Defensas de familiares de Julia Chuñil solicitan remoción de Fiscal Regional por negar el rol de Chuñil como defensora ambiental

Abogadas de la familia acusan vulnerabilización imparcial e incumplimiento de medidas cautelares al negar el activismo ambiental de la víctima.

Este miércoles 15 de octubre se abrió una nueva arista de controversia en la compleja investigación por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, luego de que un grupo de abogadas intervinientes en la causa presentara una solicitud formal al Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, para que aparte de la dirección del caso a la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, fundadas en sus recientes declaraciones que a juicio de las solicitantes, «desdibujan» el carácter de defensora ambiental de la víctima y comprometen la imparcialidad del proceso.

El documento está firmado por las abogadas Carmen Caifil Caifil, Karina Riquelme Viveros y Mariela Santana Machuca, el cual surge después de la entrevista de Esquivel en el diario La Segunda, donde afirmó que «no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada”, refiriéndose a Chuñil, añadiendo que “más bien se trata de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural». Esta declaración es considerada por las abogadas como una «afirmación falaz» que contradice la propia carpeta de investigación y vulnera el principio de objetividad, desconociendo el rol de Chuñil en la protección de bosque nativo y defensa de territorios ancestrales del pueblo mapuche.

Las profesionales reiteran las peticiones de remoción presentadas en agosto pasado y subrayan que la postura de Esquivel es un «dato irrefragable» de que la investigación no se está abordando con seriedad, incluso incumpliendo las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—, que en una resolución anterior destacó su rol de liderazgo en la defensa del territorio de la Comunidad Mapuche Putreguel. A inicios de año se había anunciado la activación del protocolo de protección de defensores de Derechos Humanos para el caso.

Este nuevo antecedente se cruza con las críticas ya generadas por el reciente reportaje de T13, que expuso una línea de investigación de la PDI centrada en el círculo íntimo de Chuñil, catalogando a sus hijos como «sujetos de interés» y revelando un testimonio anónimo que apuntaba a que quemaron su ropa. Este informe, al contraponerse a la tesis política inicial y poner en el centro un eventual conflicto intrafamiliar, ya había provocado cuestionamientos sobre las filtraciones judiciales. En ese contexto, la ministra Camila Vallejo había llamado a la prudencia y solicitado «máxima celeridad» al Ministerio Público.

Además de la vulneración a la imparcialidad por «prejuzgamiento» y la introducción de «sesgos ideológicos», las abogadas también alegan un trato despectivo hacia la familia a pesar de su calidad de víctimas. Señalan una «clara diferencia de trato», indicando que la Fiscal Esquivel investigó con mayor celo la causa de usurpación de tierras contra la víctima.

Las profesionales solicitan el reemplazo de Esquivel y el traslado del caso a una fiscalía de otra región, argumentando que sus declaraciones implican una «toma de partido política», protegiendo la imagen del empresario Juan Carlos Morstadt —quien en una escucha telefónica reconoció que a Chuñil «la quemaron»— y afectando la credibilidad del proceso. Advierten que la permanencia de Esquivel es una «verdadera provocación» a los interesados y urgen al Fiscal Nacional a analizar incluso posibles medidas disciplinarias en su contra por vulnerar los estándares y obligaciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público.