Daniel Urrutia, el juez que se enfrenta a sus superiores del poder judicial por prevaricación

Entrevista a Juez Daniel Urrutia en Doble Espacio

“Por eso se señala que hay un delito de prevaricación, de torcida administración de justicia, porque ellos podían suspenderme, podían abrirme sumario, pero no dejar sin efecto la orden de libertad. Porque de eso se trata la independencia: el juez de instancia toma una decisión fundamentada, con toda la competencia, y cambia de oficio el régimen cautelar de prisión preventiva a arresto total”.

La existencia o no del delito de prevaricación es un asunto que está por resolverse. Hace unos días la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó sobreseer a los 19 ministros y a la magistrada de la Corte Suprema, luego de que así lo solicitaran su defensa.

Compartimos a continuación, entrevista de María Fernanda Araneda en Doble Espacio.

ENTREVISTAS

Sobre querella por prevaricación

Juez Daniel Urrutia: “Lo que estamos pretendiendo es que se respete el estado de derecho”

El magistrado, que recientemente se querelló en contra de 19 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, y una ministra de la Corte Suprema, explica a Doble Espacio sus razones para seguir enfrentándose a las autoridades del poder judicial.

En marzo de 2020, cuando recién comenzaba la pandemia, el juez Daniel Urrutia Laubreaux, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tomó una decisión sorpresiva. Teniendo en cuenta el alza en los contagios, y las malas condiciones sanitarias al interior de las cárceles, cambió las medidas cautelares de 13 imputados que, durante el estallido social, pertenecieron a la llamada “primera línea”.

De acuerdo al magistrado, se trataba de personas sin antecedentes, que estaban siendo investigadas por delitos menores, y que de ser condenados, seguramente iban a cumplir la pena en libertad. La cautelar, entonces, pasó de la prisión preventiva al arresto domiciliario completo.

“Sin embargo, la Corte de Apelaciones nuevamente les impuso la prisión preventiva”, advierte Urrutia.

Tal como menciona el juez, a las pocas horas, un grupo de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejaron sin efecto la determinación de Urrutia, y además decidieron suspenderlo de sus funciones. Esto lo motivó a interponer una querella por prevaricación -resolución arbitraria a sabiendas que es injusta- en contra de los jueces, y lo enfrentó, como ya es usual, a sus superiores en el poder judicial.

En conversación con nuestro medio, el juez Urrutia aborda este litigio, reflexiona sobre el trabajo de la Convención Constitucional que se refiere al poder judicial y responde a quienes lo han catalogado como la oveja negra o el hijo rebelde de la judicatura chilena.

Perspectiva autoritaria

En 2005, poco tiempo después de haber iniciado su carrera en el poder judicial, Daniel Urrutia pidió un permiso administrativo para hacer un diplomado sobre derechos humanos y procesos de transición a la democracia. Su trabajo final, que ahora revisa y le da vergüenza cómo está escrito, tenía una tesis bastante clara.

“Planteaba que el poder judicial chileno, esta Corte Suprema, tenía que reconocer que en dictadura había sido cómplice, por acción u omisión, de las graves violaciones a los derechos humanos”, explica el juez.

El trabajo, que fue evaluado con nota siete, luego fue enviado por el propio Urrutia a los ministros de la Corte Suprema. Ellos, sin embargo, no se lo tomaron bien.

“La Corte Suprema me abrió un proceso disciplinario y me sancionó. Eso marca un antes y después, porque de ahí en adelante a mí se me etiqueta como rebelde. Lo que no tiene ningún sentido, porque en el fondo estoy haciendo un trabajo académico de reflexión, que genera una conclusión, que es una conclusión académica, y luego eso provoca un rebote en las estructuras jerárquicas del poder judicial. No tiene ningún sentido”.

Convencido de que se estaba cometiendo una injusticia, Urrutia acudió a instancias internacionales. Su caso fue revisado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego en la Corte de este mismo órgano.

“Dieciséis años después, el año 2020, la Corte Interamericana, sanciona al Estado chileno con la condena por haber violado mi libertad de expresión y otros derechos del debido proceso judicial, en ese sumario administrativo”.

Desde esa vez en que Urrutia fue sancionado por criticar a los ministros de la Suprema hasta ahora, han pasado 17 años, pero el poder judicial, según su opinión, no ha cambiado demasiado. Aun cuando reconoce importantes avances, como el desarrollo de protocolos de género, Urrutia considera que la estructura sigue siendo la misma.

De acuerdo al juez, el poder judicial aún responde a las coordenadas de la época colonial, y por eso hasta hoy persiste “el componente patriarcal, de exclusión de las mujeres, y el componente de exclusión del pluralismo jurídico. Es decir, los pueblos conquistados, los indígenas, no tienen otros principios, tienen que someterse a los principios del grupo homogéneo”.

De todas formas, Urrutia cree que el futuro será diferente. De aprobarse la nueva Constitución, lo que hoy conocemos como poder judicial será reemplazado por el Sistema Nacional de Justicia, y los Sistemas de Justicia Indígenas.

“Creo que la Convención hizo un desarrollo al momento de reconocer el pluralismo jurídico. Que no es algo desconocido en el mundo, es algo que tienen Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, España… No es ninguna novedad, lo es para nosotros porque hemos vivido 200 años de abuso colonial. De neocolonialismo o colonialismo interno. No hemos sabido, como sociedad, reconocer la riqueza de los otros conceptos, de los otros derechos”, señala.

