De candidata RN a escándalos de corrupción “Hermosilla” y “Muñeca Bielorrusa”: El perfil de la exSuprema Ángela Vivanco

Ángela Vivanco: De la carrera política a la judicial

Ángela Vivanco Martínez, abogada de 62 años, forjó una carrera pública que transitó desde las trincheras partidistas de la derecha hasta el máximo tribunal de justicia, para terminar su recorrido institucional envuelta en los escándalos de corrupción más graves de las últimas décadas.

Su incursión en la política activa comenzó en 1992, cuando se integró a la Unión de Centro Centro (UCC) del empresario Francisco Javier Errázuriz, asumiendo como vicepresidenta y escalando rápidamente a la secretaría general ese mismo año, para luego presidir el partido en enero de 1995. Su aspiración a un escaño en la Cámara Baja materializó su vínculo con sectores más tradicionales de la derecha, cuando en las elecciones parlamentarias de 1997 se presentó como candidata a diputada por Renovación Nacional por el distrito 27, aunque no resultó electa.

Paralelamente a su carrera política, Vivanco construyó un sólido perfil en el ámbito privado y académico. Ejerció como abogada asesora en Empresas UC y la Asociación Nacional de Televisión, y desempeñó roles como fiscal en la AFP Planvital y en la Compañía Renta Nacional de Seguros. Impartió clases en universidades privadas —Católica, del Desarrollo, de los Andes y Adolfo Ibáñez—, y a ocupar los cargos de decana y vicerrectora académica en la Universidad Santo Tomás entre 2011 y 2016. Su pensamiento alineado con la derecha se consolidó en 2015 al participar en el documento «Chile no necesita una Nueva Constitución», un texto elaborado por la UDI que defendía el legado de la Carta Magna de 1980.

La consolidación de su influencia en el aparato estatal llegó en 2018, cuando el presidente Sebastián Piñera la nominó como ministra de la Corte Suprema. Su ratificación en el Senado, con 30 votos a favor, fue el culmen de una trayectoria marcada por su defensa pública de las posiciones de la coalición de gobierno, como su representación de Chile Vamos en el debate del aborto en tres causales y su patrocinio de un recurso judicial por la objeción de conciencia en esa misma ley. Entre 2022 y 2023, su rol se amplificó al asumir como vocera oficial del máximo tribunal, desde donde integró la crucial Tercera Sala, encargada de fallos en materias constitucionales, de salud y medioambiente.

Sin embargo, su permanencia en la Corte Suprema estuvo marcada por graves controversias. En 2022, sus abiertas críticas a las normas sobre justicia de la Convención Constitucional le valieron reparos por su abierto activismo político.

Otro punto de inflexión fue su entrevista en La Tercera en junio de 2023, donde, siendo aún vocera del Poder Judicial, se refirió al sensible fallo sobre las isapres antes de que la corte deliberara, lo que fue interpretado como un grave intervencionismo y la forzó a renunciar a su cargo de portavoz.

El derrumbe definitivo de su carrera judicial se precipitó en septiembre de 2024 con la explosión del Caso Hermosilla. La investigación judicial reveló una extensa y comprometedora red de conversaciones de mensajería instantánea con el abogado Luis Hermosilla, acusado de soborno y lavado de activos. Los chats evidenciaron una relación de favores mutuos, incluyendo un eventual tráfico de influencias de Hermosilla en el Ejecutivo y el Parlamento para apoyar la nominación de Vivanco a la Corte, y la entrega de información confidencial por parte de la ministra a favor de los casos del abogado, particularmente aquellos que involucraban a Carabineros y la PDI.

Como consecuencia inmediata, el pleno de la Corte Suprema inició un cuaderno de remoción y la suspendió de sus funciones. Los cargos detallaban una grave interferencia en nombramientos clave, como el del fiscal nacional y conservadores de bienes raíces—, irregularidades en la causa del consorcio Belaz Movitec contra Codelco, intromisión en la integración de salas del tribunal y la concertación con Hermosilla para nombrar ministros afines. El 10 de octubre de 2024, la Corte, por unanimidad, la destituyó de su cargo por «un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia», convirtiéndola en la segunda ministra en ser removida por sus pares en 25 años. Adicionalmente, el Senado la inhabilitó para ejercer cargos públicos por cinco años.

El Último escándalo: La coima en efectivo

Mientras el Caso Hermosilla aún resonaba, una nueva y explosiva investigación periodística destapó un nivel de corrupción aún más profundo y directo. Según una exclusiva de Reportea publicada el 7 de noviembre de 2025 por Nicolás Sepúlveda, la Fiscalía Regional de Los Lagos logró acreditar un flujo de dinero en efectivo que conectaba directamente los fallos de Vivanco con pagos ilícitos. La narrativa del escándalo, construida a partir de pericias a antenas celulares y equipos electrónicos, es contundente: el mismo 4 de julio de 2023, horas después de que Vivanco fallara por primera vez a favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) en su litigio contra Codelco, la entonces ministra se dirigió a la oficina del abogado Mario Vargas en Las Condes y recibió US$15.000 en efectivo.

Este pago, que no fue depositado en sus cuentas bancarias, representa la primera coima que la investigación fiscal logra vincular directamente a Vivanco, separada de los pagos a su pareja, Gonzalo Migueles. La narrativa de Reportea detalla con precisión forense la ruta: ese día crucial, el tribunal revirtió un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó y obligó a Codelco a devolver maquinaria y realizar pagos pendientes a CBM por $11.700 millones, con el voto decisivo de Vivanco. Horas más tarde, las antenas y los registros electrónicos la sitúan en el edificio de El Regidor 66, en el piso 14, donde recibió el dinero. Este hallazgo se suma a otros dos pagos documentados: $45 millones entregados a Migueles en junio de 2024 y US$14.000 a fines de 2023, utilizados en viajes de lujo.

La tesis de la Fiscalía, que se presenta como una crónica de corrupción sistémica, sostiene que cada voto de Vivanco a favor del consorcio bielorruso tuvo una contrapartida económica. La investigación judicial interna de la Suprema ya había confirmado que Vivanco apuró irregularmente la vista de la causa, un argumento clave para su expulsión. Ahora, la pesquisa penal, a la espera de la formalización de Vivanco, protegida por una garantía especial por su ex cargo, pinta un cuadro de delitos que incluyen cohecho, soborno y lavado de activos, cerrando con un epílogo sombrío la trayectoria de quien fuera una de las magistradas más poderosas del país.