Denuncian cómo el Clan Lavín habría usado información confidencial de instituciones públicas para fines privados

Revelaciones apuntarían a una triangulación de información confidencial desde municipios y el Servel hacia una encuestadora vinculada a la familia.

El periodista de investigación Patricio Mery expuso un entramado de ilícitos financieros y tráfico de influencias durante su participación en el programa Sentido Común!, conducido por Javier Pineda. De acuerdo con los antecedentes expuestos en el espacio de El Ciudadano, las bases de datos estratégicas del Estado terminaron siendo utilizadas con fines comerciales y de campaña política por empresas de propiedad de los hijos de Joaquín Lavín Infante.

La arista principal del caso se concentra en el funcionamiento de la firma Social Task y la encuestadora Panel Ciudadano, esta última ligada a la Universidad del Desarrollo y de propiedad de los hermanos Juan Pablo y María Estela Lavín León, junto a su cuñado Eugenio Guzmán. El mecanismo consistía en que información altamente sensible y de carácter confidencial de la ciudadanía era traspasada a estas entidades privadas para su explotación económica.

“Las fichas sociales que se utilizaban en Maipú cuando era alcaldesa Catthy Barriga, las fichas sociales que se hacían en Las Condes cuando era alcalde De la Maza, terminaban mágicamente en manos de Panel Ciudadano”, afirmó Mery, detallando que este engranaje se alimentaba del Registro Social de Hogares. A esto se suma una filtración interna proveniente desde la dirección del Servicio Electoral (Servel), lo que permitía a la encuestadora acceder a datos confidenciales protegidos por ley, quedando fuera del alcance de cualquier medición tradicional.

El esquema comercial también salpica la labor parlamentaria del exdiputado Joaquín Lavín León, quien utilizó las asesorías del Congreso para el beneficio personal de su padre. Mery reveló que durante la campaña presidencial del año 2021, cinco asesores contratados por la Cámara de Diputados trabajaron en paralelo para la candidatura del exalcalde, instancia en la que el parlamentario cobraba por estos servicios quedándose con parte de los fondos.

Ante la gravedad de los hechos, el periodista aseguró que la estrategia histórica del gremialismo de derecha ya se encuentra en marcha para contener los daños colaterales en el sector político. «Lo que me dicen mis fuentes es que ya habrían entregado a Joaquín Lavín padre, que está llamado a declarar en calidad de imputado», sostuvo el investigador, añadiendo que actualmente se gestionan las condiciones de dicho testimonio judicial.

Esta crisis interna coincide con una disputa subterránea entre los denominados «coroneles» de la colectividad y militantes Republicanos por el control de la hegemonía en la derecha. El silencio y repliegue de figuras como Andrés Chadwick y Pablo Longueira serán determinantes para medir el nivel de aislamiento real en el que quedará Lavín padre ante los tribunales.

Mira la entrevista completa de Sentido Común!:

El Ciudadano.