Abogado experto en derecho a la vivienda apunta a un problema estructural de falta de liquidez debido a la práctica de anticipos a constructoras y al modelo de asignación de subsidios.
El análisis sobre la situación financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo —Minvu—, centrado en la brecha entre subsidios asignados y subsidios pagados, fue el eje de la conversación de Esteban Serey, abogado y magíster en Desarrollo Urbano, durante su reciente entrevista en el programa La Mañanera de Canal Ciudadano. Serey explicó que la presunta crisis no se debe a un robo, sino a una falta de caja derivada de cómo opera la industria de la construcción de viviendas sociales.
El experto destacó que la confusión se genera porque el subsidio asignado funciona como un «cheque» que se promete a las familias en una etapa temprana, pero su cobro — el pago efectivo del Estado — solo ocurre al final del proceso, con la entrega de la escritura de la vivienda, un periodo que puede tardar dos o tres años, si no es que más. Sin embargo, durante años la industria ha funcionado a punta de anticipos, donde el SERVIU entrega pagos mensuales a las constructoras a cuenta de ese subsidio final, permitiendo que las obras avancen sin que las empresas tengan que solventar el 100% de la construcción.
Según Serey, el problema a la expectativa de las constructoras respecto a seguir percibiendo estos anticipos es que “hoy día no pueden percibirlos porque el Estado, y particularmente el Ministerio de Vivienda, están en una situación de falta de caja», aseguró, pero hizo énfasis en que la falta de liquidez no es atribuible únicamente al Gobierno actual.
El abogado explicó que es un problema que se transfiere de administración en administración, aunque se intensificó por una política del segundo gobierno de Piñera que permitió asignar subsidios en etapas mucho más tempranas —sólo por la compra del terreno y sin proyectos aprobados—, lo que ha generado una necesidad de caja «especialmente intensa» actualmente al momento de comenzar a pagar esos compromisos antiguos.
Respecto a la falta de vivienda, el abogado lo calificó como un «déficit estructural» y que, en su opinión, la respuesta de fondo no puede seguir centrada exclusivamente en el eje de entregar la vivienda en propiedad a cada familia, sugiriendo que es necesario revisar la eficiencia del Estado y la implementación de un sistema de recaudación que respalde estas promesas habitacionales.
Para resolver el problema de vivienda, el magíster en Desarrollo Urbano propuso que Chile debe mirar a países que integraron distintas formas de gestión de suelo, más allá de la simple adquisición. También abogó por otros mecanismos, como el derecho a compra preferente, o abrir el camino a formas de tenencia comunitaria y arriendos de propiedad pública.
Finalmente, Serey abordó la compleja situación de los campamentos y los desalojos, enfatizando que cada caso es particular y que el Minvu debe tomar la decisión: «O ponemos el énfasis en la erradicación de los campamentos, o aplicamos una solución habitacional distinta para que esas familias de campamentos puedan acceder a una vivienda», sentenció. Además, subrayó que la aplicación del Fondo Solidario a campamentos es «absolutamente insuficiente», ya que obliga a las familias a permanecer en situación precaria por años para calificar y deja fuera a gran parte de la población, generando un efecto de disgregación.
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