Denuncian al gobierno de Kast por vulnerar derechos de mujeres rurales e indígenas
Ante la decisión del gobierno de poner fin al convenio INDAP–PRODEMU, que da inicio a un cierre escalonado del Programa Mujeres Rurales, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANAMURI) recurrió al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Lo hizo junto a la CLOC-Chile, CONAPROCH, AD KIMVN, la Federación Red Apícola Nacional, la Confederación RANQUIL y el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Fundación PRODEMU, para solicitar que el organismo recomiende al Estado abstenerse del cierre y garantizar la continuidad de políticas públicas específicas para mujeres rurales, campesinas e indígenas.
La iniciativa se dio a conocer en un acto de adhesión solidaria en el Círculo de Periodistas, con cerca de 90 dirigentes de organizaciones de mujeres, investigadoras del Observatorio Equidad y Género, dirigentas sindicales del sector público vinculadas al mundo rural e indígena y exministras del Ministerio de la Mujer. Las dirigentas de ANAMURI y del sindicato de PRODEMU advirtieron que la medida compromete avances en igualdad y resulta preocupante a la luz de las obligaciones que Chile asumió al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, informó Comunicaciones CCHDH.
El convenio INDAP–PRODEMU se ejecuta desde 1992 y ha beneficiado a más de 35 mil mujeres rurales e indígenas con proyectos productivos, mayores ingresos y fortalecimiento de sus capacidades, autonomía, liderazgo, organización y participación en redes asociativas y gremiales.
El cierre progresivo, iniciado con la interrupción del trabajo con las mujeres inscritas y seleccionadas para el actual período, implicaría además la pérdida de la experiencia acumulada por sesenta coordinadoras sectoriales de área, cuya labor ha permitido mantener la presencia del Estado incluso en los territorios rurales más apartados y aislados.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) adhirió a la presentación ante CEDAW. Su director de Relaciones Internacionales, el abogado Carlos Margotta, quien asistió a la jornada, sostuvo que el término del convenio y el cierre del programa constituyen un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado y una abierta vulneración del principio de progresividad (no regresión) en materia de derechos humanos. A la actividad también asistieron Francisca Rodríguez, dirigente histórica de ANAMURI; Soledad Parada, consultora internacional; e Isabel Armijo, presidenta de ANAMURI.
En la fotografía de portada: Carlos Margotta, Francisca Rodriguez, dirigente histórica de ANAMURI, Soledad Parada, consultora internacional, e Isabel Armijo, presidenta de ANAMURI, asociación que representa a las mujeres campesinas e indígenas , artesanas, recolectoras, asalariadas agrícolas, trabajadoras del mar, cultoras de las artes y tradiciones del mundo rural.
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