Tuvieron una reunión con el equipo de la senadora Campillai en busca de apoyo, y señalaron la falta de reconocimiento institucional para realizar su trabajo.
Agrupaciones como el Movimiento en Resistencia Cristian Valdebenito (MER), la Defensoría de Derechos Humanos Chile y el Observatorio de DD.HH., denunciaron ser víctimas de amenazas, amedrentamientos y persecución por parte de Carabineros, entregando testimonios sobre los riesgos que enfrentan al ejercer sus labores sin el amparo del Estado.
Joanna Leyton, quien es parte del MER, detalló que los efectivos policiales los acusan de usurpar identidad a pesar de que sus organizaciones cuentan con personalidad jurídica para operar: “Carabineros constantemente nos injuria y levanta cargos asegurando que no somos observadores”, sostuvo. Además, denunció que Carabineros interpuso querellas en contra de ciertos miembros del movimiento: «Nuestra labor no es otra más que visibilizar y cuidar a la gente al momento de ser detenida”, afirmó.
Por otro lado, Paulina Cespe, del Observatorio de DD.HH. Nido 20, aseguró que un oficial de la 1ª Comisaría de Santiago la denunció, lo que le ha impedido continuar con su trabajo, y afirma que las razones de este accionar son netamente políticas. Cespe señaló que, a diferencia del INDH que depende del Estado, sus organizaciones son independientes y no rinden pleitesía a ningún partido, lo que les permite “movilizarnos en un rango más amplio, y eso molesta a Carabineros», aseguró.
Las organizaciones de observadores de Derechos Humanos han buscado el respaldo de las autoridades, como la senadora Campillai, para presentar documentación que detalla las deficiencias y los peligros a los que se exponen mientras llevan a cabo su trabajo. Los reclamos destacan la falta de apoyo estatal y la hostilidad policial que enfrentan estos observadores en su trabajo diario.
A pesar de la persecución y los riesgos a los que se exponen, estas agrupaciones cumplen la labor crucial: visibilizar y cuidar a la ciudadanía durante las detenciones. Su objetivo es asegurar que las personas no sean arrestadas de forma ilegal, ni que se vean vulneradas en sus derechos por el simple hecho de protestar. Sin embargo, la falta de reconocimiento y amparo institucional los deja en una situación vulnerable ante Carabineros, quienes impiden su trabajo a través de querellas y amedrentamientos.