraderecha?

Un día después de que el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Brasil) anulara definitivamente las condenas impuestas a Lula da Silva por el juez Sergio Moro, quien había condenado al ex presidente por corrupción sin presentar pruebas en julio de 2017, El Ciudadano conversó con el abogado del histórico dirigente del Partido dos Trabajadores (PT), Cristiano Zanin, quien contó cómo enfrentó la defensa en un juicio en el cual el juez Moro orientaba las investigaciones de los fiscales para incriminar a Lula, negociando con condenados penas permutables si es que incriminaban al ex presidente, así como también la intervención telefónica del acusado, de toda su familia, y también de su abogado y de todos su colegas de su oficina Teixeira, Martins (25 en total), incluyendo a todos los clientes de estos (aproximadamente 300); con el objetivo de condenar al histórico líder del PT por “corrupción pasiva” y “hechos indeterminados”, es decir, sin pruebas.

En la actualidad, el ex juez Sergio Moro, cuya conducta fue considerada parcial e incompatible con el Código de Ética del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), está en calidad de sospechoso por la Corte Suprema brasileña de haber sido un juez imparcial. Las dudas en torno de su actuación fueron confirmadas tras la divulgación de los diálogos que establecieron Moro y el fiscal a cargo del proceso contra Lula, Deltan Dallagnol -a través de Telegram- por el medio de investigación periodística The Intercept, en los cuales se aprecia una coordinación en la búsqueda de pruebas para condenar a Lula. Sin embargo, Zanin contó a El Ciudadano, que desde comienzos del proceso seguido contra el ex presidente, se dieron cuenta de lo objetivos políticos tras la narrativa de la lucha contra la corrupción en Brasil.

Puedes leer: Tribunal Supremo de Brasil determina que Sergio Moro fue parcial en procesos contra Lula

La primera condena establecida a Lula por el ex juez Sergio Moro, fue a nueve años y medio por “corrupción pasiva”, no estando dicha condena en relación a los años impuestos a un delito tipificado, sino que fue una cruel ironía del juez Moro. El abogado Cristiano Zanin cuenta que ya en las conversaciones que hacían los fiscales con el juez por Telegram, Lula “era llamado como “nove” (nueve), en referencia a la pérdida de un dedo que tuvo el ex presidente en un accidente de trabajo (cuando era obrero)”.

Zanin sostiene que “la condena impuesta por el ex juez Sergio Moro fue absolutamente ilegal e injusta, siendo derrumbada el día de ayer por la Corte Suprema brasileña. La condena sacó a Lula de la carrera presidencial en 2018 y lo llevó a una prisión ilegal. Desde el inicio del proceso contra el presidente Lula, verificamos que no estábamos dentro de un proceso y una investigación normal. Nos enfrentamos a lo que denominamos como Lawfare, que es el uso estratégico del derecho para obtener fines ilegítimos, incluso en el campo político. Efectivamente, de esa manera, la operación Lavajato fue conducida siempre enfocada en el ex presidente Lula, buscando alcanzar su reputación y sacarlo de la vida política”.

Según cuenta Zanin, el proceso seguido contra el líder del PT “extrapola cualquier tipo de juicio normal. Desde el inicio del Lavajato nos dimos cuenta que no era un juicio normal. Se veía una motivación política muy clara. El Lavajato usó las acusaciones para obtener fines políticos. Tanto así que el calendario del Lavajato estaba vinculado al calendario político del país”.

El abogado detalla que tras tener acceso a las grabaciones de las conversaciones entre los fiscales (mensajes de texto y audios), las que fueron autentificadas por los tribunales brasileños, la defensa pudo dar cuenta de las dimensiones de la persecución con fines políticos contra Lula. “Cuando accedimos a las comunicaciones accedimos a lo que llamaban el ‘plan Lula’. Vimos como usaron el poder del Estado para sacar a Lula de la vida política y la Lavajato era parte de un plan político, sus miembros tenían candidatos, participaron de articulaciones políticas”- cuenta el jurista.

Respecto de si piensan emprender futuras acciones penales contra el ex juez Moro y los fiscales del Lavajato, Zanin confesó que ya era un logro haber conseguido “probar que la Lavajato no sólo implicó una colusión entre el juez y los procuradores, implicó el ataque a abogados, ocultó pruebas y se prestó para la articulación de un proyecto políticos”. De igual modo dijo que analizarían la prosecución de acciones penales “con mayor detenimiento, ya que nuestro objetivo aún es finalizar el proceso contra Lula, hecho por Sergio Moro”.

