Cuatro décadas de Cerro Chuño contaminado y abandonado por el Estado

Las familias nortinas ven afectada su salud mientras las autoridades priorizan un plan de desalojo sin soluciones habitacionales reales.

El masivo desalojo y demolición de Cerro Chuño, coordinado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas, reabre una de las heridas socioambientales más crueles del país. El operativo, que costará cerca de 10 mil millones de pesos bajo argumentos de seguridad, impactará de lleno en un territorio marcado por el abandono, donde  las organizaciones sociales están en alerta pues el Estado pretende erradicar el campamento sin dar respuestas concretas a la crisis humanitaria de fondo.

La tragedia en este territorio se arrastra desde mediados de los años 80’, cuando la dictadura militar permitió que la empresa sueca Boliden depositara toneladas de residuos industriales con plomo y arsénico. El propio Estado levantó viviendas sociales encima de este basurero tóxico, condenando a las personas a construir sus vidas sobre tierra envenenada. Hoy, además, se enfrentan al anuncio gubernamental del uso de retroexcavadoras tras cuatro décadas en las que la comunidad respiró metales pesados, esperando una reparación integral.

El impacto de este cóctel químico en la salud pública se refleja en las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, pues tan solo en 2024 la Región de Arica y Parinacota registró 230 casos de tumores malignos del tejido linfático y 472 casos en órganos digestivos, patologías que provocaron la muerte de 389 personas en ese mismo período. Médicamente, la exposición crónica al plomo y al arsénico eleva el riesgo de desarrollar cáncer, además de provocar daños severos en el sistema nervioso y en los riñones. 

Ante este escenario, el dirigente de la Comisión de Medio Ambiente de la CONFUSAM, Pablo Salinas Gómez, recorrió el sector para evaluar las condiciones de la comunidad, afirmando que “escuché el miedo de los vecinos ante la posibilidad de que se demuelan sectores completos sin garantizar soluciones habitacionales reales”. A su juicio, la erradicación planificada por el Gobierno suma incertidumbre a familias que ya enfrentan una situación de alta vulnerabilidad social y sanitaria.

La perspectiva de los representantes técnicos y ambientales apunta a que el Estado vulnera el artículo 19, número 8 de la Constitución, que garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. De hecho, en 2021 los relatores especiales de las Naciones Unidas calificaron el caso de Arica como una grave afectación a los derechos humanos, solicitando respuestas formales que aún no se ejecutan de forma eficaz. «Vi niños creciendo entre contaminación y abandono», señaló Salinas, cuestionando que la respuesta institucional priorice el desalojo por sobre un plan de salud integral.

Mientras el cronograma presidencial estipula un plazo de 24 meses para demoler las estructuras y trasladar los residuos hacia la Quebrada Encantada, los residentes solicitan postergar las medidas de fuerza, insistiendo en que desmantelar el asentamiento no resuelve la crisis de fondo si no se acompaña de una transición socioecológica justa. Para los afectados, la solución definitiva requiere garantizar salud, vivienda digna y una reparación histórica para las familias expuestas durante décadas a los polimetales.

El Ciudadano.