Otro tema del que se hizo cargo la constituyente es la manera en que se definen las autoridades en la judicatura. En el borrador de la nueva Constitución se propone un Consejo de la Justicia integrado por ocho jueces electos por sus pares, cinco personas elegidas por el Congreso, dos funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, elegidos también por sus pares, y dos indígenas electos por los pueblos originarios. Este grupo será el encargado de nombrar a los jueces, marcando así una clara diferencia con el sistema actual.

“El sistema donde las Cortes de Apelaciones eligen una terna, y luego eso va al Ejecutivo, y el Ejecutivo elige uno de tres, es un sistema particularmente complejo porque el juez primero tiene que ganarse el favor de los ministros de la Corte. ¿Y cómo se gana el favor de ellos? No llevándoles la contraria. Si yo no le llevo la contraria a mis jefes, entonces ellos me van a bendecir”.

El juez Urrutia, en particular, no se ha destacado por respetar las opiniones de sus jefes, sino muy por el contrario. “Yo he intentado tener una perspectiva de derechos humanos al momento de aplicar la ley. Se intenta. Muchas veces no me ha resultado, otras veces sí, pero la Corte de Santiago ha tenido permanentemente una disposición a revocar estas posturas de defensa de derechos”, afirma.

“Por ejemplo: el voto de presos. Para el plebiscito de salida los presos que tienen derecho a voto van a poder ejercerlo porque va a ir el Servel y va a poner una urna… Creo que la primera vez que lo plantee fue el 2007, después el 2012, y en las dos ocasiones la Corte de Apelaciones anuló lo que yo había hecho. Estábamos tratando de que las personas que podían votar y que estaban presas, lo pudieran hacer, y la Corte de Apelaciones vino y anuló sin ninguna explicación. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la perspectiva de los derechos humanos, sino que tenían una perspectiva autoritaria”, explica el magistrado.

¿Quién está equivocado?

Por haber cambiado las medidas cautelares de los 13 miembros de la llamada primera línea, Daniel Urrutia fue trasladado durante un par de meses, desde el Séptimo Juzgado de Garantía a un Juzgado de Cobranza. Sin embargo, lo que fundamenta su querella en contra de 19 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, y una ministra de la Corte Suprema, es que dejaran sin efecto la resolución.

“Por eso se señala que hay un delito de prevaricación, de torcida administración de justicia, porque ellos podían suspenderme, podían abrirme sumario, pero no dejar sin efecto la orden de libertad. Porque de eso se trata la independencia: el juez de instancia toma una decisión fundamentada, con toda la competencia, y cambia de oficio el régimen cautelar de prisión preventiva a arresto total”.

La existencia o no del delito de prevaricación es un asunto que aún no se resuelve. Lo cierto es que una querella que aborda estos mismos hechos, y que fue presentada el año pasado por el abogado Fernando Leal, está avanzando en la justicia. Hace un par de días la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó sobreseer a los 19 ministros y a la magistrada de la Corte Suprema, luego de que así lo solicitaran sus defensas. En cambio, la acción interpuesta por el mismo juez Urrutia no ha tenido la misma suerte.

El pasado 5 de mayo, los compañeros de Daniel Urrutia en el Séptimo Juzgado de Garantía, determinaron que su querella era inadmisible en primera instancia. Ante ello, el juez y María Izquierdo, su abogada, apelaron la decisión.

“El problema es que apelamos a la Corte de Apelaciones de Santiago, que es dónde están los ministros imputados”.

Pese a que las posibilidades de éxito son bajas, Urrutia explica que sigue insistiendo para que se respete el estado de derecho.

“Si un juez no defiende el derecho o la justicia, ¿qué queda para las demás personas? ¿Dónde está la confianza de la ciudadanía en que pueda haber justicia si a los jueces se les hace injusticia? Por eso esta pelea vale la pena, porque lo que estamos pretendiendo es que se respete el estado de derecho, que se respete la justicia, y por lo tanto seamos todos iguales ante la ley. Lamentablemente, los ministros imputados están dando muestras y señales de que no se aplica la ley igual para todos. Pareciera ser que ellos están siendo absolutamente privilegiados por sus propios pares”.

Respecto a su etiqueta de rebelde, tiene una postura clara. No se ve a sí mismo como la oveja negra del poder judicial, simplemente cree que está haciendo lo que es correcto.

“Yo creo que hay un proceso de estudio, de crítica, de tomar una posición, que es la posición de los derechos humanos. Y en ese sentido aquel que reconoce que los derechos humanos y la perspectiva de género son la base sobre la cuál se debe juzgar, no puede tildarse de activista. ¿Quiénes están equivocados? ¿Aquel que en sus fallos trata de sacarse los prejuicios de la sociedad patriarcal, blanca, y racista, o aquellos que, a pretexto de independencia, no son capaces de darse cuenta de las diferencias, de las injusticias y las desigualdades profundas en nuestra sociedad? ¿Quién está equivocado? ¿Quién está del lado de la justicia y quién no? Ellos en estas situaciones de injusticia lo que están haciendo es declararse neutrales, y como dice Desmond Tutu: los neutrales en situaciones de injusticia ya eligieron el lado del opresor”.

Por María Fernanda Araneda                                                             

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