Lawfare: La guerra jurídica

El jurista también contó a El Ciudadano la experiencia de ser víctima de un proceso de Lawfare (guerra jurídica), en calidad de abogado defensor de Lula. Zanin señala que ya en 2016 mostraron al Comité de DD.HH. de la ONU que “el ex presidente Lula estaba siendo víctima de una persecución política en Brasil, siendo vulnerados sus derechos garantizados por la constitución y los pactos de derechos civiles y políticos de la ONU”.

Zanin junto a su esposa y socia, la jurista Valeska Teixeira Martins, se afanaron en sistematizar en qué consiste una guerra jurídica. Sostuvo que esto “consiste en el uso estratégico del derecho para obtener fines políticos y opera en las mismas dimensiones de la guerra tradicional. De este modo,  en el Lawfare se escoge la jurisdicción más favorable de la misma forma como en la guerra se escoge el campo de batalla. También se escoge la legislación a ser utilizada del mismo modo como se elige un armamento en la guerra tradicional”, afirmó.

Agrega que en el Lawfare existen las externalidades, que es la campaña mediática que justifica la guerra tradicional. En esta parte del Lawfarelos medios actúan en forma simultánea  con los actos de persecución del Estado, para crear ese ambiente artificial de culpa, para demonizar a la persona que es blanco del Lawfare, con el objetivo de que no haya cuestionamientos mayores sobre las ilegalidades y arbitrariedades cometidas”.

El papel de los medios masivos:

Los principales medios de comunicación de Brasil dieron generosa cobertura a la operación emprendida por el juez Sergio Moro. El noticiario Jornal Nacional del canal Globo, dedicó 18 horas de publicidad negativa contra Lula sólo el año 2014. Entre los años 2014 a 2017, la revistas semanales Veja, Istoé y Época dedicaron cada una 165 portadas contra Lula y el PT, sumando en total 495 portadas contra el expresidente.

Zanin cuenta que la prensa “transformó a Moro y a los fiscales en verdaderos héroes, los enaltecían todos los días, y todo lo que ellos colocaban era tratado por la prensa como si fuera verdad absoluta. Eso creaba una asimetría muy grande, tratando a la defensa como una mera formalidad y nuestras declaraciones como un mero registro.”

A juicio de Zanin; “los medios crearon un ambiente artificial de culpabilidad, que ejerció un papel de presión para los órganos revisores de las decisiones de primera instancia. La sensación que una parte de los medios creó fue que cualquier juez o miembro de un tribunal de apelación superior que quería revisar o cambiar las decisiones del juez Sergio Moro, seria un juez o magistrado sospechoso de conexiones con la corrupción. Los medios ejercieron un papel muy importante en este proceso de Lawfare que Brasil vivió en los últimos años. Creo que hay necesidad de que la prensa brasileña haga una reflexión para que esto no ocurra más.”

De igual modo, el jurista considera que “el papel de los medios es importante en cualquier país: los medios tienen el papel de fiscalizar al poder, pero lo que pasó en el Lavajato fue justamente lo contrario: aquellos que en el aparato del Estado estaban usando de forma indebida ese poder, acabaron siendo enaltecidos y tratados de forma acrítica por los medios brasileños, lo que acabó influenciando también a los medios internacionales que acabaron creyendo también lo que los medios de acá estaban contando.”

A la distancia de esos momentos, Zanin considera que el accionar de los medios “construyó un ambiente en Brasil extremamente polarizado que colocó en riesgo la propia democracia en el país. Es impensable tener un proceso judicial conducido de esa forma”. Agrega además que “quien enfrenta un proceso judicial enfrenta una situación asimétrica, el Estado con todo su aparato. Imagina que esa asimetría suma una parte importante de la prensa al tratarlo como enemigo, como pasó con el ex presidente Lula. Fue un ataque simultáneo de una parte del poder judicial y de un gran sector de la prensa”.

La huella de EE.UU:

La interferencia de EE.UU. en el impeachment seguido contra Dilma Rousseff en 2016, y la prisión de Lula en 2017, está siendo cada vez más clara y evidenciada por las conversaciones entre los fiscales y el juez Sergio Moro. Consultado al respecto, Zanin comenta que “ya está debidamente comprobado de que la Lavajato actuaba con el apoyo y la interferencia de agencias extranjeras, notablemente de EE.UU. y esa relación fue totalmente ilegal”.

El jurista agrega que “lo que encontramos en el análisis de las conversaciones secretas de los fiscales, se puede ver una intensa relación del Lavajato con agentes de EE.UU. fuera de los canales oficiales y que envolvió incluso una serie de multas pecuniarias aplicadas por EE.UU. contra ciudadanos y empresas brasileñas”.

Ve la entrevista completa del periodista Mauricio Becerra a Cristiano Zanin:


Síguenos y suscríbete a nuestras publicaciones

Comparte ✌️

Comenta 💬