Derechos Humanos: Relatora internacional cuestiona la criminalización del Estallido Social y la falta de reparación

La especialista advierte sobre el limitado acceso a la justicia en Chile y el uso de narrativas que deslegitiman las manifestaciones pacíficas.

Gina Romero, la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la libertad de reunión pacífica y asociación, finalizó su visita a Chile el pasado 23 de julio. Su objetivo fue evaluar cómo el país cumple con sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. Durante su estancia, que comenzó el 14 del mismo mes, Romero observó que la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos del Estallido Social, después de casi seis años, aún son «muy limitadas».

Romero expresó su preocupación por la baja cantidad de casos formalizados o con sentencias condenatorias firmes, a pesar de las más de 10.000 denuncias interpuestas contra funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas entre 2019 y 2024. También manifestó inquietud por la prescripción de las acciones judiciales, afirmando que “las víctimas y sus familias han esperado mucho tiempo por justicia y la mayoría mencionó una sensación de impunidad”.

Un aspecto fundamental que analizó fue cómo se identifica y repara a las víctimas. Si bien existen iniciativas como el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) y se entregaron pensiones de gracia, Romero hizo observaciones sobre los criterios usados para otorgarlas y si la reparación es realmente suficiente. Además, preocupa la falta de claridad en el registro oficial de víctimas y que no se brinde atención médica adecuada a quienes aún tienen perdigones de plomo en sus cuerpos.

Otro aspecto alarmante para la experta fue el uso de narrativas en el discurso público que tienden a «deslegitimar las manifestaciones pacíficas y estigmatizar a quienes ejercen su derecho a la reunión», afirma, sin distinguir entre manifestantes pacíficos y actores violentos. Ante esto, hizo especial énfasis en el uso de términos como «estallido delictual» u «octubrismo», que, a su juicio, invisibilizan y desvirtúan las demandas sociales pacíficas de 2019.

Romero también mostró su preocupación por la gran cantidad de grupos que controlan las protestas, no solo Carabineros, ya que incluye al Ejército, la Policía Marítima y Seguridad Municipal, los cuales, según ella, muchas veces no están bien capacitados en Derechos Humanos ni en el uso adecuado de la fuerza. Por ello, la relatora pidió revisar leyes como la Ley Nain-Retamal y la Ley Antitomas, ya que estas criminalizan las protestas y no cumplen con las normas internacionales.

Para Romero, Chile enfrenta un camino con desafíos patentes en su búsqueda de plena justicia y libertad de reunión pacífica. Superar las falencias observadas sería crucial para avanzar hacia una sociedad donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad consolidada para todos sus ciudadanos